Redacción Animal Político · 21 de febrero de 2024
Perdona amable lector o lectora si este título es demasiado coloquial o directo, pero quiero entrarle al tema de inmediato. Este proceso electoral será histórico porque las personas en situación de prisión preventiva van a ejercer su derecho al voto y creo que aún no hemos dimensionado qué supone esto.
Tuve la oportunidad de asistir a las reuniones que se dieron entre el mes de diciembre de 2023 y el mes de enero de 2024 en los centros de reinserción social de la Ciudad de México; voy a referirme a la experiencia en el centro femenil Santa Martha Acatitla, al que asistimos el 6 de diciembre por la mañana.
La convocatoria la realizó el consejero Bernardo Valle Monroy, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y en esta primera fase la intención era incentivar el voto entre la población derechohabiente, con miras a que el Instituto Nacional Electoral integrara la lista nominal con quien solicitara acceder a ese derecho.
La expectación era máxima. Pensábamos inicialmente que las personas recluidas con sus múltiples problemas verían la oportunidad de votar como algo no prioritario. Nos equivocamos.
El personal de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México nos indicó el espacio para desarrollar las actividades de socialización de los temas que llevábamos para compartir. Nos dijeron que debíamos ser concretos y buscar atraer la atención, porque no es algo sencillo mantener la atención. Ese día las mujeres de Santa Marta tenían jornada de vacunación; se aumentó un poco la ansiedad, pero dio oportunidad para platicar con algunas custodias y algunas presas para medir un poco el ambiente. Las historias que escuchamos en ese lapso nos rompieron el corazón; la vida ahí no es nada fácil.
Pudiera pensarse que muchas de las personas privadas de la libertad “lo merecían”, pero ese es justo el problema. En el caso de los procesados no se ha demostrado, y la Constitución exige la presunción de inocencia, luego está el tema del rezago judicial que vuelve penosos dichos procesos; una doble conculcación de derechos. Si la justicia electoral puede hacer algo por esta población, no hay nada de malo.
Finalmente nos encontramos frente a este peculiar auditorio. Algunas reclusas silban, otras lanzan frases pícaras o dicen bromas, finalmente arrancamos. La adrenalina es alta, todo sale de maravilla. Ellas participan en todos los ejercicios, corresponden a los comentarios y las preguntas; se comprometen a votar. Hay una pequeña luz en sus ojos, sienten que no lo han perdido todo, sus derechos políticos siguen intactos. De aquí a la elección el camino no será fácil, hay bastante reticencia en algunas personas incluso del propio sistema electoral y en las entidades federativas donde ya es una opción, pero estoy seguro que somos los precursores de algo que un día será normal.
En la mañana en que escrito este texto recibo la videollamada del colega chileno Luis Hernández Olmedo, juez electoral del tribunal regional de Santiago de Chile, quien me comenta que, inspirado en los cambios mexicanos respecto al voto en prisión preventiva, ha planteado en aquel país que vayan también en aquella dirección. No puede ser más esperanzador.