Washington DC: la capital que sí se atrevió a descriminalizar la mariguana

Por: José Domingo Schievenini

¿Quién es el autor intelectual de la política que en México y Latinoamérica ha criminalizado a miles de individuos por consumo de drogas? De entre los varios culpables, destacan cada una de las administraciones presidenciales de Estados Unidos a lo largo de los siglos XX y XXI. Por esta razón, no deja de sorprender que en la capital de ese país —Washington DC— actualmente sea posible consumir mariguana en lugares públicos.

Se permite el consumo a mayores de edad (21 años), siempre y cuando lo hagan en espacios abiertos; también es posible cultivar tres plantas en casa y transitar por la ciudad portando hasta dos onzas (56.6 gramos). Esto no quiere decir que las leyes federales se hayan relajado; al contrario, los grupos de poder detrás de la prohibición están más alerta que nunca. Lo que ha cambiado es la fuerza del activismo ciudadano.

[contextly_sidebar id=”imltjTQEm88Y2fLSJpfxKqxn07rruAZH”]Llegar a este escenario de permisión tomó varios años de esfuerzo colectivo —y cientos de horas de debate profesional e informado. El proceso fue marcado por varios obstáculos y naturalmente no estuvo exento de amenazas gubernamentales. Por ejemplo, miembros del partido republicano advirtieron a los activistas y abogados detrás de la propuesta que dio origen a esta ley (D.C. Cannabis Campaign- Initiative 71) sobre la posibilidad de ser encarcelados en caso de mantener viva la iniciativa[1].

Para el Congreso de EUA también fue una propuesta ciudadana incómoda: ¿Cómo explicar semejante fenómeno en el núcleo político de la nación motor del modelo prohibicionista a nivel internacional en los últimos cien años? Dado que Washington DC no tiene autonomía plena, el Congreso incluso amenazó con secuestrar el presupuesto de la ciudad al percatarse de que la iniciativa prosperaba[2].

No obstante los desplantes intimidatorios, impresiona que a finales de 2014 la Initiative 71 fuera respaldada por 115,000 ciudadanos (el 70% de los votantes)[3]. El poder de la voluntad ciudadana bastó para que en el 2015 la ley entrara en vigor y se desvanecieran los obstáculos y amenazas gubernamentales. Si bien se trató de una victoria moral para los activistas, al final esta ley fue aceptada con algunas limitaciones: prohíbe cualquier tipo de compra/venta de cannabis con fines no medicinales, y no permite el consumo dentro de zonas federales (más o menos el 20% de la capital), por ejemplo, no es legal fumar en los jardines de la Casa Blanca, o mirando el horizonte desde la punta del monumento a Washington.

Al igual que en otros estados de EUA donde se ha permitido el uso recreativo de mariguana, existen pocos datos objetivos sobre las potenciales consecuencias —positivas o negativas— que a mediano plazo se derivarán de los nuevos marcos legales. Sin embargo, en el caso de Washington DC son posibles al menos dos afirmaciones:

1) Muchos puntos de la ciudad huelen a mariguana, y esto a muy pocos de sus habitantes le importa o consterna[4], al contrario, la aceptación de este olor parece tratarse de un statement de apertura, tolerancia y libertad que se contrapone simbólicamente a la hostilidad militar propia del poder cuya hegemonía tiene su sede en esa ciudad; 2) En los primeros once meses de 2015 solamente hubo siete arrestos por posesión/consumo de cannabis, cuando del 2010 al 2014 se promediaban dos mil arrestos por año[5].

Lo anterior permite afirmar que en la capital de EUA miles de individuos dejarán de ser criminalizados por una conducta que comienza a aceptarse culturalmente. Este hecho es importante, entre otras razones, porque la libertad de un ser humano inocente tiene mayor peso argumentativo que toneladas de retórica política empaquetada en leyes penales.

En el caso de Washington DC, se tratará de la libertad de más de veinte mil individuos en la próxima década, la mayoría de los cuales se encuentra en situación de vulnerabilidad: el 91% de los sentenciados por posesión o uso de cannabis son jóvenes afroamericanos de escasos recursos[6]. Este dato evidencia cómo la prohibición de la mariguana implica una estrategia judicial que selecciona perfiles susceptibles de ser excluidos socialmente[7]. No obstante que en esta ciudad los índices de consumo son semejantes entre negros y blancos, hasta antes de la descriminalización un afroamericano tenía ocho veces más posibilidades que un blanco de ser arrestado por esa conducta[8].

