Violencia policial: romper la caja negra

Ahora sucedió en Bogotá, Colombia. La videograbación y exhibición masiva de la brutalidad policial hizo explotar la manifestación social, en parte pacífica y en parte violenta. La policía, en lugar de reducir la violencia, provocó más. Otra vez.

Los hechos tienen lugar justo cuando avanzo en una serie de entrevistas con policías, expolicías y personas dedicadas a la investigación académica de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y México.

Estamos preguntándole a las y los entrevistados qué recomiendan hacer para construir una ruta común hacia el cambio y la mejora estructural de las instituciones policiales, con enfoque de derechos humanos y reconciliación con la sociedad.

En todas las conversaciones fluyen con facilidad las propuestas que conocemos hace mucho, como la profesionalización policial, pero el ejercicio se torna mucho más interesante y complejo cuando confrontamos a las y los especialistas con la siguiente pregunta: ¿por qué si todas y todos, desde la policía y afuera de ella, decimos que queremos una policía profesional, confiable y eficaz, no lo logramos?

Así planteado, parece un absurdo: ¿cómo es que todas las partes interesadas quieren lograr construir lo mismo y sin embargo se fracasa?

La mirada más profunda nos lleva de inmediato a encontrar las contradicciones evidentes y tratamos de interpretar sus causas profundas; por ejemplo, nadie se atreve a decir que no quiere una policía profesional, pero resulta que hay una cantidad descomunal de personas y procesos que funcionan para hacer imposible una policía profesional.

La maquinaria policial, a la luz de la evidencia, en realidad funciona en buena medida dentro de una caja negra que produce algo diferente a lo que se promete en el discurso.

Pero fluyen y fluyen las propuestas de ajustes legales, institucionales y de procesos. Se apilan por montones la investigación, los diagnósticos, las propuestas y no faltan experiencias documentadas con algunas mejoras comprobadas.

Y con todo, algo en la receta sigue haciendo que la maquinaria policial funcione para que los abusos y la brutalidad policial no paren, en particular contra las personas y poblaciones en condiciones más vulnerables.

Luego de décadas de documentarse todo esto, hay fuertes argumentos según los cuales ya es imposible creer que la policía dejará de atacar a la gente que no puede defenderse. Estados Unidos acaso es la más intensa prueba de que no hay y quizá, bajo el modelo hegemónico de policía, jamás habrá manera de parar el abuso y la brutalidad asociados a la discriminación.

Estamos proponiendo en las entrevistas poner un ingrediente que, a nuestro parecer, alteraría todo el equilibrio sistémico que reproduce la violencia policial: romper la caja negra.

Nos referimos a la irrupción social en la policía que, al final, por cierto, justamente es de la sociedad y funciona para la sociedad. Es decir, refundar a la policía, recuperando su razón misma de existir, a través de un modelo que fracture el monopolio que tiene esa institución sobre su propia operación.

Romper la caja negra y construir una caja transparente, digamos.

¿Un sueño? Tal vez. Solo que, de no llegar esta decisión política, lo que sigue será solo más y más violencia, colocando a la policía, más y más, en condición de depósito y a la vez acelerador de toda la conflictividad que el propio sistema político no es capaz de procesar.

Nadie tiene clara toda la ruta de la reforma policial democrática, pero la experiencia nacional e internacional y el ejercicio de investigación que referí parece dejarlo bastante claro; si esa ruta no es con la gente, si no hay una auténtica cocreación política, social e institucional de la función policial, entonces esta institución irá a más en su propia descomposición violenta.

Complementamos este breve comentario con una selección aleatoria de ejemplos de abuso policial en diez países.

1. México 

Caso de Giovanni López.

2. Argentina

Casos de brutalidad policial documentados por el CELS en el contexto de la pandemia por COVID 19 y las medidas sanitarias.

3. Perú

Caso de tortura policial contra una persona LGBT (mujer transgénero) fue atraído por primera vez por la CIDH en agosto del 2019, 11 años después de que Azul Rojas Marín fue golpeada, violada y retenida ilegalmente en una estación de policía el 25 de febrero del 2008 en la provincia de Ascope.

Ya fue emitida la sentencia por parte de la CIDH.

