Vida (con dignidad) y Familia (sin violencia)

Por: Omar Feliciano, Medios Digitales.

 

“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba;  la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. “

Eduardo Galeano

 

Las declaraciones de la presidenta de la organización Vida y Familia (VIFAC) al inaugurar su nueva sede en Tabasco inicialmente me hicieron esbozar una sonrisa, pues relaciona el incremento de embarazos no deseados con la llegada del Ejército, dice: “En el caso de los estados del norte, el año pasado los embarazos no deseados se incrementaron en un 36 por ciento, ante la llegada de fuerzas federales y elementos del Ejército”. Por supuesto, tal pareciera que nada tiene que ver la ausencia de campañas de anticoncepción, la deficiente educación sexual a jóvenes, la nula promoción del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, la ausencia de servicios médicos amigables para los jóvenes, la inacción en relación con compromisos internacionales como la carta ministerial o la demanda insatisfecha de anticonceptivos.  No, en el imaginario de una organización conservadora dedicada a inhibir en las mujeres su derecho a decidir para cuidarles el embarazo y luego dar a las niñas y niños en adopción, las violaciones a mujeres y sus derechos, tienen un origen y consecuencias meramente morales.

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La risa se me desdibujó cuando la presidenta de Vifac detalló el perfil de las mujeres que albergan durante su embarazo:”Las edades de las mujeres en gestación van de los 9 a 35 años…”. Me gustaría pensar que los casos de niñas embarazadas son marginales, sin embargo en un país donde ocurren 120 mil violaciones al año, una cada cuatro minutos, la posibilidad de que la víctima sea una menor es muy alta.  Que la agresión ocurra dentro de su familia, por un miembro de ésta o con el silencio cómplice de un familiar, también es  frecuente. Por ejemplo, en lo que va del año, las violaciones a menores fueron la mitad de las denuncias en Puebla. También recordé al Obispo que recriminó a una niña por su embarazo resultado de un abuso.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las  adolescentes menores de 16 años tienen un riesgo mayor de muerte materna que las mujeres de 20 a 30 años y la tasa de mortalidad de sus hijos e hijas es 50 por ciento superior.  Es un hecho indiscutible el riesgo a la salud que representa para las adolescentes un embarazo precoz, mucho más en el caso de las niñas de nueve y 10 años. Sin embargo, para organizaciones como ésta parece que lo que se prioriza es ser madre, para ser madre, por el valor de ser madre: sin importar la salud o el proyecto de vida de estas niñas.

Si estas niñas fueron violadas, tienen derecho a una interrupción legal del embarazo en todos los estados del país. Incluso, debido a los riesgos que implica, las niñas pueden acogerse a la causal  de “grave daño a la salud” contemplado en los códigos penales de 13 estados. La ley no obliga a abortar, permite decidir, pero ¿pudieron estas niñas reclamar esta maternidad de manera autónoma sabiendo de todas sus opciones y conscientes de los riesgos para su salud?, no creo.

El aborto legal y seguro es una cuestión de democracia y derechos así lo ha planteado el feminismo desde hace décadas y este 28 de septiembre, como parte de la campaña por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, se exigirá en toda la región y en México que la ley se cumpla, que las causales se homologuen, que no se criminalice a las mujeres, que no se revictimice a las niñas. Es urgente tener una mirada crítica hacia los valores absolutos que convierten a las niñas en recipientes reproductivos y no en personas autónomas que deben ejercer su sexualidad y reproducción informadamente, sin coacción ni violencia.

 

En lo que va del  año Campeche cambió  su código penal con lo que se amplió una causal: De “peligro de muerte” a “grave daño a la salud”.  En Jalisco, se eliminaron tres agravantes para el delito de aborto: mala fama, ocultamiento del embarazo y fruto de unión ilegítima. No es el año de 1870,  pero la distinción entre legítimo e ilegítimo persistía en el código penal en detrimento de las mujeres y con la finalidad de aumentar la pena.  De nueva cuenta los valores absolutos están presentes para revictimizar, estigmatizar, cosificar a las mujeres.

Estos son avances insuficientes y más que nunca hay que incluir en la agenda pública el acceso sin discriminación a anticonceptivos, educación sexual desde temprana edad, prevención del embarazo precoz, acceso al aborto legal de manera segura y expedita, homologación de las causales en todo el país con una perspectiva progresiva encaminada hacia la despenalización, acciones para disminuir la muerte materna, vida con dignidad y familia sin violencia.