blogeditor · 10 de agosto de 2020
Cuando en 1995 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), México venía reduciendo su tasa de homicidios violentos. Tuvo este país hace un cuarto de siglo lo que parecía ser una oportunidad inestimable para profesionalizar sus políticas públicas e instituciones responsables de reducir las violencias.
Hoy día es difícil que alguien se acuerde para qué sirve ese Sistema, más allá de un par de veces al año cuando se reúne el Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano de Estado rector en la materia, de donde no ha salido siquiera un intento de interpretación profunda, sólida, informada y soportada en evidencia que nos explique cómo es que México se convirtió en un laboratorio de atrocidades que ya hacen parte del día a día.
Cuando nació el SNSP, los asesinatos venían a la baja; en cambio, en este siglo México se colocó entre los países con la más pronunciada alza en la tasa de homicidios violentos. La disfuncionalidad del Sistema representa fielmente lo que el experto argentino Marcelo Saín llamó “desgobierno político de la seguridad”, mismo que se caracteriza por la renuncia del poder civil electo a encabezar las políticas de seguridad, transfiriendo la responsabilidad a las instituciones policiales y militares.
La disfuncionalidad del SNSP fue la puerta de entrada que el Estado mexicano dio a la fase superior de la militarización de la seguridad. Ahora la presidencia de la República nos dice que, si habrá seguridad, será gracias a la intervención militar, distribuida entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, instituciones que reportaron en julio pasado una fuerza operativa de 210 mil efectivos en tareas de seguridad pública, mientras que con Calderón la cifra de efectivos militares en tales tareas era poco más de 50 mil.
La narrativa hegemónica en torno a la seguridad y la reducción de las violencias se construye ahora en las mañaneras del Presidente, donde vemos relatado el avance en la ocupación militar del país en este doble fenómeno de militarización y militarismo.
De la prevención de las violencias y la delincuencia, vaya, ni siquiera existe la palabra en el discurso presidencial, luego de que el propio SNSP se encargó de asfixiar cualquier oportunidad del programa en la materia que se publicó en el 2014.
Como tantas y tantas leyes e instituciones que se han venido creando sin pasar por el filtro de la eficacia y la legitimidad.
Qué hacemos con las violencias en México, cuando en un cuarto de siglo de distribución irrefrenable de fondos para la seguridad pública el Estado ni siquiera ha producido un relato serio, informado, especializado, abierto, dialogante, crítico y autocrítico que nos explique qué le pasó al país y cuál es la vía para reducir las violencias.
Ya lo he dicho, quien tenga dudas de esta afirmación, asómese a los programas sexenales en la materia y pondere la calidad de tres aspectos: el diagnóstico, la evidencia empírica incluida en el mismo y la teoría de cambio. Compruebe usted que el Estado mexicano, al menos mirado desde lo que se supone es su programa rector especializado, no se toma la molestia de comprobar qué funciona y qué no funciona en la reducción de las violencias, de la delincuencia y del temor.
¿Todo esto quiere decir que no hay ejemplos de reducción de las violencias? Desde luego que no; quiere decir que al Estado mexicano no le interesa documentar los esfuerzos prometedores o exitosos, a pesar incluso de haber sido documentados por gobiernos locales, la academia o las organizaciones de la sociedad civil. La resistencia de Estado, vista de cara a cinco sexenios sucesivos, es doble: reproduce políticas e instituciones que no pueden comprobar su funcionalidad para construir entornos seguros y crea barreas políticas que impiden visibilizar y replicar los casos donde se han logrado avances.
Por eso nos vamos a preguntar públicamente y desde múltiples enfoques si la seguridad ciudadana es posible. Nos vamos a preguntar qué hacemos ante un Estado roto en sus capacidades de rendir cuentas, evolucionar y aprender a construir la paz. Nos vamos a preguntar si otro mundo es posible, identificando lo que reproduce, agudiza y normaliza las violencias, desde enfoques transversales de derechos humanos, género, feminismos, interculturalidad y sustentabilidad, visibilizando otras voces y otras miradas, para así dejar ver las historias que colocan en el centro a las poblaciones más violentadas.
Vamos a visibilizar los relatos silenciados y excluidos históricamente desde una narrativa oficial y hegemónica de la seguridad, que se reproduce a sí misma, donde el aparato de Estado pervive, aún sin merecer confianza social para denunciar, mucho menos para proteger a las víctimas, no se diga para investigar los delitos, incluyendo las atrocidades a manos de actores no estatales muchas veces vinculados al propio Estado.
Y sin duda una de nuestras más importantes preguntas será precisamente si las políticas de seguridad están orientadas a proteger a la gente, o en realidad su incentivo principal está asociado a garantizar el dominio de los proyectos políticos y económicos articulados al Estado.
Todo esto sucederá en las Jornadas por la seguridad ciudadana, otras voces, otras miradas, convocadas por los seis programas de @IncidenciaIbero. Desde el lunes 17 y hasta el lunes 24 de agosto, todos los días de las 11 a las 13 horas, reunidas 30 voces tratando de responder decenas de preguntas que el discurso hegemónico ha colocado al margen.
Invitadas están todas las personas que, de cara a las violencias, creen que otro mundo es posible y trabajan por ello. Por aquí toda la información @PSC_IBERO.