Ataques a la participación política de la mujer

Por: Atziri Ávila

Qué las mujeres nacieron para parir, para estar en la casa, que no deberíamos dar órdenes a los hombres, que no saben gobernar, o que en el ámbito político no se permiten faldas, son argumentos que algunos hombres sostienen cuando se les cuestiona su oposición a que una mujer ocupe un cargo de representación pública.

En el caso de las mujeres, el cuestionamiento a la forma de gobernar de un hombre no fue de manera natural, pues ser gobernadas por hombres era el estado natural de las cosas.

El temor de que las mujeres lleguen al poder no es exclusivo de un país sino de una violencia de género producto del sistema patriarcal que hasta ahora hemos permitido. Basta recordar la persecución judicial que hasta la fecha enfrenta la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien fue acusada desde la supuesta usurpación de su título universitario, hasta por la muerte del fiscal  Alberto Nisman, quien fuera encontrado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015.

Otro caso es el de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, a quien el Senado abrió un proceso de destitución el 12 de mayo de 2016 que se concretó el 31 de agosto de 2016, declarándola culpable del “maquillaje de cuentas fiscales y la firma de decretos económicos sin aprobación del Congreso de Brasil”.

Uno de los casos recientes es el de Hillary Clinton, excandidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata y a quien Donald Trump advirtió durante su campaña que la investigaría judicialmente y la metería a la cárcel, una vez que fuese elegido presidente de su país.

Estos ejemplos son solo algunos del ensañamiento, cuestionamiento y fiscalización al que, a diferencia de los hombres, se enfrentan las mujeres que deciden ejercer un cargo público.

En el caso de México son innumerables y poco visibles los actos de violencia política por razón de género.

Luego de que en 2013 se incorporó el criterio constitucional de paridad, que obliga a las instituciones electorales y a los partidos políticos a crear mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, su participación incrementó en los procesos electorales recientes y, con ello, emergieron nuevas formas de violencia contra mujeres que deciden ejercer sus derechos políticos y asumir cargos de representación pública.

Uso arbitrario del criterio constitucional de paridad

En cumplimiento de la paridad, las mujeres fueron integradas a las planillas, algunas como presidentas municipales, otras como síndicas y la mayoría como regidoras. Pero una vez ganadas las elecciones a muchas mujeres se busca destituirlas de sus cargos.

En los casos de las presidentas municipales, en distintas partes del país son presionadas para renunciar a su cargo y su lugar sea ocupado por el síndico, quien ocupa el segundo lugar de la planilla y que la mayoría de las veces es un hombre.

En tanto a las síndicas municipales les ofrecen encabezar una regiduría de menor importancia como mercados, panteones o incluso regidurías que no existen y que son creadas Ipso facto para que accedan y renuncien a su cargo. Esta pretensión responde a que junto con la presidencia municipal y la tesorería, las sindicaturas municipales forman parte de la Comisión de Hacienda, espacio de toma de decisión y el que tendría que velar por el uso adecuado de los recursos del Municipio.

El número de casos documentados es amplio, sin embargo a continuación describo algunos de ellos que reflejan un patrón de violencia y que urgen la atención inmediata de las autoridades estatales y federales para evitar su continuidad y propagación, sobre todo cuando nos encontramos en la antesala de nuevas elecciones en todo el país.

Felicitas Muñiz Gómez, Guerrero

Felicitas Muñiz es presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, por el partido Movimiento Ciudadano. Ganó las elecciones del 7 de junio de 2015 e inició su gestión el 31 de septiembre de ese mismo año. En mayo de 2016 tres regidores de su cabildo, encabezados por el síndico Benito Sánchez Ayala[1], exigieron su renuncia argumentando que una mujer no va a poder conseguir obras y acusándola de desvío de recursos sin que dichas acusaciones sean fundamentadas.

Desde esa fecha, la presidenta municipal ha sido víctima de diversas agresiones: su casa fue baleada y luego allanada; su sala, colchón y un tanque de gas fueron llevados al zócalo de la población en donde fue quemada también una camioneta del municipio. Es denostada y enfrenta una campaña de difamación en la comunidad y en medios de comunicación en la que prevalece un lenguaje sexista y machista. Su familia fue desintegrada y desplazada para salvaguardar su vida e integridad física.

Hasta la fecha Felicitas Muñiz mantiene un gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores y no existen condiciones para que pueda ejercer su cargo. Las propias autoridades estatales la han “exhortado” a llegar a un acuerdo con sus agresores y que evite seguir diciendo que lo que está viviendo es violencia política de género. El domicilio de integrantes de su cabildo y de sus familiares también ha sido apedreado. “No conciben que una mujer los gobierne”, dice Felicitas al rememorar las agresiones en su contra.

