Violencia y justicia reproductiva
Redacción Animal Político · 24 de noviembre de 2025
En México no existen condiciones para que las mujeres puedan tomar decisiones en torno a su vida reproductiva de manera libre y sin discriminación, porque cotidianamente enfrentan violencia institucional y de género.
A las niñas y adolescentes que cursan un embarazo producto de violación se les niega o retrasa el acceso al aborto; a quienes desean interrumpir su embarazo, se les criminaliza; el maltrato normalizado en la salas de parto y las muertes maternas por causas prevenibles son un grave problema enraizado en las fallas estructurales del sistema de salud; la falta de una regulación integral para el acceso a servicios de reproducción asistida provoca actos arbitrarios, y la feminización de los cuidados dificulta la conciliación de la vida laboral y la reproductiva.
A pesar de los avances legislativos y judiciales, quienes deciden abortar son denunciadas, la mayoría de las veces por el personal de las instituciones de salud que, por desconocimiento o prejuicio, condiciona la atención médica a requisitos injustificados y ejerce presión para conocer las circunstancias específicas de la interrupción, dejando en segundo plano las responsabilidades de brindarles atención y consejería.
En el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio imperan los regaños, las burlas, las humillaciones, las intervenciones médicas injustificadas y la falta de información. Datos de la ENDIREH 2021 señalan que 30.9 % de las mujeres en edad reproductiva que informaron haber tenido al menos un parto en los últimos cinco años experimentaron violencia obstétrica; quienes viven con discapacidad la enfrentaron con mayor frecuencia, particularmente en forma de gritos, regaños y presión para aceptar procedimientos anticonceptivos o ser esterilizadas.
En el extremo de este tipo de violencia se encuentran las muertes maternas prevenibles, que ocurren en un contexto de desigualdad en el acceso a la atención obstétrica. Las entidades federativas donde hay más casos son las que presentan mayores índices de rezago social y de población indígena. Esto evidencia el impacto diferenciado de las fallas estructurales del sistema de salud: las personas que viven en situación de pobreza y marginación tienen que recorrer largos trayectos para acudir a centros de salud que se encuentran en malas condiciones, no cuentan con personal médico de base ni con intérpretes de lenguas indígenas, y donde suelen recibir actitudes discriminatorias por parte del personal médico.
Por otra parte, quienes presentan un problema de salud o no pueden lograr un embarazo sin asistencia, tienen que recurrir a servicios de reproducción asistida, pero la falta de un marco normativo integral que regule, a nivel general, el acceso a estos procedimientos y su práctica ha provocado que sean víctimas de actos arbitrarios. Un caso acompañado por GIRE y que fue resuelto por la SCJN es ejemplo de ello. A una mujer derechohabiente del ISSSTE se le negó el acceso a servicios de reproducción asistida debido a criterios discriminatorios. La Corte declaró inconstitucionales requisitos como la edad límite, que las personas beneficiarias sean una pareja o estén en una unión con reconocimiento legal y el no tener enfermedades genéticas heredables a su descendencia. Decisiones como ésta, además de sentar precedentes para orientar a los tribunales de todo el país en la resolución de casos similares, contribuyen a frenar la violencia institucional que obstaculiza el ejercicio de los derechos reproductivos.
Otra manifestación de las múltiples violencias en contra de las mujeres, y que está profundamente arraigada en los estereotipos de género, es la distribución desigual del trabajo de cuidados. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, ellas dedican 3.2 veces más tiempo que los hombres a la limpieza, la preparación de los alimentos, los cuidados familiares, entre otras labores no remuneradas. Esta carga desproporcionada les dificulta conciliar la vida laboral y la reproductiva, y condiciona sus decisiones respecto a tener hijes y cuándo, sobre todo si carecen de recursos, tiempo y redes de apoyo para atender las responsabilidades en torno a los cuidados.
En el marco del #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, visibilizar las violencias que atraviesan el ejercicio de los derechos es prioritario para avanzar hacia la justicia reproductiva. Y este avance implica, a la vez, que el Estado genere las condiciones políticas, sociales y económicas que permitan a las mujeres determinar su destino reproductivo en libertad y sin discriminación.