Violencia obstétrica: los límites de nombrarla en el código penal
Claudia Ramos · 2 de febrero de 2026
La violencia obstétrica es un fenómeno apremiante, sin embargo, ello no justifica la adopción de cualquier tipo de respuesta. El uso del derecho penal como eje de la política pública tiende a producir más injusticias que soluciones sustantivas. Su tipificación en el código penal, como ocurrió en Michoacán, desconoce el carácter estructural de esta violencia y desplaza la responsabilidad del Estado hacia respuestas punitivas que resultan insuficientes para garantizar derechos.
A finales del año pasado el Congreso de Michoacán decidió sancionar conductas del personal de salud, tales como la falta de atención oportuna y eficaz durante el embarazo, parto o puerperio; la imposición de condiciones de parto contrarias a la voluntad o prácticas culturales de la mujer o persona gestante; la intervención injustificada en partos de bajo riesgo sin consentimiento informado; la omisión o negación de información que impida el apego precoz y la lactancia inmediata, así como cualquier forma de coacción o presión, ya sea verbal, física o psicológica, que inhiba la libre decisión sobre la maternidad. Las sanciones consisten en penas de seis meses a tres años de prisión y multas de setenta a ciento cincuenta días.
Con esta decisión, Michoacán se sumaría a la lista de entidades federativas que emplean la vía penal como respuesta a la violencia obstétrica, lo que refleja la persistencia de la idea de que, ante un fenómeno latente, es necesario recurrir a este enfoque. Planteamiento que se replicó durante la reunión celebrada el pasado noviembre entre presidentas de comisiones de igualdad de género de todo el país.
La incorporación de esta figura en los códigos penales no ha contribuido a disminuir estas prácticas o a mejorar de manera sustancial la atención en los servicios de salud. Esto se debe a que la penalización prioriza una respuesta punitiva, pues coloca el foco en atribuir conductas al personal médico en lo individual y no en las condiciones estructurales que hacen posible esa violencia, tales como sistemas de salud saturados, precarización de insumos, falta de protocolos o falta de claridad en ellos, jornadas laborales excesivas, ausencia de formación en derechos humanos y prácticas institucionales normalizadas que difícilmente se transformarán desde una lógica punitivista.
Con esta modificación en la ley, se puede percibir la disposición del estado michoacano por avanzar en el reconocimiento de la violencia obstétrica; sin embargo, se optó por una respuesta que no es la idónea. La tipificación no constituye una solución, por el contrario, puede operar como un distractor al generar la falsa idea de que el Estado ha agotado sus recursos para enfrentarla.
Desde GIRE sostenemos que es necesario priorizar regulaciones sanitarias y políticas públicas orientadas a la prevención y a la garantía de derechos, como el establecimiento de mecanismos de supervisión que permitan dar seguimiento a los casos; el fortalecimiento de vías accesibles y eficaces de queja y reparación; la formación continua del personal de salud, desde la etapa académica y a lo largo de su ejercicio profesional, así como la garantía de condiciones laborales adecuadas por parte del sector salud.
Todas las acciones mencionadas podrían generar cambios reales en la práctica médica y en las experiencias de las usuarias durante el embarazo, parto y puerperio, algo difícil de lograr al emplear un enfoque centrado en la penalización.
Valdría la pena repensar si el camino elegido dice más sobre las inercias legislativas que sobre una estrategia real de garantía de derechos. La decisión de llevar la violencia obstétrica al Código Penal de Michoacán no resuelve el debate: lo fija en una respuesta punitiva y deja sin explorar otras herramientas disponibles.
El llamado es a abandonar el uso del derecho penal y apostar por políticas públicas integrales que prioricen la prevención, la regulación y la transformación de las condiciones en las que ocurre la atención obstétrica. Ello implica fortalecer el sistema de salud, establecer responsabilidades institucionales claras, garantizar mecanismos efectivos de supervisión y reparación, y promover una atención centrada en la dignidad y la autonomía de las mujeres y personas gestantes, en lugar de insistir en respuestas centradas en la criminalización.