¿Cómo impacta la visión patriarcal de la seguridad a las mujeres en México?

Este 8 de marzo en las avenidas principales de muchas entidades del país saldrán miles de personas en protesta por los derechos que no han sido garantizados a las niñas, adolescentes y mujeres. Las protestas van en razón de diversas exigencias, muchas de ellas relacionadas con la seguridad. Las personas que acuden a la marcha, también recuerdan a través de fuertes reclamos al Estado por la muerte de aquellas que ya no están o que han sido desaparecidas.

El Estado Mexicano ha sido omiso ante la implementación de una política de seguridad con perspectiva de género e incluyente. ¹

La violencia de género en México forma parte de la cotidianidad de las niñas, adolescentes y mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 64.8 % de las mujeres consideraron que era inseguro vivir en la ciudad en el último cuatrimestre del 2023 (esto sin considerar a las niñas y adolescentes). Lo que nos lleva a lo siguiente: la seguridad que nos proporciona el Estado es insuficiente y no atiende problemáticas que se han desarrollado a través del tiempo, en razón de género.

El Estado debería atender la violencia de la que cada niña, adolescente o mujer es víctima, y la manera en la que incide en el desarrollo de su proyecto de vida y en la garantía de sus derechos. Además, debe atender la forma en la que perpetra en todos los ámbitos de su vida, e inclusive pone en riesgo su integridad.

La seguridad, en su concepción más clásica, parte desde una perspectiva de la masculinidad hegemónica, que últimamente se ha relacionado estrechamente y en mayor medida con el militarismo, pues conceptos como la salvaguarda, el orden público, y el punitivismo han sido planteados desde lo que el hombre puede hacer para “proteger”, “mantener” y “vengar”, si su esfera personal es afectada.

La seguridad en la que hoy día las mujeres se ven inmersas en México se ha edificado con estrategias y políticas públicas planteadas para el beneficio de los hombres que, antes de 1955, eran los únicos considerados como ciudadanos. Por lo tanto, el sistema de seguridad actual aún trae consigo partes y una estructura formada desde su perspectiva y necesidades. Es así que las niñas, adolescentes y mujeres se ven inmersas en un sistema denominado como “protector”, pero que de fondo es punitivo y se encuentra militarizado. En el que además cualquier cambio que quiera hacerse se ve como alteración al orden y a la paz públicos.

Por ello actualmente la perspectiva de género está fuera del radar y de la construcción del sistema. Es de esta manera en la que, por ejemplo, las y los legisladores cuando se enfocan en la protección de los derechos de las mujeres, terminan impulsando dinámicas punitivistas, como las propuestas de penas elevadas, desproporcionadas y desmedidas que son imposibles de cumplir para una persona sentenciada. Dejando de lado acciones que pueden atender de manera estructural y contribuir a una seguridad pública.

A esto se suma que la militarización de la seguridad en México es una situación de alarma que diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido, pues las graves violaciones de derechos humanos a las que pueden estar sujetas las mujeres se sustentan en casos como Inés Fernández y el caso de Atenco, dos casos de mujeres víctimas de violencia sexual perpetrada por las fuerzas armadas. En cuanto a estadísticas, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, el 0.3 % de las mujeres de 15 años en adelante fueron violentadas por militares o marinos a lo largo de su vida. En ese mismo porcentaje fueron violentadas pero durante los últimos doce meses de haberse realizado la encuesta.

Por lo tanto, es necesario hacer una reconstrucción integral de la política pública que nos ha regido por décadas y que no está siendo efectiva. Tomando en cuenta a distintos sectores sociales, poniendo énfasis en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y siendo conscientes de las dinámicas de inclusión y exclusión que forman parte del concepto de seguridad. También es necesario tener en cuenta la interseccionalidad que permita integrar no sólo al género, sino también a la etnicidad, la raza, la clase social y otros puntos de intersección que hacen de la vivencia de la seguridad de una niña, adolescente o mujer, algo distinto para todas y cada una de ellas, dando como resultado un concepto de seguridad con perspectiva de género e incluyente, que vele por atender problemáticas estructurales desde los diversos niveles de gobierno, pues cada uno está en posibilidades de incidir desde sus atribuciones en dicha nueva creación.

* Noemí Núñez es abogada en el área de Litigio estratégico en México Unido Contra la Delincuencia A. C. (@MUCDOficial). Abogada por la FES Acatlán-UNAM. Actualmente se enfoca en la construcción de estrategias jurídicas en materia de seguridad y política de drogas. Colaboró en el área jurídica de ASILEGAL A.C., en el tema de personas privadas de libertad y ejecución penal. Le encantan los mapaches y los lugares con árboles.

¹ Arlene B. Tickner, El concepto de la seguridad: aportes críticos, Friedrich Ebert Stiftung, 2020, Bogotá, Colombia.