¿Y el ingreso vital para cuándo? ¡Hay “prioridades”!

Parece broma, pero no lo es. Esta semana, en medio del repunte más agresivo de personas contagiadas desde que inició la pandemia, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) asignó el lunes 11 de enero 89 millones de pesos para la remodelación del estadio de béisbol de las Guacamayas de Palenque, del hermano del presidente Pío López Obrador. 89 millones de pesos que podrían haber significado un ingreso vital de emergencia de 3,746 pesos para 23,758 personas afectadas económicamente por la pandemia.

El hecho es doloroso no sólo por el nepotismo flagrante que el presidente dice combatir y la austeridad que dice defender, sino porque lo hace en la semana con mayor número de muertos por día por COVID y con la tasa de desempleo más alta desde que inició la pandemia. Con cinco entidades en semáforo rojo (CDMX, Estado de México, Morelos, Guanajuato y Baja California) y prácticamente todo el país en naranja, cientos de miles de personas se mantienen encerradas -cuando es posible- y en alto riesgo cuando están obligadas a salir para generar un mínimo de ingreso para alimentarse a sí mismos y a sus familias.

Que quede claro: el encierro total bajo la consigna #quédateencasa afecta más a quien menos tiene, si no se acompaña de medidas económicas emergentes. No es tan difícil de entender. De acuerdo con Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 47% de la población del país vive al día; en relación con la pandemia reporta entre 6 y 10.7 de millones de personas más que entraron el año pasado en situación de pobreza extrema por ingresos, cifra que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) sitúa en 21 millones de personas en esta condición.

Alrededor del 16 por ciento de los hogares mexicanos reciben al menos el 50 por ciento de sus ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia -trabajo doméstico, comercio ambulante, músicos, pequeños negocios de servicio, comercio en establecimientos, otros sectores vulnerables- y/o de las remesas provenientes de otros países. Ellos, como ya se ha constatado en cada petición de cuarentena, no siempre pueden quedarse en casa y son quienes más nos necesitan como sociedad. Son quienes tienen el mayor riesgo de contagio y también quienes se enfrentan a un sistema de salud anquilosado e incapaz de atender con calidad a quienes enferman por COVID.

Sin embargo, las prioridades de gasto público parecen estar alejadas de la realidad que enfrenta el país con más de 136,917 muertes por la pandemia y al menos 650 mil empleos formales perdidos (y los millones de empleos informales) del año pasado. La prioridad del presupuesto público se mantuvo en obras de infraestructura que no pueden esperar -además del estadio de béisbol-:

• 36,288 millones al Tren Maya (un ingreso vital por tres meses para 3,229,044 personas)
• 21,315 millones al Aeropuerto de Santa Lucía (un ingreso vital por tres meses para 1,896,689 personas)
• 45,050 millones para la Refinería Dos Bocas (un ingreso vital por tres meses para 4,008,720 personas)

Tan sólo con estos recursos podría atenderse la emergencia para más de 9 millones de personas de manera temporal, evitar que salgan de casa, cuidarse y cuidarnos todos. Planteamos desde abril del año pasado esta idea de un ingreso de emergencia, un apoyo extraordinario y temporal que, de manera solidaria, ofrezca dinero para compensar las pérdidas económicas de las familias mexicanas. Esto podría evitar que las personas caigan en pobreza, que la profundicen, o que tomen decisiones que afecten su capital humano, su patrimonio, su salud mental o sus derechos (sacar a los hijos e hijas de las escuelas, reducir la variedad de la alimentación, hipotecar, empeñar o vender sus bienes muebles e inmuebles, entre otros). Además, una vez que se levanten las medidas sanitarias, esto podría fomentar una recuperación más pronta de las familias más vulnerables.

No entiendo, lo digo en serio y con toda mi lógica agotada, no entiendo por qué este gobierno no ha implementado medidas económicas como transferencias no condicionadas para aliviar de manera temporal las consecuencias de la crisis económica y sanitaria. Más de 124 países han implementado alguna medida de transferencias ante esta crisis. Lo han hecho con preocupación por atender a la población más vulnerable, para evitar que caigan en la inanición y para evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis más grave alimentaria o de profundización de la pobreza. ¿Por qué en México el gobierno de Andrés Manuel no ha aprobado un ingreso vital?

Retomo para cerrar las palabras de Rodrigo Sánchez Castellanos: “es tan deplorable un Estado que permite que sus ciudadanos mueran por una enfermedad, como aquel Estado que permite que sus ciudadanos mueran por no tener empleo y un ingreso para cubrir sus necesidades más básicas como la alimentación. Es una cuestión de derechos”.

@luisffernandez