Vistiendo a Peña Nieto de blanco

El fallecimiento en Marzo de Lee Kwan Yew, padre la patria de Singapur y su primer ministro durante 1962-90, ha hecho recordar con admiración la gran transformación de esa pequeña nación hacia una potencia financiera y comercial mundial, uno de los pocos casos de una nación tercermundista entrando al primer mundo.

Lee, quien estudió en Gran Bretaña (dueño colonial de Singapur en ese entonces), llegó a la conclusión de que la prosperidad británica no se debía tanto a sus fábricas y ferrocarriles sino al estado de derecho. Lee deploraba la ausencia de la ley que imperaba en Asia en aquella época y decidió desde temprano que el principal eje de desarrollo de su nueva república sería el combate a la corrupción. El logo de su partido, el PAP, fue de un rayo roji-azul sobre un fondo blanco, el rayo representando el esfuerzo que se haría contra este mal social y el blanco simbolizando la pureza. Durante su inauguración, Lee y su gabinete se presentaron vestidos completamente de blanco, dejando poca duda de que la política anticorrupción se limitaría meramente a la retórica; tal es así que hoy Singapur es considerado uno de los países menos corruptos del mundo (séptimo lugar en el CPI 2014 de Transparencia Internacional, mientras que México se ubica en el l08).

[contextly_sidebar id=”H6sETnmMxevA4vxARGQ5JFTWfQz89iZw”]El contraste con los “esfuerzos” anticorrupción de la clase política mexicana no podría ser mayor. Enfrentado una crisis de credibilidad sin precedentes en el México moderno, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI ha dedicado el último medio año a promover una serie de medidas que no parecen estar a la altura de las necesidades. El nuevo sistema anticorrupción, por ejemplo, no contempla sanciones para la presidencia ni elimina el principal instrumento de la impunidad en México: el fuero. Tampoco compensa por los recientes nombramientos de dudosa parcialidad para ciertos puestos públicos, el deterioro de la libertad de expresión (la nueva edición del reporte Freedom of the Press de Freedom House le da a México su peor calificación en más de una década) y el desencanto electoral de grandes segmentos de la población con partidos políticos que prometen mucho y cumplen poco. Más que nunca, los mexicanos están convencidos de que el común denominador de los problemas nacionales es la corrupción, que no solo afecta el ámbito político sino que pone en riesgo el desarrollo social y económico del país, incluyendo la esperanza de que las recientes reformas estructurales cumplan sus metas.

Un equilibrio nocivo

Sin embargo, ante este diagnóstico acertado nos topamos con una incongruencia: en México la corrupción no solo es ámbito del gobierno y de los poderes fácticos sino de una gama muy amplia de la ciudadanía y el sector privado, que son tanto víctimas como también instigadores (por voluntad o necesidad). El nepotismo y compadrazgo son clásicos ejemplos; en ambos casos son tipos de corrupción arraigados a la dinámica social en México y donde los que dan favores también los reciben. Es aquí donde las definiciones clásicas de la corrupción quedan cortas. El Banco Mundial, por ejemplo, considera a la corrupción como “el abuso del poder público para el beneficio privado”. Esto claramente establece al estado como el agente (es decir, el beneficiado por la corrupción) y a la ciudadanía y el sector privado como el principal (la víctima de la corrupción). No es extraño que esta definición haya surgido en los años noventa, cuando la presunción de la benevolencia del principal era dada como un hecho por las corrientes antiestatistas de la era.

Bajo el modelo principal-agente –que lamentablemente todavía rige el debate político más no el académico donde ha sido rebasado– la solución contra la corrupción involucra fortalecer las instituciones para aumentar el costo de los actos de corrupción, como también cambiar los incentivos para premiar los actos de honestidad. Una clásica estrategia es aumentar las penas y subir los sueldos de los funcionarios. En México tenemos una larga trayectoria de “fortalecimiento institucional”, a tal grado que hemos firmado innumerables convenciones internacionales y promulgado cualquier cantidad de leyes con el propósito de robustecer el estado de derecho, pero la corrupción no parece disminuir. Frecuentemente se escucha a nuestros funcionarios presumir que tenemos muchas de estas leyes codificadas nada menos que en la misma Constitución, cosa que en pocos países ocurre. Sin embargo no nos preguntamos por qué en Singapur (o Noruega, o Nueva Zelandia, o Uruguay…) no necesitan hacerlo, pero aun así tienen instituciones que funcionan.

El problema con México es que nos encontramos en un equilibrio nocivo: la honestidad no reditúa cuando se presume que los demás son corruptos. Así pues, se recurre al nepotismo porque nadie le daría un puesto a alguien que rehúsa dárselos a otros. Se da la mordida porque que de otra forma un contrato se lo ganaría una empresa más dispuesta a darla. Y con respecto al más grande lastre de todos, la impunidad, perdonar las actividades ilegales o inmorales refuerza la regla no escrita de que algún día se nos perdonarían las nuestras. En todo país hay gente corrupta haciendo actos corruptos, pero la corrupción se vuelve sistémica cuando la gente buena llega a ser corrupta también (“el que no tranza no avanza” se vuelve la fórmula de éxito). Este constante cambio de roles entre agentes y principales deja claro que el problema de la corrupción en México es un problema de acción colectiva y no uno institucional que se pueda resolver con incentivos.

¿Hay una salida?

La experiencia histórica revela que las únicas políticas exitosas para el combate a la corrupción son aquellas que se dirigen y se imponen desde arriba, es decir desde la jefatura de estado y con la aquiescencia de la élite política (sea democrática o no). Rara vez perdura un esfuerzo por crear instituciones y leyes que intenten atarle las manos a la élite política sin que esta afloje los brazos por cuenta propia.

En Singapur se logró precisamente porque la ofensiva contra la corrupción se dirigió desde el primer ministro Lee y su gabinete, pero no es el único ejemplo. Hoy día China está emprendiendo una cruzada contra la corrupción que ha tenido cierto grado de éxito: incluso se estima que el país está perdiendo 1% de su PIB por la caída en el consumo de artículos y servicios de lujo producto de la corruptela. Hay que recordar también que Estados Unidos era uno de los países más corruptos del mundo industrializado en el siglo XIX, particularmente a nivel estatal y local. Sin embargo, una serie de reformas fueron promulgadas por el gobierno federal a partir de la década de 1880, que establecieron el voto secreto, una burocracia profesional, medidas anticlientelistas y tal vez la más importante, la famosa Acta Anti-Trust Sherman utilizada después por Teodoro Roosevelt para desmantelar los grandes monopolios que dominaban la economía (la lección para el gobierno mexicano es que los monopolios no se desmantelan solitos con pasar una ley o reforma).

Existe una perogrullada política que nunca deberíamos de olvidar: todas las instituciones son corruptibles. La diferencia entre México y Singapur es que la élite política en el segundo elige no corromperlas. Aunque podemos esforzarnos en crear mejores instituciones y leyes que en teoría le cierren los espacios a la actividad ilegal, de nada sirve si desde arriba se fomenta una cultura de corrupción e impunidad que nos mantiene en un equilibrio nocivo donde tanto agente como principal se vuelven cómplices por conveniencia. Es por eso que cualquier sistema anticorrupción de México fracasará hasta que llegue al poder un gobierno que dé la señal de tener un compromiso creíble con el estado de derecho. Un gobierno que se vista de blanco. O hasta que la ciudadanía y la sociedad civil encuentren la manera de vestirlo.

* Rodrigo D. Aguilera (@raguileramx) es Editor/Economista para Latinoamérica de Economist Intelligence Unit