A diez años del Tribunal Simbólico sobre Violencia Obstétrica y Muerte Materna

Por Brenda Rodríguez*

Hace diez años, por primera vez en México, mujeres que vivieron violencia obstétrica y familias de víctimas de muerte materna se reunieron para denunciar públicamente violaciones a derechos humanos ocurridas durante el embarazo, parto y posparto.

El 9 de mayo de 2016, frente a más de 300 personas, 27 testimonios provenientes de distintos estados del país —desde Chiapas y Yucatán hasta Sinaloa y Zacatecas— fueron escuchados por un jurado internacional integrado por expertas en salud y derechos humanos: Alda Facio, Alicia Yamin, Catalina Martínez, Gladys Acosta, Julissa Mantilla y Sandra Oyarzo.

El Tribunal Simbólico sobre Violencia Obstétrica y Muerte Materna, impulsado por GIRE junto con 27 organizaciones, fue un ejercicio profundamente innovador: convirtió experiencias individuales de dolor, negligencia y discriminación en una denuncia colectiva sobre las fallas estructurales del sistema de salud mexicano. Las mujeres y sus familias no solo narraron lo ocurrido; también participaron en la construcción de recomendaciones dirigidas al Estado para prevenir que estas violaciones se repitan.

Los testimonios mostraron que no se trataba de “casos aislados”, sino de patrones repetidos de violencia: retraso o negación de atención médica, procedimientos sin consentimiento, discriminación, maltrato verbal, falta de información e impunidad. Las juezas ayudaron a encuadrar estas experiencias como lo que son: violaciones a derechos humanos y expresiones de violencia de género.

Desde 2011, GIRE ha documentado y visibilizado la violencia obstétrica como una forma específica de violencia institucional contra las mujeres y personas con capacidad de gestar. A través del acompañamiento y litigio de casos, investigaciones, análisis de datos oficiales y campañas de comunicación, ha incidido en la política pública y contribuido al acceso a la justicia y a la reparación integral para personas cuyos derechos reproductivos fueron vulnerados durante la atención obstétrica.

Junto con otras organizaciones, GIRE también impulsó acciones internacionales para visibilizar esta problemática. En 2014 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera denuncia de casos de violencia obstétrica en México, y dos años después se realizó el Tribunal Simbólico como un espacio colectivo de denuncia, memoria y exigencia de justicia.

Organizaciones y colectivas plantean la necesidad de impulsar respuestas sistémicas

Durante más de una década se ha insistido en que la violencia obstétrica no puede entenderse desde una lógica individualizante y punitiva. Reducirla a responsabilidades aisladas invisibiliza el origen estructural del problema: sistemas de salud insuficientes, falta de personal e infraestructura, relaciones asimétricas de poder entre personal médico y pacientes, así como prácticas discriminatorias que afectan de manera desproporcionada a mujeres jóvenes, indígenas, con discapacidad o en contextos de mayor vulnerabilidad.

Por ello, distintas organizaciones y colectivas han planteado la necesidad de impulsar respuestas sistémicas: reformas normativas y de política pública que garanticen condiciones dignas de atención, fortalezcan los mecanismos de acceso a la justicia y reconozcan la diversidad de necesidades de las mujeres y personas gestantes.

Diez años después, algo ha cambiado. Hoy la violencia obstétrica es un tema más visible social y jurídicamente; existen más redes de acompañamiento, mayor discusión sobre parto respetado y nuevas herramientas para medir el problema. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) incorporó preguntas específicas sobre violencia obstétrica y mostró que miles de mujeres siguen enfrentando maltrato durante la atención del parto y la cesárea.

También se han dado pasos importantes en el ámbito normativo y de política pública. Algunas leyes locales reconocen la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres, mientras que instrumentos como la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE y la NOM-007 han incorporado disposiciones relacionadas con la atención obstétrica y las emergencias médicas durante el embarazo, parto y puerperio.

Además, en México y otros países de América Latina han surgido observatorios ciudadanos que buscan visibilizar, medir y atender esta problemática. Experiencias en Argentina, Chile y España han impulsado acciones de monitoreo, acompañamiento y difusión de información basada en derechos humanos y evidencia científica. En México, recientemente se lanzó el Observatorio de Violencia Obstétrica México, enfocado en la medición, capacitación, articulación institucional y acompañamiento de casos.

Estos esfuerzos han contribuido a dejar claro que la violencia obstétrica no se trata de hechos aislados, sino de una problemática estructural y global relacionada con deficiencias en los sistemas de salud, formación del personal médico, desconocimiento de los derechos reproductivos, y ausencia de mecanismos efectivos de justicia y reparación.

Tipificar penalmente la violencia obstétrica no garantiza justicia para las víctimas

Sin embargo, muchas de las demandas del Tribunal siguen vigentes. Persisten las muertes maternas prevenibles, la negligencia, las desigualdades y la falta de justicia para las familias. Las cifras más recientes muestran que más del 30 % de las mujeres que han tenido un parto en México han experimentado algún tipo de violencia obstétrica, lo que evidencia la profundidad y permanencia de esta problemática.

Desde GIRE también se ha advertido que tipificar penalmente la violencia obstétrica no necesariamente garantiza justicia para las víctimas ni contribuye a erradicarla. La experiencia de acompañamiento de casos ha mostrado que la criminalización puede individualizar el problema, ser revictimizante y dejar intactas las condiciones estructurales que permiten esta violencia.

Prevenir, atender y erradicar la violencia obstétrica requiere actuar desde distintos frentes: fortalecer los sistemas de salud, garantizar condiciones dignas de atención, transformar las relaciones de poder en los espacios médicos y asegurar mecanismos efectivos de acceso a la justicia y reparación integral. También implica que cada vez más personas —usuarias de los servicios de salud, personal médico, instituciones y sociedad en general— reconozcan estas prácticas como violaciones a derechos humanos y contribuyan a que no se repitan.

La memoria del Tribunal sigue recordándonos algo fundamental: detrás de cada cifra hay mujeres, hijas, madres, hermanas y familias enteras que nunca debieron atravesar estas violencias. Y también que hoy, a diferencia de hace una década, las mujeres y personas gestantes ya no están hablando solas.

Esta iniciativa de GIRE y otras acciones que se han implementado para abordar la violencia obstétrica se compartirán en el webinar “Ejemplos inspiradores de medidas para combatir la violencia obstétrica. Fomentar el conocimiento, la dignidad y la rendición de cuentas”, organizado por el Centro de Derechos Reproductivos y Human Rights Watch. Se llevará a cabo el 2 de junio de 2026. Puedes registrarte en este enlace. 

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*Brenda Rodríguez es coordinadora de Comunicación en GIRE. Redes: @mothernidades 

GIRE es una organización feminista y de derechos humanos que busca la justicia reproductiva. Desde hace más de 30 años trabaja para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos. Tiene el orgullo de ser parte central de la transformación de México en materia de aborto, salud reproductiva, y trabajo y cuidados. Redes: @GIRE_mx