En octubre de 2016 al resolver el expediente SUP-JDC-1773/2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó como violencia política de género las agresiones contra Felicitas Muñiz, “ya que el grupo de personas que ha venido acosándola se ha valido de publicaciones y acciones directas con un fuerte contenido basado en el sexo y en el género, en estereotipos y en actitudes discriminatorias sobre el rol de las mujeres en puestos públicos”. Hasta la fecha Felicitas Muñiz Gómez continúa siendo objeto intimidaciones que buscan obtener su renuncia por medio de la fuerza y violencia, lo que ha merecido la intervención de instituciones federales para garantizar sus derechos político-electorales.

Samantha Caballero Melo, Oaxaca

Samantha Caballero es presidencia municipal del San Juan Bautista lo de Soto, Jamiltepec, en la costa chica de Oaxaca. En agosto de 2015  fue invitada a contender por el PRI a la presidencia municipal, realizó su campaña y resultó electa el 5 de junio de 2016. Dos días antes de que tomara posesión del cargo, el 30 de diciembre de 2016, Pablo Anica Valentín, síndico municipal –quien también tomaría protesta el 1 de enero de 2017-, acudió a casa de la presidenta para pedirle que dejara el cargo, pues existía un acuerdo político previo para que ella fuera la síndica y el síndico fuera el presidente municipal, advirtiéndole que si no aceptaba se atuviera a las consecuencias. Samantha no aceptó.

El mismo día de la toma de protesta, el síndico y los regidores de obras, hacienda y educación tomaron el palacio: sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas.

A la fecha la presidenta municipal no ha ejercido sus funciones de manera cabal ni en condiciones de seguridad, por lo que inició ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la solicitud de medidas cautelares y presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE), asimismo iniciará las acciones legales necesarias para que su cargo sea respetado.

Samantha Caballero de 29 años de edad, además de ser agredida por ser mujer, recibe agresiones que la denostan por su edad, el síndico además de referir a su “incapacidad por ser mujer”, asegura que con ella la población no progresará pues no cuenta con los contactos influyentes que garanticen que su población tendrá obras garantizadas.

En este y en otros casos, la perspectiva de un “buen gobierno” se basa en la cantidad y magnitud de las obras que el o la gobernante realice, sin embargo desde una postura feminista, hemos identificado que además de un mejor uso de los recursos en sus municipios, las mujeres priorizan acciones de beneficio para su comunidad a mediano y largo plazo como la educación, la salud, el empoderamiento de otras mujeres y no necesariamente obras como una cancha municipal donde la escuela se está cayendo. Esta visión construye nuevas formas de hacer política y rompe con las prácticas que cada trienio se reproducen y que están ligadas estrechamente con intereses políticos, económicos y empresariales por lo que diversos actores buscan a toda costa frenar que una mujer sea quien asuma el poder.

Rosa Pérez Pérez, Chiapas 

Rosa Pérez es la presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista. Ganó las elecciones el 19 de julio de 2015 y el 25 de mayo de 2016, el Congreso del Estado de Chiapas decretó aprobar su renuncia al cargo, pese a que Rosa fue obligada a firmarla por parte de un grupo de personas de su comunidad inconformes, que a manera de presión secuestraron a dos legisladores y quienes argumentaban que “una mujer no puede gobernar”. Dado el nivel de violencia, Rosa Pérez y su familia tuvieron que desplazarse de manera forzada lejos de su comunidad.

El 17 de agosto de 2016 la Sala Superior del TEPJF resolvió la sentencia SUP-JDC-1654/2016 con la que revocó el decreto del Congreso local y pidió reincorporar a Rosa Pérez a su cargo. El Tribunal determinó que “se ejerció una violencia política que incluso amenazaba con peligro de muerte de la manera más brutal, en donde Rosa Pérez tuvo que escapar para evitar que fuera quemada viva en estos arrebatos”, por lo que también ordenó al gobernador, Manuel Velasco, generar las condiciones de seguridad para que la presidenta pueda ejercer su cargo con condiciones de seguridad.

A mayor participación política de las mujeres, mayor el nivel de violencia

En efecto, como resultado de la reforma constitucional de 2013 que incorpora el criterio de paridad, más mujeres participaron en los procesos electorales. Si bien el resultado dista mucho de alcanzar la paridad, representa un avance significativo en relación a procesos electorales anteriores. Tan sólo en el estado de Oaxaca, de 8 mujeres que resultaron electas como presidentas municipales por el sistema de partidos políticos en el proceso electoral 2013, en 2016 fueron electas 38 mujeres.

El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres[2] refiere que “a mayor participación de las mujeres, mayor el nivel de violencia”, pues quienes participaron enfrentaron diversos obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos políticos, tanto quienes se rigen por el sistema de partidos políticos, como quienes se rigen por sistemas normativos internos.

En los municipios que se rigen por partidos políticos algunas de las agresiones enfrentadas son: registro en el último momento, para hacerlas llegar tarde a la contienda electoral, una vez iniciadas las campañas y sin recursos; hostigamiento sexual; amenazas de atentar contra la vida de sus hijos e hijas; campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machista; agresiones físicas y verbales, y asignación a cargos que reproducen los estereotipos de género como salud, educación, higiene, entre otras.

