Redacción Animal Político · 29 de noviembre de 2022
Tres fenómenos resaltan en el contexto post-pandémico en el continente americano: niveles alarmantes de violencia armada, creciente radicalización política y social, y la realidad ineludible que presentan los cientos de miles de muertes relacionadas con el trasiego y consumo de drogas sintéticas ilegales. Una de las múltiples lecciones que nos dejó la pandemia por COVID-19 es el hecho de que muchos de los retos actuales para la salud y seguridad de nuestras comunidades son desafíos compartidos que deben ser enfrentados con una perspectiva regional, poniendo en el foco las circunstancias que enfrenta nuestro vecino del norte.
América es actualmente el continente con más asesinatos según la Organización de las Naciones Unidas. En 2020, 160 mil 800 de los 436 mil 900 fallecidos por homicidio en el mundo sucedieron en la región; Jamaica y Trinidad y Tobago, seguidas de El Salvador y Honduras, son los países que tienen las tasas más altas del mundo. Por su parte, en países como México, la tasa de homicidios ha mostrado un aumento sostenido y estrepitoso desde 2008 conservando niveles históricos en los últimos tres años. Como región, el fenómeno es generalizado y alarmante.
De acuerdo con las evaluaciones de la ONU, Estados Unidos es el país desarrollado con mayor número de asesinatos. Las tasas de crimen y violencia en este país comenzaron a incrementar en 2014, revirtiendo la tendencia iniciada a mediados de los noventa. Para 2020, múltiples indicadores de crimen habrían explotado en el país; la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes aumentó en casi un 30%, mientras que las agresiones y la tasa de delitos comunes aumentaron en más del 10%.
Es imposible negar que estos niveles de violencia han sido empujados por una disponibilidad creciente y constante de armas de fuego. La Oficina para Drogas y Delito de la ONU apunta que existen claros vínculos entre los patrones de tráfico y los niveles regionales de criminalidad. Según esta organización, los países con niveles más altos de muertes violentas y homicidios, particularmente en África y América Latina, tienden a incautar un mayor porcentaje de armas de fuego relacionadas con delitos violentos. Estados Unidos es consistentemente la fuente de la mayoría de las armas rastreadas en América Latina y el Caribe tras un crimen De hecho, se calcula que el 70% de las armas ilegales recuperadas en México provienen de Estados Unidos.
Detener el flujo de armas proveniente de Estados Unidos es una tarea virtualmente imposible. Éste es el tercer mayor productor de armas en el mundo, sólo tras Italia y Alemania. Además, la compra y posesión de armas es un derecho constitucional prácticamente ilimitado en dicho país y no hay indicios de que exista capital político suficiente para que los defensores del control de armas puedan avanzar una legislación contundente que ayude a reducir la disponibilidad de armas, y su consecuente tráfico hacia el sur.
La prominencia cultural, política y económica que tiene la industria de las armas de fuego en la sociedad estadounidense ha tenido un costo incrementalmente trágico. Según el Archivo sobre Violencia Armada, entre 2014 y 2021 murieron más de 143 mil personas a causa de un disparo de arma en este país. Estos números han crecido exponencialmente en los últimos años. El número de tiroteos masivos se ha casi triplicado desde 2014, superando los 690 en 2021. No es de sorprender tampoco que aproximadamente el 77 % de los asesinatos en Estados Unidos en 2020 se cometieron con un arma de fuego, la proporción más alta desde 1960. Esto es especialmente revelador cuando se toma en cuenta que la cantidad de armas compradas aumentó un 40 % en 2020, calculado por los casi 40 millones de verificaciones de antecedentes para la compra legal que realizó el FBI durante dicho año.
Si la cifra de muertes por arma de fuego en Estados Unidos es escandalosa, ésta palidece cuando se compara con la cantidad de sobredosis fatales que este país ha experimentado desde el inicio de la “crisis de opioides”. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) calculan que entre 1999 y 2022 han muerto más de un millón de personas por una sobredosis. El incremento exponencial de esta causa de muerte se debe, innegablemente, a la introducción de drogas sintéticas. Actualmente, más del 70 % de las sobredosis mortales están relacionadas con un opioide sintético, especialmente el fentanilo, que si bien es muy útil en contextos médicos, es fácilmente letal cuando proviene del mercado negro.
Por otro lado, es indiscutible la serie de consecuencias negativas que el tráfico de drogas deja a su paso. Las organizaciones criminales trasnacionales han tomado posesión de una buena parte del continente. En la última década su influencia y poder se han expandido hasta lugares como India y Holanda. Además, y más importantemente, el crimen organizado ha diversificado sus negocios, expandiendo sus actividades a crímenes de mayor impacto para nuestras comunidades, como la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, el tráfico de migrantes y la trata de personas.
El poder alcanzado por el crimen organizado en la región, su capacidad corruptora y la ola de violencia imparable que afecta a nuestras comunidades no puede ser explicada o solucionada sin entender el contexto estadounidense, la cultura que rodea a la industria de las armas, y la compleja y precaria infraestructura de salud mental para atender los desórdenes por abuso de sustancias en aquel país.
Estados Unidos se encuentra en un periodo definitivo para la configuración política de sus poderes, como pudimos observar durante las elecciones intermedias del 8 de noviembre pasado, donde la extrema polarización entre los votantes se hizo evidente. Es de esperar que legislación tajante en temas de suma importancia para la seguridad de la región, como el control de armas y la política de drogas, sea decidido por los funcionarios electos en 2024. Sin embargo, y en mejores noticias, la nueva ola de gobiernos latinoamericanos parece coincidir en la necesidad de presentar un frente unido contra la “guerra contra las drogas” emanada del régimen estadounidense.
En la más reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, mandatarios como Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras y Gabriel Boric de Chile, hicieron señalamientos enérgicos en contra de dicho esquema. Por su parte, el presidente Joe Biden y los demócratas más progresistas han hecho lo posible por revertir la crisis de sobredosis utilizando estrategias de salud pública como el uso de naxolona y ampliar el acceso a tratamiento para el trastorno de abuso de sustancias. También han habido esfuerzos por reforzar algunas medidas de control de armas. Ahora que el control de la Cámara de Representantes estará en manos del partido republicano, es difícil anticipar el futuro este tipo de políticas.
Los siguientes meses y años serán determinantes para el futuro de la región. Es imperante trabajar en conjunto y rediseñar la estrategia regional contra el crimen organizado. Necesitamos aceptar que la demanda de drogas ilícitas y la disponibilidad de armas son parte importante de la compleja y enredada serie de factores que empujan y habilitan la violencia en el continente. Como región, debemos enfrentar los retos que presentan los tráficos ilícitos, drogas y armas específicamente, desde una perspectiva fresca y con iniciativas basadas en evidencia.
* Diana Jiménez Trejo es experta en política de drogas y control de armas en Estados Unidos y tiene más de diez años de experiencia en temas relacionados con cooperación bilateral y regional. Lo escrito aquí es a título personal y no refleja la postura de su empleador.
Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.