blogeditor · 13 de mayo de 2019
Luego de cinco sexenios federales mirando suceder más o menos lo mismo, conviene al menos intentar hacer preguntas diferentes. Vamos por partes, ¿a qué me refiero con “lo mismo”? La inseguridad, la delincuencia y la violencia crecen y las ofertas para enfrentarlos y reducirlas en lo fundamental no varían. El problema crece y las ofertas son las mismas, en mi experiencia, al menos ya por 25 años (hay casos locales diferentes que apenas empiezan a ser documentados).
Creíamos que, sumando la evidencia del fracaso, las cosa cambiarían. Los debates y las audiencias, primero sobre la Ley de Seguridad Interior, y luego sobre la Guardia Nacional, me han confirmado que algo estamos entendiendo y haciendo mal cuando esperamos que la evidencia sea la palanca de cambio de las políticas de seguridad. No es así, o al menos no como le hemos hecho.
En este momento la oferta política y la demanda social de seguridad y reducción de la violencia se han alineado en torno a la Guardia Nacional. No solo en el ámbito federal sino día a día se meten en la misma bolsa cada vez más entidades y municipios. La promesa y la demanda de seguridad a través de la Guardia Nacional acaso alcanzarán prácticamente al país entero. Del lado de la evidencia eso no tiene fundamento, dada la experiencia acumulada y bien documentada en México y en América Latina, en el sentido de que el despliegue policial y militar, por amplio que sea, no contiene por sí mismo y por sí solo la violencia. Pero si la evidencia va por una canal y la oferta política y la demanda social van por otro, entonces lo que está a discusión en las decisiones de política pública no es la evidencia.
¿Y qué es lo que sí está a discusión en la oferta política y la demanda de seguridad? ¿Qué se juega realmente ahí? Estoy seguro que desde las ciencias sociales hay muchas respuestas posibles a esto. Y también me queda claro que, al menos buena parte del sector que promueve la transformación del paradigma de la seguridad, no se ha vinculado en un aprendizaje transdisciplinario que quizá puede ofrecer interpretaciones sólidas respecto a los límites de la evidencia como herramienta de cambio, los resortes profundos detrás del ciclo de repetición en el que estamos y las vías posiblemente más eficaces para intentar romperlo.
En mi caso, luego de varios años de no ir a fondo para tratar de responder por qué la evidencia parece irrelevante una y otra vez ante el fracaso de las políticas de seguridad, he comenzado a mirar otros circuitos de conocimiento, asomándome apenas al lenguaje y la comunicación política. Desde esa perspectiva estoy apenas tocando la puerta de la ciencia cognitiva, encontrando que viene desarrollándose una amplia discusión respecto a qué tanto las personas toman decisiones animadas por razonamientos basados en la información y qué tanto basados en valores, a su vez fundados en “marcos”, es decir, en “estructuras mentales que moldean nuestra visión del mundo”. Aplicado al análisis del lenguaje político, esta discusión propone que el supuesto según el cual la gente tomará las decisiones adecuadas si se le informa de los hechos, es falso (George Lakoff). Apenas descriptible la relevancia de esta propuesta desde la discusión en torno a la seguridad y la violencia.
Creo haber entendido que, por sí misma, la evidencia del fracaso de las políticas de seguridad no nos llevará a otra política de seguridad. No sé qué es lo que sí lo hará. También me parece claro que la agenda de la seguridad en democracia debe tomarse en serio la construcción de interpretaciones diferentes, desde disciplinas científicas diversas, para tal vez poder avanzar hacia el cambio. En el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero estamos en esta exploración. Por ahora, no importa cuánto se documente el desastre de la política de seguridad enfocada en el uso de la fuerza, por ahí seguiremos.