Violencia obstétrica: entre datos, sentires y punitivismo

¡Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía! Ésta no es solo una consigna feminista para gritar en las marchas; es una exigencia urgente de respeto al derecho humano a la autonomía corporal. Este derecho atraviesa diversos niveles, pero, en todos ellos, implica la posibilidad de contar con la información necesaria y ser tratada con dignidad al tomar decisiones libres sobre nuestro propio cuerpo. Esto es especialmente crucial en momentos como la gestación.

Durante el embarazo, el parto y el posparto, la vida y los cuerpos de las mujeres y personas gestantes experimentan múltiples cambios. Es fundamental que, en estas etapas, nuestra salud sexual y reproductiva sea tratada con el mayor cuidado. Sin embargo, con frecuencia los servicios de atención a la salud se convierten en espacios donde se perpetúan diversos tipos de violencias, entre ellas, la obstétrica. Esta forma de violencia de género puede manifestarse mediante omisiones, demoras o excesos en la atención; malos tratos físicos y emocionales, como humillaciones verbales o corporales, que lesionan la dignidad de las personas y causan daños físicos y psicoemocionales difíciles de reparar.

En el ámbito jurídico, la violencia obstétrica se reconoce como una forma de violencia institucional y de género, que puede implicar una violación de derechos humanos y constituir discriminación. Desde 2011, en GIRE hemos documentado y acompañado diversas formas de violencia obstétrica, ofreciendo representación jurídica a las personas afectadas que deciden emprender acciones legales para reconocer y reparar el daño. A través de informes, publicaciones y diversas herramientas hemos recopilado datos y propuestas para entender y abordar esta problemática, que pone de manifiesto las graves fallas estructurales en el sistema de salud.

Aunque actualmente en ocho entidades federativas de México la violencia obstétrica se considera un delito y está tipificada en sus códigos penales, nuestra experiencia nos ha llevado a la conclusión de que la vía penal no es el camino para lograr justicia reproductiva ni para enfrentar la violencia obstétrica. Criminalizar al personal médico y sanitario no abona a su concientización ni a la erradicación ni transforma las dinámicas que permiten su perpetuación. En cambio, la falta de insumos, personal capacitado, infraestructura adecuada y condiciones dignas son algunas de las causas estructurales que sí perpetúan la violencia y deben ser el centro de atención para erradicarla.

No obstante, es crucial reconocer y hacer eco de todas las voces, principalmente las de las mujeres y personas gestantes que, durante la etapa de gestación, resolución del embarazo –ya sea por aborto, parto o cesárea– y puerperio sufren violencias al buscar y recibir servicios de salud reproductiva, tanto en el sector público como en el privado.

La autonomía corporal es un derecho fundamental para alcanzar el más alto nivel de salud y bienestar de todas las personas, pero ¿cómo defender esa autonomía frente a quienes están obligados a cuidarnos? ¿Cómo exigir un trato digno mientras el vientre se contrae, el cuerpo tiembla y la sangre se escurre a pedazos?

“Quería gritar, pero ni siquiera podía sostenerme de pie”.

“Yo no quería que pasearan mi cuerpo desnudo por el hospital ni que tantas manos me tocaran, pero ¿cómo impedirlo si hablaban de mí como si no estuviera ahí?”.

“Sí me quejé, pero me dijeron que entonces no hubiera abierto las piernas”.

“‘Sólo’ entré en shock porque, después de que nació mi bebé, pasaron horas sin que supiera nada de ella. La escuché llorar, pero no me dejaron conocerla ni tocarla. Cuando me dijeron que estaba bien, me acusaron de exagerada… ‘ya ni las mujeres a quienes sus bebés se les mueren’”.

Quienes sufren violencia obstétrica la reconocen en el acto, porque se siente en el alma. Cada mujer o persona gestante la vive de manera distinta, pero todas coinciden en los sentimientos de ultraje, desvalorización, enojo por parir en condiciones indignas, soledad y miedo profundo a morir por ejercer sus derechos reproductivos. Estos sentimientos son provocados por la falta de información clara y oportuna, la tardanza injustificada, los comentarios violentos y burlas, la ausencia de espacios adecuados, la falta de personal y la sensación de ser castigadas por gestar, parir, reproducirse o decidir no hacerlo.

Por ello, al iniciar la búsqueda de justicia, en algunos casos se presentan denuncias  al personal médico que las violentó con sus palabras, quien prolongó innecesariamente su agonía o quien, pudiendo estar allí, no lo estuvo. Sin embargo, las víctimas no buscan venganza; lo que desean es que se reconozca que lo que vivieron estuvo mal y que nunca más vuelva a ocurrir. También son claras al expresar que “no fueron todos” y recuerdan las voces amables y el trato digno que sí recibieron. Acompañar los casos de violencia obstétrica implica empatizar con las personas afectadas, proporcionarles información sobre sus derechos, respetar su proceso de reflexión y escuchar su voz para alcanzar la justicia que buscan. En ocasiones, buscan trascender lo punitivo y optan por otras formas de justicia más eficaces, menos lesivas y con efectos transformadores, más allá del castigo. Y ahí cerraría para concluir con la idea de que otras formas de justicia son posibles, más allá de lo penal.

* Ana Sandra Salinas (@anasandrasp) abogada de documentación y litigio de GIRE (@GIRE_mx).