¿Serán el voto y la democracia las próximas víctimas del crimen organizado?

En las últimas décadas, México transitó gradualmente desde un régimen autoritario, corporativo y cerrado, hacia uno multipartidista más abierto y diverso, pero cada vez más desordenado y disfuncional. En teoría, dicho proceso hubiera podido nutrir un ciclo virtuoso de pluralización democratizadora e incluyente. En la práctica, sin embargo, la erosión y la fragmentación reiterativa del antiguo partido hegemónico se alimentaron de un proceso mucho más amplio de descomposición social y política. 1 En ningún otro campo esta desintegración ha sido tan profunda y perniciosa como en el ámbito de la seguridad ciudadana, donde la desarticulación y la proliferación de la violencia han sido aterradoras. Esto no solo se refleja en el incremento sostenido de los homicidios desde 2007, sino que afecta -ahora- al corazón mismo de Leviatán: al mecanismo crucial mediante el cual se renueva y se transmite periódicamente el poder político,al menos de forma legal y formal.

Es bien sabido que las elecciones, cuando estas funcionan, son auténticas fábricas de legitimidad democrática. Pero para ello se requiere que sean mínimamente libres y competitivas, que proporcionen a la ciudadanía la posibilidad de elegir entre proyectos alternativos impulsados por partidos que rinden cuentas y cuentan con probabilidades razonables de ganar. Cuando se erosionan estas premisas y el juego electoral deja de ser limpio, justo y atractivo –porque no le proporciona opciones efectivas a la ciudadanía, o porque se conoce de antemano quien lo ganará– se altera así profundamente la mecánica del proceso democrático y la compleja cadena que produce la legitimidad puede interrumpirse, bloquearse o hasta colapsar. Los comicios se transforman entonces en meras farsas: en “elecciones sin opciones”, en ejercicios de “acarreo” y movilización de la población, que generan la aclamación simbólica de los gobernantes en turno, seguros de ganar, pero no los legitiman ante quienes no coinciden con ellos.

En este frágil proceso de fabricación de legitimidad democrática, la integridad de las elecciones no es un detalle anodino: es el combustible indispensable que impulsa el motor de la democracia. Como lo revela el estudio realizado por un equipo de investigadores del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, coordinado por Sergio Aguayo, el desbordamiento de la violencia criminal está alterando profundamente el funcionamiento de los procesos electorales. Ello ya fue manifiesto en los comicios generales de 2018, en los cuales la consultora Etellekt registró al menos 774 actos de agresión (amenazas e intimidación, coacción y extorsión, violencias diversas y asesinatos de candidatos o personas cercanas), pero se agravó considerablemente en las elecciones de 2021, cuando este número incrementó a 1 066 casos. 2 Asimismo, la base de datos recopilada por Data Cívica registra 961 asesinatos políticos perpetrados en los últimos seis años, con una cifra anual de 94 asesinatos en 2018 que alcanza 72 en 2021, antes de pasar a 275 en 2022 y a 355 asesinatos en 2023. 3

