Violencia vicaria: cuando el Poder Judicial se convierte en arma

La violencia vicaria es una forma de violencia de género que se ejerce específicamente contra mujeres madres. No es un simple conflicto familiar ni una disputa por la custodia. Ocurre cuando, tras una separación, el agresor utiliza a hijas e hijos como herramientas para castigar, controlar o destruir emocionalmente a la mujer que decidió poner fin a la relación. Es una modalidad de violencia que responde a una lógica patriarcal: si ya no puede ejercer dominio directo sobre ella, lo hará a través de lo que más le duele —sus hijas e hijos—, y con frecuencia lo hará usando al Estado y sus instituciones como aliados voluntarios o involuntarios.

Lo que convierte a la violencia vicaria en una modalidad de violencia de género no es solo quién la padece, sino por qué y cómo se ejerce: ocurre como castigo a una mujer por haber ejercido su autonomía, se apoya en estereotipos de género y se perpetúa gracias a desigualdades estructurales —económicas, jurídicas y culturales— que permiten a quien tiene más poder legal o económico prolongar el daño desde los propios tribunales.

No se trata de una guerra entre mujeres y hombres, sino de una asimetría estructural de poder: quien cuenta con mayores recursos económicos, políticos o sociales, puede manipular el sistema judicial para castigar a quien decidió romper el vínculo. En ese fuego cruzado, las más afectadas son las infancias, rehenes emocionales de un conflicto que no eligieron.

En Nuevo León, decenas de familias viven atrapadas en procesos legales sin fin: custodias suspendidas sin justificación clara, visitas supervisadas, denuncias penales como represalia, incumplimientos de pensiones alimentarias, convenios ignorados y resoluciones judiciales que rara vez priorizan el interés superior de la niñez.

Quien tiene dinero y poder no busca justicia: busca venganza. Aprovecha las brechas legales, el desconocimiento institucional y la falta de perspectiva de género para mantener el conflicto vivo. No es amor ni cuidado genuino; es dominación disfrazada de disputa legal. Es violencia.

La violencia vicaria no comienza en los juzgados, pero ahí se legaliza y se vuelve interminable. La vida cotidiana se transforma en un campo minado: cumpleaños, festividades, consultas médicas, decisiones escolares… todo se vuelve objeto de disputa. La vida de niñas, niños y de quien se atrevió a salir de esa relación queda secuestrada en un pleito que solo quien tiene dinero o poder puede sostener.

Las instituciones que deberían proteger muchas veces fallan o se vuelven cómplices. Defensorías Públicas rebasadas, jueces y juezas que prefieren mantenerse “neutrales” aunque haya patrones de violencia evidentes. Argumentan que los procesos deben seguir su curso, que así de tardados son los juicios en México y que “no pueden intervenir” hasta que todo esté demostrado.

Lo mismo se decía décadas atrás sobre la violencia familiar, incluso habiendo violencia física de por medio: que eran solo “problemas de pareja”, “asuntos privados”. Hoy, esos mismos argumentos se repiten ante la violencia vicaria: “tú lo elegiste como papá”, “pónganse de acuerdo”.

Mientras tanto, niñas y niños aprenden a vivir en guerra. Crecen en medio de versiones enfrentadas, audiencias eternas y la incertidumbre de saber quién ganará la próxima batalla legal. Aprenden que el afecto depende de lo que diga un juez, que el cuidado se litiga, y que sus emociones importan menos que las estrategias legales de quien puede pagar una defensa más agresiva.

La violencia vicaria en Nuevo León no son solo custodias disputadas o denuncias cruzadas. Es el daño invisible: ansiedad, miedo, culpa y la normalización de la violencia como lenguaje familiar. Es el uso del poder patriarcal para destrozar no solo a la mujer que se fue, sino también a los vínculos más significativos que ella tiene: sus hijas e hijos. Cientos de niñas y niños son afectados emocionalmente por un pleito sin final porque las instituciones no saben —o no quieren— detener a quienes usan su dinero y su poder para destrozar vidas.

Porque sí, el sistema lo permite. El Centro Estatal de Convivencia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León mantiene un inmenso número de casos reales que involucran a menores cuyos derechos están siendo vulnerados por una violencia, un pleito jurídico que no terminará sino hasta que cumplan 18 años.

Todas las autoridades lo ven, y nadie hace nada.

La violencia vicaria debe ser nombrada, perseguida y sancionada como lo que es: una forma de violencia de género, una estrategia patriarcal que utiliza al Estado para seguir violentando.

Es urgente mejorar desde la raíz: mecanismos de prevención, justicia con perspectiva de género, cultura de la paz y métodos alternos. Todas las autoridades tenemos responsabilidad en garantizar que las infancias y adolescencias de Nuevo León no crezcan entre expedientes, sino en entornos de afecto y dignidad.

Mi reconocimiento siempre a las madres que luchan por sus hijos e hijas, este sistema les ha fallado. La omisión es complicidad.

* Greta Barra es diputada local en García, Nuevo Léon. Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y vicepresidenta de la Comisión de Juventud. Psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, activista feminista, defensora de derechos humanos y mujer joven ocupando la política. Su trayectoria laboral ha sido en la Administración Pública Estatal y se ha especializado en temas como estudios de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, violencia contra las mujeres, participación ciudadana y cultura de paz.