Chiapas: un grito de auxilio por la verdad, justicia, reparación y memoria

El presente escrito retoma las ideas centrales del trabajo de tesina titulado: “En búsqueda del Lekil Chapanel: Propuesta de mecanismo intercultural de memoria y verdad para las víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas”, y trata de poner en perspectiva los últimos hechos de violencia ocurridos en el estado en junio de 2022 a la luz de dinámicas y patrones de varias décadas en la entidad. ¹

 

El pasado 14 de junio, a las diez de la mañana, la ciudad de San Cristóbal de las Casas fue sacudida por un enfrentamiento entre grupos armados en los alrededores del Mercado del Norte. Las personas que estaban en el lugar reportaron que cerca de cien hombres encapuchados, con armas largas y chalecos antibalas tomaron las calles de la zona. La policía municipal se declaró incapaz de confrontar a estas agrupaciones, por lo que la Guardia Nacional intervino después de cuatro horas de detonaciones y descontrol vial. Dicha situación causó temor en todo el estado, y aunque Chiapas no ha sido ajeno a la situación de violencia armada común a gran parte del resto de la república, no deja de llamar la atención que ésta haya escalado en la periferia de uno de los destinos más reconocidos de la entidad.

Cabe señalar que un día antes, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que una Fuerza de Tarea arribaría para “disminuir actos delictivos en la región Tseltal, Tsotsil y Llanos”. En dichas zonas del estado, la presencia de grupos armados forma parte de la vida cotidiana de las comunidades indígenas. Particularmente, la población de los Altos –división territorial cuya cabecera es la mencionada ciudad de San Cristóbal– ha convivido con este escenario desde hace ya más de una década, aunado al asedio de agrupaciones de corte paramilitar desde 1994. Por lo tanto, el evento suscitado en junio solamente es la punta del iceberg detrás de una historia de violencia en Chiapas.

En Chiapas ha persistido un entorno de impunidad, agresiones armadas y violaciones graves a derechos humanos que ha migrado a distintos territorios de la entidad. Dicha situación no solamente pone en riesgo los esfuerzos por la reivindicación de derechos, sino que agudiza conflictos sociales de larga data de la vida de las comunidades indígenas en el estado. Para fundamentar esta aseveración, este texto hace un breve recorrido inicialmente por el fenómeno de desplazamiento forzado hacia la ciudad de San Cristóbal, para luego retomar la evolución de las dinámicas de los grupos de corte paramilitar que han actuado en la zona norte chiapaneca y finalmente abordar las omisiones del Estado mexicano y el hostigamiento de agrupaciones armadas frente a los esfuerzos de las comunidades por la memoria y la verdad.

La situación de desplazamiento forzado hacia San Cristóbal de las Casas

Parte de las trayectorias de migraciones hacia las periferias de San Cristóbal provienen, en un principio, de una crisis agraria suscitada en la década de 1970, ² así como a conflictos religiosos que obligaron a un sector de la población de San Juan Chamula a vivir en el exilio, ³ Entre 1980 y 1990 hubo otro flujo migratorio derivado de la violencia política ejercida en contra de quienes conformaron organizaciones de izquierda. La situación sociopolítica en Chiapas acentuó las desigualdades, la precariedad y una constante sensación de inseguridad en la que vivían estas poblaciones en movimiento. Estas necesidades obligaron a quienes habitaban estos asentamientos a conformar núcleos de apoyo, defensa y exigencia de derechos.

La situación cambió tras la oleada más reciente de desplazamiento a la zona norte de San Cristóbal entre el año 2020 y 2022. ⁴ Comunidades de los municipios de Pantelhó, Chenalhó y Chalchihuitán fueron obligadas a movilizarse por la militarización de la región, la presencia de grupos armados de corte paramilitar, el narcotráfico y tensiones políticas. La diversidad de orígenes entre la población desplazada fragmentó las redes de solidaridad previamente conformadas y dio entrada a redes de criminalidad mal que bien organizada, así como a quienes ejercían violencia política contra los núcleos de defensa.

Estas trayectorias explican, al menos en parte, que los conflictos internos en estos asentamientos ya no puedan contenerse o regularse, generando que la violencia escale más allá de las periferias.