Estas cifras terroríficas son ampliamente conocidas y demuestran la magnitud creciente del problema, pero no permiten apreciar los efectos devastadores que la violencia tiene sobre los procesos electorales, sobre la democracia y la sociedad. Para contribuir a ello, la investigación de El Colegio de México se enfocó en el estudio de su expresión más grave: los 32 asesinatos que se perpetraron entre el 7 de septiembre de 2020 y el 2 de mayo de 2021, cobrando la vida de 27 candidatos y 5 candidatas. Detrás de estas cifras anónimas se encuentran personas de carne y hueso, con familias, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, quienes también se vieron afectados: Luis Roberto Don Félix de Tecate (Baja California); Cipriano Villanueva Ovando y Pedro Gutiérrez, de Chiapas; Yuriel Armando González Lara, de Nuevo de Casas Grandes (Chihuahua); Ricardo Almaraz de Tepotzotlan (Estado de México); Alejandro Galicia Castro, Alma Rosa Barragán y Juan Antonio Acosta Cano y Juventino Rosas, de Guanajuato; Antonio Hernández Godínez y Efrén Valois Morales, de Guerrero; Alfredo Sevilla Cuevas, Álvaro Madera López, Analuci Martínez y Hugo Villavicencio, de Jalisco; Juan Jaramillo Frikas, de Cuernavaca; Mayco Fabián Tapia Quiñones de Monterrey; Ivonne Gallegos Carreño y Saúl López Guerra, de Oaxaca; Arturo Flores Bautista, de Querétaro; Flor de María Ballina e Ignacio Sánchez Cordero, de Quintana Roo; Abel Murrieta, de Sonora; Francisco Gerardo Rocha Chávez, de Tamaulipas; Carla Enríquez Merlín, Carlos Fernández Rocha, Domingo Panzo Tecpile, José Alfredo Gaspar Gutiérrez, José Melquiades Vázquez Lucas, Juan Gilberto Ortíz Parra, Manuel Dimas Cristobal, René Tovar Tovar y Luis Juan Noriega, de Veracruz…

Las estadísticas tampoco captan los mecanismos mediante los cuales se ejerce la violencia político-electoral: ¿qué sucede con el proceso democrático cuando quienes compiten por cargos públicos temen por su seguridad, reciben presiones que amenazan su autonomía para promover políticas alternativas, o se ven obligados a retirarse de la contienda para ceder los cargos públicos a personas afines al crimen organizado? ¿Y qué pasa cuando la ciudadanía misma, a su vez, no cuenta con garantías elementales para participar y ejercer el sufragio en libertad? Para alimentar la reflexión, resulta indispensable adentrarse en el análisis cualitativo de cada caso, en aras de captar la diversidad de estos mecanismos y comprender su complejidad. Para ello, el equipo conformado por Sergio Aguayo contó con la participación de 21 investigadores asociados, conocedores de los distintos contextos locales.

Pudiera pensarse que la violencia está acotada a ciertos grupos, y a regiones particulares. Empero, en contraste con lo que venía sucediendo con las tasas de homicidios desde 1990, los 32 asesinatos políticos documentados durante las campañas de 2020-2021 ocurrieron a lo largo y ancho de la geografía nacional. Como puede observarse en el siguiente mapa, estos se ubican en contextos muy diversos, tanto en términos demográficos y socio-culturales como, sobre todo, político-electorales. En su conjunto, proporcionan un amplio abanico de instancias empíricas de violencias político-electorales, situadas en un proceso mucho más amplio de descomposición que se refleja en la fragmentación de las ofertas políticas municipales: lejos de estar restringidas a zonas específicas del país, éstas afectan ahora a todos los partidos y alteran profundamente las dinámicas de competición electoral, independientemente de la correlación local de las fuerzas políticas y de cuales de ellas gobiernen a nivel municipal y estatal (véase mapa).

Mapa: La proliferación de los asesinatos políticos en un contexto de fragmentación partidista

Por ende, cada acto de violencia debería de preocupar a todos los partidos por igual, responsables en su conjunto de implementar políticas públicas más eficientes para mitigarla, procurar justicia y restablecer la seguridad ciudadana. El estudio “Urnas y tumbas” proporciona elementos clave para analizar sus modalidades y sus efectos más dramáticos en el contexto actual. Es de consulta obligatoria para quienes deseen entenderlos, promover medidas o tomar acciones para enfrentarlos. La integridad del voto y del proceso electoral depende de ello de manera urgente e imprescindible: es una cuestión vital, para la ciudadanía y para la democracia.

* Willibald Sonnleitner es profesor investigador de El Colegio de México, donde enseña Sociología Política, Metodología y Sociología Electoral.

 

1 Sonnleitner, Willibald, Lo que el voto se llevó. La des-composición del pacto posrevolucionario en México. México: El Colegio de México, 2018.

2 Etellekt, “Séptimo informe de Violencia Política en México”, 2021.

3 Base de datos disponible aquí. [Consulta del 9 de febrero de 2024].