10 de mayo: las madres que el Estado abandonó

Por: Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública
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La última vez que María escuchó la voz de sus hijos fue a través de una llamada que duró menos de un minuto. “Mamá, ya no te podemos ver porque tú estás enferma”, le dijo el niño antes de que alguien interrumpiera la conversación. Después vino el silencio. Un silencio que llenó la casa, pero también la vida de una mujer que entendió demasiado tarde que denunciar la violencia no siempre significa encontrar protección.

María acudió a las autoridades después de años de agresiones psicológicas, amenazas y control económico ejercidos por su expareja. Pensó que el Ministerio Público, los juzgados familiares y las instituciones encargadas de proteger a las mujeres funcionarían como un refugio frente a la violencia de género. Lo que encontró fue exactamente lo contrario: funcionarios que minimizaron lo ocurrido, personal institucional que le sugirió “arreglarse con el papá de sus hijos”, audiencias donde se le cuestionó más a ella que al agresor y resoluciones judiciales que privilegiaron una supuesta convivencia familiar sin analizar el contexto completo de violencia.

Mientras el expediente avanzaba lentamente entre omisiones, burocracia y criterios sin perspectiva de género, sus hijos comenzaron a rechazarla. Repetían frases que nunca habían usado antes: “Mi papá dice que nos abandonaste”, “Tú destruiste a la familia”, “Ya no queremos verte”. La violencia ya no ocurría únicamente dentro de la relación de pareja; ahora utilizaba a las niñas y niños como instrumentos para destruir emocionalmente a la madre.

Eso es la violencia vicaria: una de las formas más crueles de violencia de género porque instrumentaliza el amor y convierte los vínculos afectivos en armas de control. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce esta modalidad como “cualquier acto u omisión cometido contra una mujer utilizando como medio a sus hijas, hijos o personas cercanas para causarle daño psicológico, emocional o físico”. Sin embargo, entre lo que establece la ley y lo que viven miles de mujeres en México existe un abismo.

Porque el problema no es solamente jurídico. Es estructural. Sistémico. Cultural. Y ocurre en todo el país, independientemente del partido político que gobierne cada entidad. Sucede en fiscalías, en sistemas DIF, en ministerios públicos, en centros de convivencia familiar y también en juzgados familiares donde todavía existen operadores incapaces de comprender que la violencia de género no puede tratarse como un simple “problema de pareja”. Ese es el verdadero tamaño de la tragedia: cuando el Estado, que debería convertirse en un muro de contención frente a la violencia, termina funcionando como un amplificador de esta.

Las cifras ayudan a dimensionar el tamaño del problema. ONU Mujeres advierte que casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida. En México, la Red Nacional de Refugios informó que durante 2024 más de 24 mil mujeres y sus hijas e hijos solicitaron protección frente a contextos de violencia machista. Detrás de esos números existen miles de historias atravesadas por amenazas, manipulación emocional y procesos judiciales desgastantes. La UNAM ha advertido que la violencia vicaria constituye una violación grave a los derechos humanos de las mujeres y provoca afectaciones profundas en niñas, niños y adolescentes, quienes muchas veces crecen normalizando dinámicas de violencia y chantaje emocional dentro de sus familias.

Y quizá eso sea lo más alarmante: las consecuencias rara vez terminan cuando concluye un juicio. La violencia vicariadeja secuelas emocionales profundas en las mujeres, pero también en las hijas e hijos utilizados como herramientas de agresión. Hay madres que desarrollan ansiedad severa, depresión o estrés postraumático después de pasar años luchando por recuperar el vínculo con sus hijos. Hay niñas y niños atrapados entre discursos de odio y conflictos judiciales que nunca debieron cargar sobre sus hombros.

Pero además existe una realidad todavía más preocupante: la violencia vicaria suele ser antesala de otras formas de violencia extrema, incluido el feminicidio. Detrás de un agresor que amenaza constantemente con quitarle los hijos a una mujer o que utiliza procesos judiciales para desgastarla emocional y económicamente existe una lógica de control absoluto. Una lógica donde la mujer deja de ser percibida como persona y se convierte en un territorio sobre el cual ejercer dominio. Por eso resulta tan peligroso minimizar las señales y tan grave que todavía existan autoridades incapaces de identificar riesgos feminicidas.

Desde Inteligencia Pública creemos que México necesita avanzar hacia una verdadera profesionalización de todas las instituciones encargadas de atender esta problemática. No hablamos de cursos superficiales ni de capacitaciones simbólicas que únicamente sirven para cumplir indicadores administrativos. Hablamos de construir perfiles especializados y permanentes en materia de violencia de género, salud mental, derechos humanos y protección integral de niñas, niños y adolescentes. Necesitamos ministerios públicos capaces de comprender la dimensión psicológica de la violencia vicaria; jueces familiares que analicen contextos completos de violencia y no solo expedientes aislados; peritos verdaderamente especializados y procuradurías de protección que prioricen el interés superior de la niñez.

También es indispensable construir mecanismos efectivos para sancionar a quienes ejercen violencia vicaria. Sí, debe existir consecuencia penal y sanción económica cuando corresponda, pero si el objetivo es romper ciclos de violencia el enfoque no puede agotarse únicamente en el castigo. México necesita avanzar hacia medidas restaurativas que incluyan procesos obligatorios de sensibilización, terapias psicológicas especializadas y mecanismos de reeducación emocional para agresores. No como sustitución de la sanción legal, sino como parte de una estrategia integral orientada a disminuir la reincidencia.

Y del otro lado están las víctimas: las madres, las hijas y los hijos que intentan reconstruir su vida después de años de desgaste emocional y violencia institucional. Porque después de la violencia no basta con sobrevivir. Hay que recuperar proyectos de vida, estabilidad emocional y derechos vulnerados. Por eso es urgente garantizar atención psicológica gratuita y especializada, acompañamiento jurídico integral y políticas públicas enfocadas verdaderamente en la restitución de derechos.

Quizá ahí radica una de las mayores contradicciones del país. Mientras cada 10 de mayo México se llena de flores, restaurantes abarrotados y discursos institucionales sobre el amor a las madres, miles de mujeres viven maternidades atravesadas por el miedo, la ausencia y la violencia. Hay madres que pasan años enteros peleando por volver a abrazar a sus hijos. Hay víctimas a quienes el sistema les pidió pruebas imposibles mientras sus agresores avanzaban utilizando exactamente aquello que más aman.

Tal vez el mayor fracaso de un país no sea solamente la violencia que ocurre todos los días. Tal vez el verdadero fracaso aparece cuando las instituciones observan esa violencia y deciden no verla. Y quizá la deuda más grande de México con las madres no sea felicitarlas un día al año, sino garantizarles, de una vez por todas, el derecho a vivir sin miedo.