En los municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos, las irregularidades y obstáculos que las mujeres vivieron en los procesos de elección recientes fueron: algunas asambleas comunitarias simularon la participación de las mujeres (sólo para cumplir el requisito y que su elección no fuera invalidada); las mujeres no participaron en la elección de autoridades municipales, sino sólo en la elección de regidurías de menor importancia y que reproducen los estereotipos de género; algunas mujeres fueron nombradas para desempeñar cargos en asambleas a las que no asistieron.

Simulación

Sin duda los partidos políticos encontraron la forma de simular la ley y “cumplir con la paridad”, a costa de violentar los derechos de las mujeres a ocupar puestos de elección popular. Las experiencias en estados que han tenido elecciones recientes como Guerrero, Oaxaca y Chiapas evidencian que esta práctica no es exclusiva de un solo partido político sino una violencia generalizada presente también en los sistemas normativos internos.

Ante ello, es necesario reconocer la simulación y tomar acciones para evitar su repetición en los próximos procesos electorales, más aún si tomamos en cuenta que la reforma electoral obliga a la concurrencia de las elecciones locales con las federales, lo que significa que en 2017 empieza un nuevo proceso electoral en el que se elegirán gobernadoras/es, presidentas/es municipales, diputaciones locales -entre otros puestos- en 30 estados de nuestro país.

Respuestas ineficaces

Si bien existe un Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, éste no ha garantizado respuestas prontas ni efectivas para las mujeres. La respuesta de las autoridades tiene que ir más allá de la comprensión de los hechos. Se necesita un mecanismo integral que garantice su seguridad y el ejercicio pleno de sus cargos -y no, o no sólo-, el apoyo psicológico a las mujeres víctimas o el cuestionamiento de sus denuncias, como es el caso de quienes denuncian el acoso sexual.

La responsabilidad para cesar la violencia política contra las mujeres es claramente compartida, sin embargo toca al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales, a los partidos políticos, a los organismos defensores de los derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las y los legisladores tomar acción para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres, violencia que cada día se agudiza y que en muchos casos podría tener consecuencias irreversibles.

Urge actuar a la brevedad en el ámbito legislativo, construir un tipo penal que sancione a quienes violentan a las mujeres que ejercen sus derechos políticos-electorales. Es inaceptable que las mujeres continúen siendo agredidas y que estos hechos permanezcan en su mayoría impunes.

En dichas acciones que deberán ser impulsadas y acompañadas también por la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, será necesario tomar en cuenta la diversidad de los contextos en los que viven las mujeres en México y que atiendan de manera específica las necesidades de las mujeres en las comunidades indígenas, tomando en cuenta la diversidad de actores locales a los que se enfrentan.

Las mujeres no podemos seguir siendo excluidas de los espacios de toma de decisión y que determinan el rumbo de nuestras comunidades y el desarrollo de las mismas. “Ser mujer no debe ser obstáculo para desempeñar un cargo público”, como en su momento lo determinó la Magistrada María del Carmen Alanís.

Por su parte, la CNDH ha afirmado también que el derecho a la participación política de las mujeres no “limita la posibilidad de que las mujeres no sólo voten, sino que también sean electas y que sus triunfos se reconozcan y se les permita ejercer funciones sin ser cuestionadas por su género y sin ser violentadas por ello”[3].

Discriminación y violencia

La discriminación y violencia son una constante hacia las mujeres que participan en la vida pública. Aún la idea de hacerlo alborota los ánimos de una sociedad que “no se siente preparada” para ser gobernada por una mujer. Basta recordar las respuestas misóginas, racistas y discriminatorias que tuvo el anuncio de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) consultarían la posibilidad de nombrar a una mujer indígena como candidata independiente por la presidencia de México en el 2018, y a quien anunciarán en mayo próximo.

Frente a este contexto, está por demás decir que la participación política de las mujeres es un derecho no una concesión. Mujeres políticas, académicas y defensoras de los derechos humanos estamos convencidas de que la época de “sensibilizar a la población” ha sido rebasada, y que estamos en una época en donde “los derechos se toman […] no se mendigan”. No obstante seguiremos promoviendo y defendiendo los derechos de las mujeres, priorizando su ejercicio y exigiendo garantías para hacerlo en condiciones de igualdad y seguridad.

Las mujeres no solo somos una causa, somos un movimiento, un movimiento global que hoy más que nunca está tomando acción frente a un sistema que acaba día con día con nuestra naturaleza, con los derechos básicos, con la forma de relacionarnos y con la vida misma.

Las mujeres no somos suéteres que se utilizan para dejar apartado un lugar. Las mujeres somos el 50 % de la población mundial y cuya visión debe estar impregnada en todos los ámbitos, el político es sólo uno de ellos.

 

* Atziri Ávila es comunicóloga social, activista, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

 

[1] Juicio para la protección de los derechos político-electorales de Felicitas Muñiz.

[2] El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres está conformado por mujeres feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, particularmente su derecho a la participación política.

[3] Comunicado CNDH “La violencia contra las mujeres demanda urgente atención de autoridades y sociedad”.