Norma, Fátima, Lucía y Susana

En el marco del Día Internacional de la Niña es importante hablar sobre uno de los movimientos más relevantes en la defensa de los derechos de niñas y adolescentes en América Latina: “Son niñas, no madres“. Iniciado con una campaña en 2016, ha sido una respuesta a la crisis que enfrenta la región respecto a la violencia sexual y las maternidades forzadas, generando una conversación crucial entorno a la garantía de sus derechos reproductivos.

En un contexto donde las niñas son sometidas a continuar con embarazos no deseados, producto de violaciones, este movimiento alza la voz para visibilizar las fallas de los Estados de la región en proteger a las infancias. Desde su creación “Son niñas, no madres” ha impulsado estrategias legales y de comunicación que exponen la inacción de los Estados, obligándolos a enfrentar la realidad: niñas que deberían estar viviendo su infancia son forzadas a convertirse en madres debido a leyes restrictivas y a la falta de acceso a servicios esenciales como el aborto legal.

En 2019, cuatro organizaciones —el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala) y Surkuna (Ecuador)— llevaron los casos de cuatro niñas víctimas de violencia sexual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Norma, Fátima, Lucía y Susana, niñas entre 10 y 14 años de Ecuador, Guatemala y Nicaragua, fueron obligadas a continuar con embarazos producto de violaciones, a pesar de expresar claramente su deseo de interrumpir esos embarazos.

Sus historias nos recuerdan que detrás de cada estadística de maternidad infantil forzada hay vidas reales, sueños truncados y futuros arrebatados. Niñas que deberían tener la oportunidad de estudiar, jugar y disfrutar de su niñez son obligadas a asumir una maternidad no deseada.

Los casos de Norma, Fátima, Lucía y Susana representan a miles de niñas que enfrentan esta situación en América Latina. Las organizaciones que decidieron llevar estos casos a Naciones Unidas lo hicieron con una razón clara y contundente: los estándares que se crean en el Comité de Derechos Humanos son vinculantes para los países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En América Latina y el Caribe, 30 de 33 países han ratificado este Pacto y, en todo el mundo 173 Estados están obligados a cumplirlo.

La intención de presentar sus casos ante el Comité va más allá de la condena de los Estados de Ecuador, Guatemala y Nicaragua. Se busca generar un cambio global que proteja a las niñas y que obligue a más de 170 países a garantizar los derechos humanos de las infancias tales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a no ser sometidas a tratos crueles, a la igualdad y no discriminación, a la vida privada, y a la posibilidad de acceder a servicios de salud como el aborto.

Al presentar estos casos ante el Comité de Derechos Humanos se exige que los Estados se comprometan a modificar su legislación para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece que este derecho debe ser regulado como un servicio esencial de salud en lugar de criminalizarse. También se solicita que se adopten medidas para que las niñas puedan ser escuchadas y que sus decisiones sean respetadas. Es vital, además, que el personal de salud no enfrente sanciones por asegurar el derecho al aborto de una niña víctima de violencia sexual.

En América Latina, la situación de los derechos reproductivos de las niñas sigue siendo precaria. Cuatro países —El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana— prohíben totalmente el aborto, mientras que en otros países las leyes restrictivas limitan gravemente el acceso a este derecho. Este panorama se agrava con los elevados índices de impunidad, lo que deja a las niñas en una situación de extrema vulnerabilidad.

Durante 2022, en México se registraron 7,255 nacimientos por parte de niñas entre 10 y 14 años. Aunque el aborto por violación sexual es legal en todo el país, el acceso a este derecho enfrenta numerosas barreras. La Ley General de Víctimas (LGV) y la NOM 046 establecen que cualquier institución hospitalaria debe brindar atención inmediata a víctimas de violencia sexual, sin necesidad de presentar una denuncia. Sin embargo, en la práctica, las niñas y mujeres enfrentan múltiples obstáculos para su acceso.

No obstante el panorama, el movimiento “Son niñas, no madres” ha logrado avanzar en la conversación sobre la protección de los derechos de las niñas, pero la lucha está lejos de terminar. Las niñas no deberían ser obligadas a asumir una maternidad no deseada como resultado de la violencia sexual. Al presentar estos casos ante Naciones Unidas, se espera un impacto global que transforme las vidas de niñas en todo el mundo.

El impacto que se espera de estos casos puede sentar un precedente en la región y el mundo. Mientras tanto, seguimos luchando por un mundo en el que las niñas sean tratadas como lo que son: niñas, no madres.

* Con información de Planned Parenthood Global y del Centro de Derechos Reproductivos.