La evolución de los grupos paramilitares y las violaciones a derechos humanos en los Altos de Chiapas

Como fue mencionado, una parte del desplazamiento forzado hacia las urbes en Chiapas ha sido ocasionada por la presencia de grupos armados de corte paramilitar en las comunidades indígenas de los Altos. Estas agrupaciones encuentran su origen en la estrategia de contrainsurgencia desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional  (SEDENA) después del levantamiento zapatista, pese a que la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas señalaba que a partir de las negociaciones de paz, quienes integraban al Ejército Zapatista (EZLN) no serían molestados o agredido por entidades estatales, lo que lógicamente incluiría una prohibición para, desde el Estado, formar articulaciones de esta naturaleza.

El documento que avaló el apoyo de las Fuerzas Armadas para entrenar a organizaciones de autodefensa constituidas por caciques de la región es conocido como “Plan Chiapas 94” y su estrategia consistía en causar temor y desestabilizar a las poblaciones que pudieran tener algún vínculo con el EZLN. ⁵ Organizaciones como “Máscara Roja”, los “Chinchulines”, o el “Desarrollo Paz y Justicia” han sido auspiciadas tanto por el Ejército como por autoridades locales para cometer asesinatos, desapariciones, masacres, tortura y represión en las comunidades que componen la región de los Altos. Particularmente, el grupo “Máscara Roja” ha sido señalado como el principal perpetrador de la masacre de Acteal suscitada en diciembre de 1997. Estos grupos avivaron también conflictos territoriales, mineros y petroleros en municipios como Tila, Chalchihuitán, Chilón, Sitalá, Salto de Agua, Ocosingo, Aldama, Chenalhó, Pantelhó, Tumbalá y Sabanilla. Además, dada la cercanía de estos territorios con Tabasco y la Selva Lacandona, estos grupos se aliaron con cárteles de narcotráfico dada la facilidad de rutas de tráfico de personas, armas y recursos naturales. ⁶

Estas nuevas redes entre los cárteles y los grupos de corte paramilitar han acrecentado la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en Chiapas, así como los enfrentamientos entre grupos armados en los municipios de las regiones Norte y Altos, y el desplazamiento forzado a las urbes. Con estos eventos violentos, las luchas de las comunidades tsotsiles, tseltales y ch’oles por la verdad, el territorio y su reparación –que existían desde la década de los 90s– se han visto fuertemente amenazadas, y el EZLN se ha visto obligado a actuar desde posiciones de alerta, enviando comunicados y buscando ayuda internacional para denunciar.

Los esfuerzos de las comunidades indígenas por la reparación, la verdad y la justicia frente a las omisiones del Estado

Los pueblos y comunidades indígenas afectados por la presencia de las Fuerzas Armadas y otros grupos armados no estatales han trazado esfuerzos “desde abajo” para construir alternativas de memoria, exigencia de la verdad y la justicia. Esta lucha ha sido ardua frente a la exclusión, el racismo y la discriminación estructural que ha sufrido este sector de la población desde las instituciones del Estado. Aunado a esto, aún persiste una deuda de paz prevista desde los Acuerdos de San Andrés, el instrumento clave que dio fin al conflicto armado de 1994, donde el gobierno mexicano aún debe responder para garantizar la libre determinación de los pueblos, propiciar el involucramiento de las comunidades en las decisiones que les atañen, y procurar una relación de comunicación y entendimiento mutuo con el Estado.

Un ejemplo de esta lucha local contra la impunidad de la violencia causada por los grupos de corte paramilitar en Chiapas es la de las “Abejas de Acteal”, una organización civil conformada por víctimas y sobrevivientes de la masacre y asedio suscitado en diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó.  La organización con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) recurrió al aparato judicial mexicano. Al agotar las instancias nacionales sin conseguir castigo a sus perpetradores y sin participar activamente en los procesos de investigación, solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos.

La CIDH propuso una composición vía solución amistosa con el Estado mexicano en 2020, donde el gobierno mexicano acordaría con un grupo de sobrevivientes una compensación económica, una disculpa pública oficial y la elaboración de un documental para la preservación de la memoria. Sin embargo, este acuerdo fue aceptado solamente por una fracción de las víctimas y sobrevivientes, lo cual ocasionó un rompimiento interno entre quienes integraban originalmente a las “Abejas de Acteal”, pues la otra sección del grupo busca conocer los patrones detrás de la violencia, obtener un castigo para sus agresores y la posible adjudicación de responsabilidad al Estado.

