El 30 de abril: las niñas y los niños no tienen nada que celebrar

Por: Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública

A Sofía le cambió la vida a los nueve años. No fue en la calle, ni en un parque oscuro, ni a manos de un desconocido. Fue en su propia casa, en su propia cama, cuando alguien en quien confiaba decidió arrebatarle la infancia. Durante meses guardó silencio. Cuando finalmente habló, el sistema que debía protegerla la hizo repetir su historia una y otra vez: ante una maestra sin capacitación, frente a un ministerio público saturado, con un perito que nunca llegó. Su caso no es excepcional. Es, por desgracia, la regla.

En México, la violencia sexual infantil contra niñas, niños y adolescentes es una epidemia silenciosa y profundamente normalizada. Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que, año con año, se registran decenas de miles de delitos sexuales. Tan solo en 2024, se reportaron más de 90 mil delitos sexuales en México. Pero la cifra negra (los casos que nunca se denuncian) supera el 90%, lo que nos coloca frente a una realidad mucho más grave de lo que reconocemos institucionalmente.

El problema no distingue fronteras políticas ni colores partidistas. A nivel estatal, entidades como Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz concentran el mayor número de denuncias. A nivel municipal, ciudades como Ecatepec, Guadalajara, Puebla capital, Ciudad Juárez y Tijuana registran incidencias particularmente altas. En promedio, estas cinco ciudades concentran miles de casos anuales, configurando territorios donde la violencia sexual contra niñas y niños no solo existe, sino que se reproduce de manera sistemática.

Pero hay un dato que debería incomodarnos profundamente: la inmensa mayoría (por encima del 90%) de los agresores sexuales pertenece al círculo cercano de la víctima (UNICEF; REDIM). Padres, padrastros, tíos, hermanos, vecinos, docentes. Esto no es un problema de “extraños peligrosos”. Es un problema íntimo, cotidiano, estructural. Por eso, decirlo incomoda, pero es necesario: la familia es la institución más insegura del país para una niña o un niño.

Y, sin embargo, este no es un tema prioritario en la agenda pública. Cambian los gobiernos, cambian los partidos, cambian los discursos, pero la violencia contra niñas, niños y adolescentes permanece relegada. No hay presupuestos suficientes, no hay estrategias integrales, no hay evaluación seria de lo que se implementa. Lo que existe, en muchos casos, son esfuerzos fragmentados, mal diseñados, peor ejecutados y prácticamente invisibles en términos de impacto.

Las instituciones encargadas de prevenir y atender este fenómeno están rebasadas. A nivel nacional, estatal y municipal enfrentan déficits crónicos de personal, recursos y capacidades técnicas. Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (que deberían ser el eje del sistema) operan con estructuras mínimas, sin especialización suficiente y con cargas de trabajo insostenibles.

Un estudio de UNICEF México (2016) sobre la capacidad institucional de estas procuradurías fue contundente: documentó falta de personal especializado, presupuestos insuficientes, ausencia de protocolos claros, débil coordinación interinstitucional y carencias en infraestructura básica. Además, evidenció que muchas de estas instancias carecen de autonomía operativa real, lo que limita su capacidad de respuesta. Nueve años después, la realidad no ha cambiado de manera sustantiva.

El resultado es un sistema que no previene, no detecta a tiempo y, cuando interviene, revictimiza. Niñas, niños y adolescentes como Sofía no solo enfrentan el abuso, sino también un aparato institucional que los obliga a revivirlo múltiples veces, sin acompañamiento adecuado y sin garantías de justicia.

Desde Inteligencia Pública hemos insistido en algo que parece evidente, pero que no se traduce en acción pública: este es un problema sistémico que exige soluciones sistémicas. No basta con campañas aisladas ni con reformas legales simbólicas. Se requiere intervenir simultáneamente en tres niveles: la víctima, la familia y la comunidad.

En el nivel de la víctima, es indispensable garantizar atención integral, inmediata y especializada, que reduzca al máximo la revictimización y que restituya sus derechos vulnerados y su plan de vida de manera eficaz. En el nivel familiar, se necesitan estrategias de intervención temprana que identifiquen factores de riesgo y rompan dinámicas de violencia normalizada. Y en el nivel comunitario (donde la escuela es central), debemos construir entornos protectores reales, con personal capacitado, protocolos claros y mecanismos de denuncia efectivos.

Los protocolos existen, al menos en el papel. A nivel nacional y en varias entidades federativas se han desarrollado lineamientos para la detección y atención de casos. Pero la pregunta es incómoda: ¿alguien sabe si funcionan? En la mayoría de los casos, no se conocen, no se aplican correctamente y nunca se evalúan. Algunos ejercicios de pilotaje en lugares como Ciudad Juárez o San Luis Potosí han mostrado avances tímidos, pero siguen siendo excepcionales, no estructurales.

Lo que falta no es diagnóstico. Es voluntad política. Es presupuesto. Es capacidad de implementación. Y, sobre todo, es reconocer que las niñas, niños y adolescentes no están en el centro de las decisiones públicas, pese al discurso reiterado.

Este 30 de abril, mientras celebramos con festivales y mensajes institucionales, vale la pena preguntarnos: ¿qué estamos festejando exactamente? ¿Un sistema que no protege? ¿Instituciones que llegan tarde y mal? ¿Una sociedad que prefiere no mirar hacia adentro? ¿Nos olvidamos de ellas y ellos porque aún no votan?

Sofía hoy tiene once años. Sigue en terapia. Su agresor sigue en proceso. Su caso, como miles más, avanza lento. Pero hay algo que no puede seguir esperando: la decisión colectiva de dejar de fallarles a nuestras niñas, niños y adolescentes.

Porque mientras no entendamos que esta violencia nace en lo más cercano (y que ahí mismo debemos empezar a transformarla), cualquier política pública será apenas un paliativo. Y ellos, simplemente, no tienen nada que celebrar.

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