Los peligros de migrar: violencias contra personas migrantes en México

Desde sus orígenes, la Fundación para la Justicia ha acompañado a familiares de personas migrantes que han sufrido de graves violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada, ejecuciones y masacres a manos de actores estatales y no estatales. Esta experiencia ha permitido a la Fundación no sólo la documentación de estas atrocidades, sino también trabajar en conjunto con las familias y autoridades para buscar el acceso a la justicia, exigir la verdad de los hechos, obtener una reparación del daño y garantizar la no repetición.

Uno de los problemas que existen al tratar de buscar soluciones es que no existe un registro oficial confiable de violencias contra la población migrante. Si bien la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación lleva un registro, éste dista de reflejar la realidad: para 2025 reportó que 35 personas migrantes en situación irregular sufrieron algún delito en el país. ¹ Estos registros se basan en declaraciones de migrantes hechas antes de ingresar a estaciones migratorias, pero es necesario considerar que la mayoría de ellos no denuncian ante las autoridades debido al temor de ser detenidos y deportados, sumado a que no todas las personas migrantes son detenidas, por lo que estas cifras están muy alejadas de la realidad. ²

Por esa razón, desde la Fundación nos propusimos tratar de acercarnos a la realidad de violencias múltiples que sufren las personas migrantes en territorio mexicano, mediante un ejercicio de monitoreo de prensa de alcance nacional. Este monitoreo se realizó a partir de una búsqueda en medios digitales durante todo 2025 a partir de palabras clave sobre distintas violencias que sufren los migrantes. Si bien este ejercicio tampoco permite llegar a una cifra exacta, resulta más útil para identificar patrones y casos relevantes que el registro gubernamental.

Encontramos que, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, hubo al menos 1,236 hechos de violencia en contra de personas migrantes, de los cuales 457 fueron secuestros, 352 casos de tráfico de personas, 144 casos de hacinamiento, 75 accidentes, 65 extorsiones, 59 robos o asaltos, 43 casos de trata de personas, 16 desapariciones y 11 asesinatos. ³

La mayoría de los hechos violentos identificados se concentró en los estados de Chihuahua (433), Coahuila (217), Chiapas (167), Durango (128), San Luis Potosí (87), Oaxaca (38), Ciudad de México (32), Guanajuato (28), Quintana Roo (23) y Jalisco (19). Estas entidades forman parte de las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos. 

En total se identificaron 1,191 víctimas migrantes, de las cuales se especificaba que 139 eran mujeres, 158 eran hombres y 47 eran menores de edad. ⁴ El mes con el mayor número de víctimas fue septiembre (379), debido a tres hechos masivos (ubicación de tráileres con más de 100 migrantes en situación de hacinamiento y abandono). ⁵

Sólo fue posible identificar la nacionalidad de 701 personas migrantes. De ese total, 30.4 % provenían de Guatemala, 29.4 % eran de origen mexicano, ⁶ 14.1 % eran de origen cubano, 5.3 % eran de nacionalidad ecuatoriana y 4.6 % de la India. En menor porcentaje también destacan víctimas de origen venezolano, colombiano, haitiano, chino y hondureño.

En 60 de las 101 notas identificadas fue posible caracterizar a los presuntos perpetradores de las violencias: en 32 se hizo referencia a secuestradores; en 14, a traficantes de personas; en 5, a tratantes de personas, y con menor frecuencia a asaltantes, extorsionadores, elementos de la Guardia Nacional, elementos de las policías estatales y municipales, y funcionarios del Instituto Nacional de Migración (8 % corresponden a actores estatales).

Estos datos muestran sólo una parte visible del problema, pero ante la falta de denuncias es difícil estimar la amplitud de las violencias. No obstante, este ejercicio de monitoreo nos acerca un poco más a la realidad para exigir a las autoridades la atención de la violencia contra personas migrantes, ya que se ha estimado que la impunidad en los delitos cometidos contra esta población es de alrededor del 99 %.

En un contexto de criminalización persistente de la migración, es imprescindible recordar que todas las personas en territorio mexicano gozan del derecho a la integridad y seguridad personal, con independencia de su origen y condición migratoria. Por lo que es obligación del Estado prevenir y atender los fenómenos de violencia contra las personas en situación de movilidad, especialmente grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, el Estado no sólo ha sido omiso en prevenir la violencia contra las personas migrantes, sino que también ha sido cómplice al actuar, muchas veces, directa o indirectamente en la comisión de las violencias, ya sea a través de las Fuerzas Armadas, la colusión con grupos criminales o mediante políticas migratorias restrictivas y discriminatorias. También la falta de investigación es una omisión estatal que ha favorecido la impunidad y la repetición de violencias. Recordemos los tres casos de desapariciones masivas ocurridas en 2024, en Chiapas, en los que se desconoce el paradero de 83 migrantes y los cuales siguen sin investigarse.

Aunque la política migratoria impuesta por Trump ha disminuido drásticamente el intento de cruce de fronteras, la migración forzada persiste y sigue siendo aprovechada por grupos delincuenciales para la comisión de delitos. Es una realidad que no se registra y no es atendida por el Estado.

En la práctica, hemos observado el olvido y el desinterés hacia las víctimas. Hace unas semanas se premió a Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración, con un nuevo nombramiento. La noticia fue recibida con indignación por los sobrevivientes y familiares de los 40 migrantes fallecidos en el incendio de la estación de Ciudad Juárez en 2023. Con ello se mandó un mensaje claro: los hechos violentos contra la población migrante continuarán con total impunidad.

* Raúl Rosales Ochoa es investigador de la Fundación para la Justicia (@FJEDD).

 

¹ De acuerdo con el boletín, los delitos reportados por personas migrantes fueron: retención ilegal (3), robo a personas (4), secuestro (11), otros actos contrarios a las leyes u otras disposiciones sobre menores (3), trata de personas con otros fines (13) y violación (1).

² Es importante mencionar que la cifra negra en delitos contra migrantes está limitada al reporte de migrantes registrados o vivos, pero debe considerarse que este indicador incluye también casos de muertes y desapariciones en las que no existe alguien que las reporte, debido a que las familias están en su país de origen.

³ En total se identificaron 101 notas de prensa digital que hicieron referencia a, al menos, un hecho de violencia en contra de personas migrantes.

⁴ En el resto de las víctimas no fue posible identificar su sexo o edad, debido a que la nota no lo mencionaba.

⁵ Cada nota pudo reportar varios hechos violentos en contra de una víctima, por lo que es correcto observar un mayor número de violencias que de víctimas.

⁶ En el caso de las personas identificadas como mexicanas, casi todas ellas fueron víctimas de algún tipo de violencia junto con otras víctimas migrantes de otras nacionalidades en tránsito hacia Estados Unidos, a excepción de dos casos en el que las personas retornaban de dicho país al momento de sufrir alguna violencia.