Los vientos políticos que soplan en nuestro país

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes”.

Martin Luther King Jr., activista por los derechos civiles

 

Desde los foros oficiales, la interacción entre la ciudadanía y el gobierno se presenta como una relación tersa. Sin embargo, es probable que la falta de acceso a servicios esenciales, como la justicia y la información gubernamental, pueda llevar a una crisis y a una erosión de la confianza en las instituciones, lo que podría desencadenar una “turbulencia ciudadana”.

Esta situación podría agravarse en momentos en que los ciudadanos necesiten información específica del IMSS u otras dependencias gubernamentales para gestionar, por ejemplo, un convenio de pago pendiente o cumplir con obligaciones de pensión alimenticia. Y ni hablar de aquellos que enfrenten abusos de autoridad; estos se encontrarán probablemente indefensos y percibirán que el Estado ha dejado de ser un garante y protector de derechos.

Este escenario amerita una profunda reflexión, considerando no solo las alertas emitidas desde distintos sectores del ámbito nacional e internacional, sino también las implicaciones a largo plazo.

La idea de que “solo habrá de una sola sopa” subraya la preocupación por la concentración del poder, especialmente cuando el gobierno actúa como juez y parte, y cualquier decisión está sujeta a su voluntad.

Esta realidad, lamentablemente, se reflejará en la vida cotidiana, dejando a los ciudadanos cada vez más desprotegidos.

Históricamente, los regímenes que controlan tanto el poder ejecutivo como el judicial tienden a utilizar la justicia como una herramienta de control político y social, limitando la capacidad de los ciudadanos para cuestionar o resistir decisiones gubernamentales. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿presenciaremos un ejercicio del poder donde la autoridad imponga su voluntad sin restricciones?

Nos enfrentaremos a un escenario donde los proyectos del gobierno se impondrán, dificultando la expresión de opiniones o la sugerencia de alternativas. Ante esta realidad, sin duda, surgirá una creciente desilusión y desencanto ciudadano, amplificando una inconformidad que no hallará respuesta en la justicia ni respeto a los derechos.

No podemos permanecer como simples espectadores. La participación de las organizaciones sociales, civiles y los medios de comunicación será crucial para mantener el equilibrio y garantizar que las decisiones no sean arbitrarias.

En la actualidad, aún no se perciben con claridad los desafíos que enfrentarán los ciudadanos, ya que prevalece una aceptación basada en becas y subsidios. Esta estrategia gubernamental busca mantener la estabilidad social; sin embargo, a largo plazo, esta dependencia asistencialista es insostenible y dejará a la población vulnerable y sin las herramientas necesarias para enfrentar nuevas realidades económicas, a menos que se acompañe de políticas que promuevan el desarrollo económico y el verdadero bienestar ciudadano.

Además, nos enfrentamos a un entorno económico de gran incertidumbre, con señales de preocupación entre inversores nacionales, extranjeros y socios comerciales por las medidas que el gobierno está tomando en los ámbitos de la justicia y la seguridad.

La llegada de un nuevo gobierno no promete estabilidad; podríamos experimentar un declive en el crecimiento económico que afectaría negativamente el empleo, los ingresos y la calidad de vida de las familias, así como un deterioro continuo de nuestros derechos.

Ante este panorama, es fundamental que la ciudadanía mantenga el entusiasmo y adopte una postura propositiva para defender sus derechos.

Aunque vayamos contra corriente, es esencial que los ciudadanos sigan construyendo espacios de diálogo, fomenten debates constructivos y amplíen su capacidad de incidencia para expresar inquietudes y proponer soluciones.

* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C. (@Iniciativa_pcd).