Redacción Animal Político · 28 de febrero de 2025
En semanas recientes, la organización Transparencia Internacional con sede en Alemania publicó el Índice Anual de Percepción de la Corrupción (IPC), el ranking más utilizado en el mundo para evaluar a 180 países, con respecto a la percepción que personas expertas y empresarias tienen sobre la corrupción. 1 A pesar de que en México existen diversos mecanismos para denunciar y combatir actos de corrupción, la realidad es que la mayoría de las personas siguen sin identificar un cambio significativo que permita, con base en el IPC, reducir los niveles de corrupción. Por el contrario, México aumentó 4 lugares en el ranking, lo que implica que se perciba como un país más corrupto en función de años anteriores.
Sobre el IPC, como en cualquier otro índice, debe siempre revisarse su metodología para dimensionar su contenido y darle un valor justificado a sus premisas. Por ejemplo, el hecho de que un país aparezca en un lugar bajo de la lista no necesariamente implica que tiene más casos de corrupción que aquél que figure en un lugar más alto en la lista.
También es importante considerar que, para el IPC, el significado de la corrupción se limita a conductas muy específicas que, de manera enunciativa más no limitativa, implican: soborno, malversación de fondos públicos, nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos, falta de legislación y mecanismos que combatan posibles conflictos de interés en los cargos públicos o ausencia de mecanismos para proteger a quienes denuncian actos de corrupción, entre otros.
La puntuación de un país es el nivel percibido de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente percibido como corrupto y 100 sin percepción de presencia de actos corrupción. La clasificación o rango de un país es la posición en relación con los demás países del IPC. La clasificación puede cambiar simplemente si cambia el número de países incluidos en el índice. Por lo tanto, la clasificación o rango no es tan importante como la puntuación a la hora de indicar el nivel de corrupción en un país y, sobre todo, las observaciones que en particular hacen los entrevistados para ese ranking y la relación con años anteriores.
Para los efectos del IPC de 2025, con base a la metodología empleada, 2 las personas entrevistadas por Transparencia Internacional aún no logran identificar cambios significativos en materia de combate y eliminación de corrupción en México. Lo anterior puede ser resultado de diferentes causas, entre otras, que no se perciben avances relevantes derivado de la forma en la que las administraciones públicas en México comunican los resultados de la lucha contra la corrupción, sobre todo el gobierno federal.
Durante el 2024, México fue posicionado en el lugar 140 de los 180 países, rango obtenido por la calificación de 26 puntos. Es importante mencionar que cuando México fue evaluado durante el año de 2023 obtuvo una calificación de 31 puntos, colocándolo en el lugar número 136 de los 180 países evaluados. A continuación se incluye una gráfica 3 en el que se evidencia el desenlace del caso de México respecto a los puntuajes y calificaciones señaladas en el IPC elaborado anualmente por Transparencia Internacional.

Siguiendo la línea de ideas hasta ahora expuesta, a pesar de que el cambio de cuatro lugares podría ser marginal, sí es oportuno concluir que la tendencia de los últimos diez años en México obliga al gobierno mexicano a replantear el mecanismo y metodología para comunicar el significado de la corrupción y los avances encabezado por Secretarías de Estado enteras. Ello, con la finalidad de que sean entendibles y susceptibles de ser percibidos por la sociedad mexicana, particularmente para los empresarios y servidores públicos que pueden ser objetos de entrevista.
Los actores políticos y sociales que pueden contribuir a la tarea de percepción son variados, tanto para evidenciar los cambios, como los errores en el manejo de la denuncia, investigación o sanción de la corrupción. Una de esos actores son los órganos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, presidido por un Comité de Participación Ciudadana (CPC) que representa la voz de los ciudadanos y ciudadanas dentro del mencionado sistema.
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El pasado 7 de febrero, en la presentación del informe anual del CPC y cambio de la presidencia que encabezará la académica Vania Pérez Morales, la doctora dio visos de cómo la corrupción, y ya no solamente su percepción, puede combatirse de una manera más efectiva desde el Sistema Nacional Anticorrupción. En su plan de trabajo, 4 la recién designada presidenta ha decidido colocar a la ciudadanía como eje principal de sus acciones, y esto tiene una implicación relevante, pues volver parte del combate a la corrupción a la ciudadanía permitirá sumar esfuerzos e involucrarlos en procesos significativos en los que recibirán un beneficio directo al vivir en un país libre de corrupción, ya que esto mejorará a su vez la calidad de vida de la ciudadanía.
Pérez Morales señaló como áreas estratégicas que definirán el curso del plan de trabajo la atención a las víctimas de la corrupción a través del diseño de estrategias y acciones que restituyan los derechos afectados, la profesionalización de la administración pública mediante la implementación de iniciativas que fortalezcan las capacidades institucionales que se manifiesten en servidores públicos éticos, la prevención de la corrupción mediante programas de ética e integridad y el fomento de gestión de denuncias a través de la creación y fortalecimiento de mecanismos para denunciar actos de corrupción que sean seguros, así como un seguimiento efectivo de los casos que sean reportados.
Es crucial que México, a través del SNA, las autoridades competentes y la sociedad civil organizada, unan esfuerzos y mantengan su enfoque en la lucha contra la corrupción, promoviendo la rendición de cuentas y mejorando la transparencia en todos los niveles de gobierno. Una de esas autoridades es la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, anteriormente la Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy a cargo de Raquel Buenrostro.
Los beneficios del combate a la corrupción se manifiestan a través de implicaciones prácticas: perfeccionar la recaudación de impuestos, dotar de confianza a la ciudadanía respecto a las instituciones gubernamentales y fortalecer el estado de derecho, entre otros. Además, desde el punto de vista de negocios, un país con bajos niveles de corrupción suele ser la opción preferida para recibir capital e inversión extranjera, lo cual a su vez genera fuentes de empleo para los habitantes de dicho país. De ahí la importancia de vivir en un país libre de actos de corrupción.
Te sugerimos consultar nuestros comentarios respecto al IPC anterior, disponible para consulta en nuestro blog anticorrupción: ¿Cómo van los niveles de corrupción en México? | DLM .
* Carlos G. Guerrero Orozco es abogado y maestro en gobierno y administración Pública. Cofundador y presidente de DLM. También es socio de la firma de abogados López Melih y Estrada. Frida del Mar López Badillo es abogada y profesora de Antropología Jurídica en la Escuela Libre de Derecho. Colabora en DLM desde el 2020. También es asociada en el área de derecho regulatorio en la firma Sámano Abogados.
1 Organización internacional no gubernamental encargada de promover medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Transparencia Internacional, a través de sus capítulos en la mayoría de los países del mundo, coordina anualmente la elaboración del Índice de Percepción de la Corrupción.
2 Para calcular el IPC se siguen los siguientes pasos:
3 Gráfica consultada el 11 de febrero de 2025 en Corruption Perceptions Index 2024 – Transparency.org