Frente a la violencia e inseguridad: ciudadanía activa y comunidades fuertes

La delincuencia en México es una de las principales problemáticas que encara la sociedad de manera cotidiana. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2024, el 59.4 % de la población se siente insegura en su ciudad y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 señala que del 2022 al 2023 la actividad delictiva tuvo un incremento de 16.79 % a nivel nacional.

Con estas cifras parece imposible caminar sin temor por las calles para ir a la escuela, a casa después del trabajo o para salir a divertirse durante un fin de semana. Si bien la delincuencia es un problema global, México ha sido golpeado por una ola cada vez más cruda, afectando significativamente el bienestar social y la seguridad de la ciudadanía y generando un estado de incertidumbre ante la probabilidad de ser víctimas de algún delito.

La delincuencia presenta mayor proliferación al aprovechar las marcadas brechas de desigualdad en nuestro país, por ejemplo para reclutar a personas que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Regularmente esto ocurre en comunidades con difícil acceso a servicios y derechos. En general, en contextos en los que se excluye a la población carente de oportunidades, en otras palabras: en un tejido social debilitado. Y es que tanto esta desigualdad, como el bajo estado de confianza entre vecinos, la falta de colaboración y la falta de identidad colectiva como población, así como por el territorio, inciden de manera significativa para la instalación de grupos criminales.

Frente a este panorama, es fundamental recordar que sí existen factores de protección frente a la inseguridad, como potenciar las relaciones ciudadanas efectivas para reducir conductas delictivas. En este sentido, la participación ciudadana resulta fundamental para contrarrestar la ruptura del tejido social que supone la incursión de grupos criminales. Construir una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos, la democracia, la cultura de la legalidad y la convivencia pacífica es muy útil para disminuir la incidencia delictiva en territorios específicos, al construir redes comunitarias que atiendan con enfoque preventivo la violencia desde su localidad.

La activación comunitaria genera capital social, posibilita la conformación de redes de confianza que fomenten valores tendientes al bienestar colectivo y, con ello, disminuye el temor, la incertidumbre y la inseguridad tan utilizadas por agrupaciones criminales como herramientas de manipulación que desvinculan a las personas y debilitan a las comunidades.

En esta tesitura es importante entender la activación como una forma de generar ciudadanía que va más allá del sentido de pertenencia o identificación entre iguales dentro de un territorio: ser ciudadana o ciudadano, implica el autoreconocimiento como agente de derecho y de cambio, implica tener un compromiso participativo en la toma de decisiones de una nación, el involucramiento en la política, la economía, la seguridad y la corresponsabilidad para que el Estado de derecho garantice una vida digna para todas las personas.

Es cierto que México vive uno de los momentos más complejos en términos de seguridad, y la delincuencia es una de las  grandes preocupaciones que aquejan a la sociedad; sin embargo, cuando la participación ciudadana y la activación comunitaria se fusionan como herramienta para fortalecer el tejido social es posible construir un frente sólido para contrarrestarla. Fomentar el sentido de la corresponsabilidad social, respetar el Estado de derecho como principio de legalidad y coadyuvar a la construcción de espacios inclusivos de convivencia resulta clave para afrontar las dificultades que suponen las dinámicas de ruptura, reclutamiento y terror impuestas por los grupos criminales, prácticas que a muchas personas les roban el futuro y la paz.

* Angélica Cortez Neri es animadora sociocultural de la Red Conéctate por Tu Seguridad (RCxTS) Toluca, de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Antropóloga Social y maestra en Género, Sociedad y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ganadora del Premio Nacional de Administración Pública 2023, con amplia trayectoria en trabajo sobre acceso a la justicia para las mujeres, violencia de género y personas desaparecidas en México.