Y el gobierno sigue sin saber qué hacer

Dos semanas después de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Programa Sectorial de Seguridad y de Protección Ciudadana 2020-2024, el presidente López Obrador visitó los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima, entidades sumamente afectadas por la crisis de violencia e inseguridad en la que vive el país desde hace más de una década. En estas visitas no se anunciaron verdaderas acciones de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales para atender la emergencia de seguridad que enfrentan las tres entidades. Esto reitera la necesidad de contar con un plan claro, con metas concisas y resultados medibles, que constituyan una verdadera política pública de Estado, en lugar de continuar con la publicación de documentos propagandísticos como el Programa Sectorial, que lejos de proporcionar un panorama preciso y certero de la situación actual de seguridad en México, se trata de un documento adornado con frases retóricas.

Debe subrayarse que la importancia de los programas sectoriales reside en que, idealmente, estos instrumentos ofrecen la hoja de ruta para cumplir con los lineamientos estratégicos de un gobierno. El Programa Sectorial de Seguridad, por lo menos, debería contener acciones puntuales, alineadas a metas que a su vez den contenido a los objetivos señalados a lo largo del documento. Sin embargo, es la ausencia de medidas concretas y la abundancia de propuestas irrealizables las que configuran un programa que abarca todo y a la vez nada.

En el primero de sus objetivos, el Programa indica que el mejoramiento de las condiciones de seguridad en las regiones del país para construir la paz se realizará a partir de la Guardia Nacional (GN) y la implementación del “Nuevo Modelo Policial”. Esto, resulta inverosímil cuando se observa que la GN es un cuerpo militarizado con un disfraz civil, y que la opacidad ha sido la regla de su funcionamiento desde que entró en operaciones. Por ejemplo, ni siquiera existe un criterio que sea público, que pueda explicar el despliegue de este cuerpo de seguridad en el territorio, y es claro que éste no obedece ni a índices de criminalidad ni a población. Basta voltear a ver a las entidades federativas visitadas por el presidente la semana pasada. En el caso de Guanajuato, al 31 de marzo de 2020, el estado contaba con 7,392 elementos de la GN. Esto, aún cuando desde el año pasado, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en cuanto a homicidios dolosos. Tan solo en 2019 se tiene un registro de 3,558 asesinatos, y en lo que va del año, se han registrado al menos, 1,911, lo cual representa un aumento del 28% respecto a los primeros cinco meses de 2019.

En cuanto a la situación en Jalisco, esta entidad ocupa el quinto lugar en número de asesinatos a nivel nacional. En 2019 se tuvo un registro de 2,728 asesinatos y, de enero a mayo de 2020, se han contabilizado 1,117. Igualmente, de acuerdo con datos oficiales, la entidad ocupa el primer lugar nacional con más cuerpos localizados en fosas clandestinas. Tampoco existe claridad sobre el despliegue de elementos de la GN: hasta septiembre de 2019, se habían reportado 4,138 elementos de la GN en el estado; mientras que, en la conferencia de prensa del 16 de julio, el secretario de la Defensa Nacional mencionó que ahora la cifra es de 4,737 elementos. En relación a Colima, a marzo de 2020 se reportaron 575 elementos de la GN en la entidad, aún cuando el estado ocupa desde el año 2016, el primer lugar nacional en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.

Además, en cuanto al modelo policial, el Programa también explica que a través de la GN y el “Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica” se fortalecerá a las policías estatales y municipales. Sin embargo, a la fecha ni siquiera se han hecho públicos los diagnósticos y planes de desarrollo policial que establece como obligatorios la reforma constitucional que dio origen a la GN. Esto es aún más lamentable al analizar la precariedad de condiciones en las que se mantienen nuestras policías, y bajo las cuales, deben hacer frente a la crisis de inseguridad. Aquí también vale la pena resaltar algunos puntos sobre la situación en la que operan las policías locales de las entidades previamente mencionadas:

• De acuerdo al seguimiento hemerográfico sobre policías asesinados que realiza Causa en Común, Guanajuato es la entidad más peligrosa para ser policía. En el 2019, fueron asesinados al menos, 76 policías. En lo que va del presente año, han asesinado, al menos, 61. Este número representa una quinta parte de los policías asesinados en el país. Respecto al desarrollo policial, el estudio “Índice de Desarrollo Policial” (INDEPOL) publicado en 2018 por Causa en Común, refiere que además de otras deficiencias, la corporación estatal no contaba con un código de ética y conducta específico para policías. En relación con las condiciones laborales y prestaciones, la encuesta “¿Qué piensa la policía?” de 2019, reflejó que únicamente el 39.8% de los elementos tenía seguro de gastos médicos mayores, y sólo el 46.6% de los policías contaba con gastos funerarios.
• En Jalisco la situación tampoco es alentadora. Durante 2019 fueron asesinados al menos, 29 policías, y en lo que va de 2020, al menos, 9 elementos han sido asesinados. Algunos hallazgos del INDEPOL (2018), indicaron que se encontraba pendiente la renovación de certificados de control de confianza de algunos mandos y elementos operativos; y que no existía una normatividad sobre el régimen complementario de seguridad social. Respecto a las condiciones laborales, la Encuesta refirió que el 93% de los elementos ganan menos de 15 mil pesos, y, además, deben poner dinero de su bolsillo para equipamiento.
• En el caso de Colima, durante 2019 fueron asesinados al menos, 4 policías, y en lo que va del presente año, debe subrayarse el asesinato de, al menos, 11 elementos. Además, de acuerdo con el INDEPOL (2018) la corporación estatal no tenía un código de ética y conducta para policías; contaban con un mando sin control de confianza vigente; y no existía una normatividad sobre el régimen complementario de seguridad social. En relación con las condiciones laborales, la Encuesta señaló que el 81% de los policías ganaban menos de 15 mil pesos, 34% pagaban por sus botas, y 73% señalaron nunca haber recibido un ascenso.

Igualmente, en el resto de sus apartados, el Programa Sectorial carece de cualquier tipo de rigor conceptual o programático, e insiste en un lenguaje propio de la retórica política: no se advierten acciones reales para prevenir la violencia, y cuando se refiere a “impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad”, tampoco se reflejan medidas para una verdadera creación de programas que pongan en el centro los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, o que den la mínima señal de una reestructuración del sistema penitenciario.

El documento al que han llamado “Programa Sectorial de Seguridad y de Protección Ciudadana 2020-2024” tampoco repara en promesas. Se llega al extremo de afirmar, que para 2024, se habrán reducido a la mitad los principales delitos que se cometen en el país. A todas luces, se trata de un escrito improvisado, y que es, en su mayor parte, demagogia.

Tampoco dicen mucho las visitas realizadas a las tres entidades en las que se presentaron “avances” en el tema de seguridad. No hubo ninguna sorpresa, no se propuso acción alguna para fortalecer las policías estatales, ni para combatir la operación impune de grupos delincuenciales. Pero esta situación no es exclusiva de Guanajuato, Jalisco o Colima. Es evidente que el gobierno sigue sin saber qué hacer: al revisar el Programa Sectorial se observa que el gobierno continúa sin poder explicar de manera coherente y precisa en qué consisten sus definiciones para enfrentar la la grave situación de violencia e inseguridad que se vive en nuestro país.

* Doris M. Castillo García (@docastillog) es Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac. Ha trabajado en instituciones de seguridad pública y organismos autónomos de derechos humanos. Actualmente es investigadora en Causa en Común.