4. Chile

Abusos policiales denunciados y documentados por Human Rights Watch durante las protestas masivas en Chile en octubre y noviembre del 2019.

5. Venezuela

Tras visita de Venezuela en junio del 2019, Bachelet advierte ante la ONU el alto número de casos de brutalidad policial que incluyen tortura y ejecuciones.

“Un total de 6.856 personas han fallecido por “resistencia a la autoridad” entre enero de 2018 y mayo de 2019, según el Ministerio Público. La ONU considera que es un número “inusualmente alto” y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de cuantiosas ejecuciones extrajudiciales.”

6. Brasil

En una investigación del New York Times, donde analiza 48 asesinatos cometidos por la policía de Río de Janeiro, documentan que 2019 ha sido el año con más ejecuciones a manos de la policía con 1814 casos.

“En al menos la mitad de los 48 asesinatos policiales analizados por The New York Times, los fallecidos fueron baleados por la espalda al menos una vez, según los informes de autopsia, lo que de inmediato genera dudas sobre la inminencia de la amenaza como para justificar esos asesinatos”.

“En 2015, el uso letal de la fuerza del batallón llevó a los fiscales a incluirlo entre los objetivos de una fuerza especial creada para investigar los asesinatos policiales. Para 2018, la tasa de asesinatos cometidos por agentes de policía había disminuido en casi un 30 por ciento en el 41° batallón.  Pero en 2019, cuando las nuevas prioridades políticas del país quedaron claras, los números volvieron a subir, aumentando en más del 20 por ciento en todo el estado. En el 41° batallón, crecieron cerca de un 22 por ciento”.

Desde 2016 la situación respecto a la brutalidad policial ya había sido documentada por Human Rights Watch.

7. Puerto Rico

La organización Kilómetro Cero, en su informe “Más vale mañana que fuerza. Un análisis crítico de los datos de uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico contra la ciudadanía” ha documentado con información de las autoridades y de incidentes no registrados por las autoridades, los casos de brutalidad policial (9 documentos donde la Policía detalla los usos de fuerza por parte de sus agentes).

Caso de Jesús M. Valentín Ramos, que muere en 2017, estando bajo custodia de la Policía de Puerto Rico por el uso del taser.

Durante 2018, 46% de las personas intervenidas por la policía resultaron lesionadas. Por cada oficial lesionado, hay 4 civiles lesionados.

8. El Salvador

En el informe, “Las políticas de seguridad pública en El Salvador 2003-2018”, Jeannette Aguilar expone: “Hasta ahora, a excepción de algunos casos judicializados recientemente, donde se ha establecido la responsabilidad de elementos policiales y del ejército en ejecuciones extralegales, no existen iniciativas estatales para investigar a fondo el funcionamiento de estructuras de exterminio o sicariato dentro y fuera de la policía y del ejército”.

“Si bien en los últimos años, hay cada vez indicios de que policías y militares encubren ejecuciones extralegales bajo la figura de enfrentamientos armados, el saldo letal de estos eventos reveló una dimensión de la desviación de la actuación policial, de la que no se tenía precedente y que debe ser analizada a profundidad por las instituciones para establecer si se trata de prácticas sistemáticas”.

Caso Sombra Negra. Estructura dedicada al exterminio de pandilleros, integrada por miembros de la policía y militares.

 9. Nicaragua 

El caso de Juan Rafael Lanzas Maldonado, quien, acusado de robo, fue detenido por la policía durante 22 días sin atención médica, hasta el punto de amputarle las piernas debido a las golpizas.

10. Colombia

Human Rights Watch documenta los abusos policiales en Colombia desde las protestas y paro nacional el 21 de noviembre del 2019, a raíz de los reclamos por la reforma tributaria, entre otros reclamos sociales.

Caso Dilan Cruz, 17 años, murió en Bogotá dos días después de que le disparara el Escuadrón Móvil Antidisturbios en la cabeza con una munición conocida como “bean bag”. Esta munición es “una bolsa pequeña de tela que contiene perdigones, en general fabricados con plomo. Están diseñados para ser disparados hacia las extremidades a fin de limitar el daño que provocan”.

@ErnestoLPV

 

 En la redacción de este texto colaboró Arisbeth Hernández.