Violencia obstétrica: la condena de las personas con discapacidad

 Adelina tiene discapacidad psicosocial. Tomó la decisión de embarazarse y es mamá de Sandra, una niña que tiene la misma discapacidad (hemos cambiado los nombres por respeto a su privacidad). Su embarazo estuvo marcado por estereotipos y estigmas basados en la idea de que era incapaz de criarla. Estos mismos prejuicios fueron replicados en su hija, ya que el psiquiatra le dijo a Adelina que a los 14 años había que operarla (esterilizarla) para que no tuviera bebés.

La sexualidad de las personas con discapacidad es considerada un tema tabú, y predomina la tendencia de percibir, en especial a las niñas y las jóvenes, como seres asexuales, dependientes, incapaces de criar hijes y de tomar decisiones relacionadas con su sexualidad y reproducción. Los estereotipos basados en el género y la discapacidad suelen dar lugar a una discriminación estructural o sistémica de las mujeres con discapacidad, en particular en la esfera de los derechos sexuales y reproductivos.

“Me han dicho en varias ocasiones que no debería tener hijos porque podría heredarles mi discapacidad”.

(Mujer con una discapacidad psicosocial)

A pesar de que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor —dentro y fuera del hogar— de sufrir violencias, abusos y malos tratos, hay pocos datos y estadísticas sobre su situación. Esta ausencia es un obstáculo para elaborar e implementar políticas públicas que aseguren un marco que respete sus derechos humanos. De hecho, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha recomendado a México recopilar datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad con indicadores que puedan evaluar la discriminación interseccional.

Además, las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para acceder a los servicios de salud reproductiva. Es frecuente que las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial sufran violencia obstétrica; incluso, en muchas ocasiones son forzadas a interrumpir sus embarazos —por ser consideradas incapaces para ser madres—, obligadas a utilizar algún método de anticoncepción temporal o permanente y sometidas —de manera desproporcionada— a procedimientos de esterilización no consentida.

 “Mi familia me obligó a esterilizarme”

En México, organizaciones como Disability Rights International (DRI) y el Colectivo Chuhcán han documentado los abusos y violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial, y han expuesto el arraigado problema de la esterilización no consentida al que se enfrentan. Sobre esto, el CDPD ha reconocido que “las mujeres con discapacidad presentan tasas elevadas de esterilización forzada, y con frecuencia se ven privadas del control de su salud reproductiva y de la adopción de decisiones al respecto, al darse por sentado que no son capaces de otorgar su consentimiento”.

“Quiero ser tomada en cuenta”

La ENDIREH 2021 incluyó por primera vez a las personas con discapacidad. Esta encuesta reveló que 55.6 % de mujeres con discapacidad (personas que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las actividades de la vida diaria: ver, oír, caminar, vestirse) y 39.6 % de mujeres con limitación (personas que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida diaria) entre 15 y 49 años sufrieron al menos una manifestación de violencia obstétrica en su último parto. Estas cifras contrastan con el 30.7 % de mujeres sin discapacidad y sin limitaciones entre 15 y 49 años de edad que sufrieron violencia obstétrica durante su último parto.

Además, los datos confirman que la violencia obstétrica afecta de manera particular a las jóvenes con discapacidad. Por ejemplo, de las que reportaron haber sufrido al menos una manifestación de violencia obstétrica durante el último parto, más de la mitad (52.9%) de las jóvenes con discapacidad y más de un tercio (36.6%) de las jóvenes con alguna limitación, entre 15 y 19 años, manifestaron que se les aplicó un “método anticonceptivo o esterilización forzada”. En este mismo rango de edad, menos de un tercio (29.1%) de las jóvenes sin discapacidad ni limitación reportaron que se les colocó un método anticonceptivo o se les esterilizó.

Con motivo del estudio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está realizando sobre las personas con discapacidad en las Américas, en septiembre de este año GIRE envió un informe a la CIDH en el que expone la situación de las personas con discapacidad en México en materia de derechos reproductivos, en el que señala:

• Ausencia de personal de salud y de insumos necesarios para atender a las personas con discapacidad bajo sistemas de apoyo y de ajustes razonables que garanticen el respeto a su autonomía reproductiva.
• Ausencia de datos existentes sobre la situación de niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad, que implica el desconocimiento de la violencia y de la discriminación a la que están sujetas.
• Discriminación que enfrentan las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que tienen alguna discapacidad en el acceso al aborto.
• Desproporcionada violencia que enfrentan las personas con discapacidad en la atención obstétrica.

Sin embargo, no todo ha sido negativo.  En el caso de la ENDIREH 2016, GIRE y otras organizaciones hicieron énfasis en la necesidad de especificar si las mujeres que fueron entrevistadas tenían alguna discapacidad, con el fin de conocer la incidencia de violencia obstétrica hacia esta población. Estas exigencias contribuyeron a que en la ENDIREH 2021 se incluyera a la población con discapacidad para medir la violencia que viven en diversos contextos, incluida la atención obstétrica.

Visibilizar las violencias que han sido ejercidas hacia esta población es un avance necesario, pero insuficiente. Los obstáculos para acceder a servicios de salud reproductiva impiden a las personas con discapacidad tomar decisiones sobre su reproducción en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Sin recopilación de datos que permitan un estudio interaccional de las formas específicas en las que les afecta la violencia, es imposible la implementación de políticas públicas y la evaluación de su acceso a la salud.

* Verónica Esparza (@esparza2602) es Coordinadora de Investigación y Camila Riva Palacio (@RivaPalacio98) es Investigadora Jurídica en GIRE.