Desde 1909, el gobierno de EUA ha sido estricto vigilante y principal impulsor de los tratados internacionales en materia de drogas. Esto explica por qué la dinámica penal que criminaliza a los consumidores se ha expandido a lo largo del mundo, causando particular daño en muchas jurisdicciones de Latinoamérica. El caso de México y de su capital, el Distrito Federal, no son excepción: uno de los paralelismos que existe entre ambos países es la ejecución de una justicia diferenciada —tendente a escenarios de exclusión social— que perpetua un modelo de sociedad fracturada.

De las aproximadamente 25 mil personas que cada año son encarceladas en México por delitos relacionados con drogas[9], ¿cuántas de ellas vivían —al igual que los afroamericanos en Washington DC— en situación de marginalidad antes de su arresto? ¿Cuántas de esas personas pertenecen a sectores excluidos por su situación socioeconómica y, por lo tanto, no tuvieron recursos para contratar un abogado especializado, o para pagar la fianza, o para negociar y liquidar el problema en el momento de la detención? En el DF no terminan en la cárcel los consumidores provenientes de sectores acomodados; por ejemplo, quienes fuman mariguana paseándose por la Condesa o los que en Santa Fe compran puños de cocaína para consumo personal durante su horario laboral. Dentro de los mercados ilegales en México también es excepcional el mando medio o el gran capo que es privado de su libertad. Efectivamente, la guerra contra las drogas sólo es una guerra contra la gente que vive en condiciones de pobreza.

El de Washington DC es un ejemplo de sensatez para aquellos que analizarán las iniciativas destinadas a descriminalizar el cultivo/posesión/consumo de cannabis en México y en el DF. La ciudadanía está cansada de represión y negligencia gubernamental. A la luz de la ciencia y la protección de derechos fundamentales, la discusión de estas iniciativas legislativas deberá prestar atención a la pauta dictada por sociedades vecinas.

Aunque aislar a los “no deseados” de los centros de poder ha sido una constante histórica, es un hecho que protagonizamos tiempos en los que la sociedad civil ha aprendido a exigir sus derechos desde la pluralidad y la democracia. Y aunque desde principios del siglo XX la cruzada bélica contra las drogas lleva en la frente el sello del gobierno estadounidense, también es un hecho que estamos siendo testigos de la desfragmentación de un paradigma.

 

* José Domingo Schievenini (@DomSvn) es Licenciado en Derecho. Actualmente cursa el Doctorado en Historia en la UNAM, donde su línea de investigación se centra en política de drogas.

 

 

[1] “D.C. Attorney general threatens city council with jail time four discussing marijuana”, The Fix, 10 de febrero de 2015; “D.C. challenges Congress to halt marijuana legalization in nation´s capital”. The Washington Post, 13 de enero de 2015; y comunicación con Adam Eildenger, uno de los activistas detrás de la Iniciative 71, quien actualmente es propietario de un negocio relacionado con insumos y parafernalia para el consumo de cannabis en Washington DC.

[2] “Congress axes D.C. marijuana legalization in spending plan”, Washington Times, 9 de Diciembre de 2014.

[3] Ballot Initiative 71, disponible aquí.

[4] En relación a esa afirmación The Washington post publicó una gráfica donde se muestra que solamente el 2% de los residentes de DC consideran que el olor a marihuana les perjudica. Se muestra también que el 20% de los habitantes percibe olor a marihuana todos los días. “D.C. smells like marijuana, and residents don´t really care”, 20 de Noviembre de 2015.

[5] American Civil Liberties Union.

[6] Ibídem.

[7] Este tópico fue central en la sesión “The Drug War and the Militarization and Bastardization of Police Practices”, dentro de la International Drug Policy Reform Conference, organizada por Drug Policy Alliance en las inmediaciones de Washington DC (17-21 de Noviembre de 2015), en esa sesión participaron representantes de organizaciones como Black Lives Matters, Criminal Justice Reform y Immigrant Defense Project. El estudio de American Civil Liberties Union aquí citado, también hace alusión a esa dinámica de exclusión social.

[8] American Civil Liberties Union, Op. Cit.

[9] Reformas a las políticas de drogas en América Latina: discurso y realidad, Centro de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), 2015.