La ruptura entre las Abejas llevó a que el sector que continúa con la búsqueda de la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos recurriera a una estrategia de conmemoración y exigencia. Cada 22 de diciembre y el día 22 del mes, la comunidad realiza una ceremonia religiosa donde envían comunicados para evitar que el caso se cierre y se reconozca la lucha de la organización. ⁷ Aunque su llamado por la paz y la justicia ha sido escuchado por organizaciones internacionales, el acecho de los grupos de corte paramilitar y los cárteles del narcotráfico amenazan la conservación de su legado. Particularmente porque el actuar violento de estos grupos ha ocasionado el desplazamiento de parte de los integrantes de la comunidad y una profunda sensación de inseguridad entre las y los sobrevivientes.

Estos relatos y vivencias de hostigamiento se repiten entre las comunidades que se enfrentan a la impunidad de las violaciones graves a derechos humanos ocasionadas por los grupos de corte paramilitar, las organizaciones del narcotráfico y elementos de seguridad pública. Sumado a esto, el Estado no ha ofrecido medidas de reparación efectivas para prevenir y sancionar estos delitos, e incluso las instancias a nivel municipal que no están aliadas a estos grupos criminales se reconocen incapacitadas para enfrentarse a ellos.

Chiapas requiere estar en la mirada nacional e internacional. Una mirada que sea crítica e intercultural, que le ayude a las comunidades a conseguir la intervención de instituciones de derechos humanos tanto internacionales y nacionales, de la sociedad civil y de personas expertas para que recojan sus prácticas ancestrales, sus actos de memoria, su lucha y las transformen en mecanismos y medidas que las acerquen a la verdad, a la justicia y a ese ansiado Lekil Chapanel o buen arreglo.

En general, es necesario volver a ver a Chiapas, una entidad rezagada cuya  población necesita acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la sostenibilidad de su memoria histórica. Ese estado que siempre ha sido visto con asombro por sus bellezas naturales, un espacio seguro fuera del ruido de las grandes ciudades que ahora corre peligro sin precedentes y que desborda de una coladera de violencia armada desde las dos décadas pasadas. La sociedad chiapaneca cada vez ve más silenciada su exigencia ante un Estado y gobierno local ausentes, y está cansada de que ciertos grupos propasen los derechos de la ciudadanía. Así que, desde este pequeño espacio del sureste mexicano hay un grito de auxilio que lleva un eco hacia el resto de la república donde también existen otros llamados de justicia, pero que merece ser atendido desde la particularidad de su contexto.

* María Eugenia Bermúdez Aguilar es egresada de la Licenciatura de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C (CIDE). Se desempeña como asistente de programa en JT MX. Justicia Transicional en México.

 

 

¹ El trabajo de investigación completo puede ser consultado en: Biblioteca | Justicia Transicional (jtmexico.org)

² Para más información, consultar Carolina Pecker, “En desplazamiento forzado: desde Benavil, Tenejapa, hacia San Cristóbal de las Casas”, Revista Pueblos y fronteras digital, volumen 14, no. 25, págs. 1-22. Disponible aquí.

³ Para más información, consultar Germán Martínez, “Conflicto étnico y migraciones forzadas en Chiapas”, Revista Política y cultura, no. 23, 2005. Disponible aquí.

⁴ Consulte más información en: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2020”. Disponible aquí.

⁵ Para más información sobre la estrategia de contrainsurgencia, consultar Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe No. 51/16 CASO 11.564 INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO (PUBLICACIÓN) GILBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Y OTROS (LA GRANDEZA) MÉXICO”, OEA/Ser.L/V/II.159 Doc. 60, 2016, párrafos 49-59. Disponible aquí.

⁶ Para más información sobre estas alianzas, consultar Proceso, “Narcos, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas”, 2016. Disponible aquí.

⁷ Para más información sobre el ritual de conmemoración de Acteal y su sitio de memoria, consultar: María Eugenia Bermúdez, “Recopilación de prácticas e iniciativas autónomas de las comunidades indígenas de Chiapas para insertar en un mecanismo de verdad y memoria”, en En búsqueda del Lekil Chapanel: Propuesta de mecanismo intercultural de memoria y verdad para las víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas, tesina de licenciatura publicada en el repositorio digital del CIDE 2021. Disponible aquí.