blogeditor · 13 de noviembre de 2019
Todos las corrientes tenían propuestas distintas. El partido en el poder buscaba que quien dirigiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos fuera afín a la visión del gobierno; la oposición buscaba justo lo contrario. La protección y defensa de los derechos humanos fueron lo de menos.
Para acceder a sus cargos, los titulares del poder judicial y de los órganos autónomos necesitan el visto bueno de la cúpula política en turno. Aunque suene absurdo, siempre han podido escoger a quienes los vigilan y los juzgan, por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador les llamaba la mafia en el poder.
El arreglo de la mafia es sencillo: intercambio de favores. Cuando los nombran, esperan reciprocidad y en la mayoría de los casos la obtienen. Eso puede explicar mucho de la tradición de impunidad y corrupción que vivimos en México.
Nombrar cercanos para que funjan como “juez y parte” fue práctica constante con el PRI y con el PAN cuando fueron gobierno y ahora Morena no esta siendo la excepción. Lo demostraron con la elección de la ministra Yazmín Esquivel y lo confirma ahora con la elección de Rosario Piedra Ibarra en un proceso plagado de irregularidades: con una evaluación que no fue transparente y una elección incapaz de generar certeza y legitimidad.
En Morena este martes ganaron perdiendo, porque lo que las mexicanas y los mexicanos le dijimos al PAN y al PRI en las elecciones es que no queremos estas prácticas que ahora ellos repiten. La justicia, la democracia, la transparencia y los derechos humanos no pueden depender de los intereses de los grupos en el poder, por eso no pueden seguir nombrando a los árbitros. La transformación que prometieron no se trata de cambiar las caras, sino las reglas.
Para el nombramiento de titulares del poder judicial y los órganos autónomos necesitamos una reforma constitucional que garantice convocatorias públicas y abiertas con criterios de selección claros, objetivos y transparentes. Las ternas deberán ser integradas por los perfiles mejor calificados y elegir por sorteo. Que estos cargos no sean definidos por el voto del partido mayoritario sino por la suerte, incentivaría a que las y los legisladores integren las ternas con perfiles competentes e imparciales.
La mafia del poder seguirá hasta en tanto se designen árbitros que desempeñen sus funciones con libertad, independencia y legitimidad, fiscalizando y limitando efectivamente al poder.