¿Y para cuándo la evaluación legislativa?

Por: Mauro Arturo Rivera (@MauroArturo)

Si una cosa debe ser evidente hoy en día es que la legislación, las leyes, no tienen el propósito de hacerle una carta a Santoclós, sino el de cambiar la realidad. Lo anterior (que pareciera evidente), llega a tornarse muy complicado. ¿Qué tanto y con qué frecuencia evaluamos la altísima cantidad de normas que tenemos? ¿Existen informes del resultado de nuestras leyes?

Desafortunadamente, debemos concluir que nuestro Congreso y la gran mayoría de los Congresos locales no sólo omiten evaluar las leyes que producen, también evitan darles un seguimiento adecuado. Muchas veces se ignora por completo el resultado de las leyes y las reformas que se realizan más con base en intuiciones que en resultados concretos.

A diferencia de lo que ocurre en países como Suiza, Alemania o Chile, no contamos con un sistema institucionalizado de evaluación legislativa dentro del Congreso o sistemas externos concertados.

Existen, eso sí, sistemas de evaluación del desempeño de los legisladores. En el caso de la Cámara de Diputados, INFOPAL es un buen ejemplo de un sistema que reporta acerca de las iniciativas, proposiciones, asistencias de los diputados y dictámenes. Sin embargo, no debemos confundir la evaluación del trabajo de los legisladores con la evaluación de las leyes. El primer aspecto –muy importante también- brinda elementos a la opinión pública para juzgar cómo trabajan nuestros representantes; el segundo, muestra el funcionamiento de las leyes y sus principales deficiencias y necesidades.

La ausencia de procedimientos sistemáticos de evaluación debería generarnos desconfianza en la capacidad de nuestros legisladores para hacer leyes efectivas. ¿Cómo reformar normas cuyo funcionamiento no se conoce? Legislar sin evaluar es, por así decirlo, como arrojar al mar una botella con buenos deseos.

No quiero dar a entender, claro, que en ningún momento se realice evaluación legislativa. Los diputados muchas veces cuentan con informes propios del resultado de las leyes. Las universidades y académicos frecuentemente reportan cómo se ha desempeñado una norma y sus potenciales áreas de mejora. Inclusive, podríamos considerar cierta evaluación legislativa cuando algunos estados de la república legislan a base de resultados positivos de otras entidades federativas. La nueva reforma al proceso penal mexicano ha servido para que algunas entidades realicen evaluaciones periódicas a sus Códigos Procesales y aprieten las tuercas necesarias.

No obstante, esta evaluación es, de cierta forma, amorfa y carente de sistema; no es constante y no siempre conduce a resultados fiables. ¿No deberíamos tener indicadores de los resultados de las reformas a los tipos penales? ¿La eficacia de las medidas preventivas de la evaluación fiscal? Un sistema de evaluación permitiría que los congresos tuviesen mayores elementos para detectar potenciales áreas de mejora y ayudaría a hacer más eficientes los procesos de reformas legales.

Así pues, deberíamos considerar seriamente la posibilidad de introducir mecanismos obligatorios de evaluación, por lo menos de las leyes más importantes y de aquéllas que afecten a los derechos humanos. Sólo evaluando nuestras leyes y conociendo sus resultados y defectos, podremos aspirar a una legislación más efectiva, de mayor calidad, con la que podremos hacer leyes de verdad y no buenos deseos.

* Mauro Arturo Rivera es Maestro en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos. Secretario de la Asociación de Analistas de Doctrina Constitucional en Madrid y miembro del Instituto de Derecho Parlamentario (UCM).