Las víctimas en el olvido: el cierre del sexenio

Ayotzinapa retrató de cuerpo completo al Gobierno de López Obrador: un hombre que vive en un Palacio amurallado, con elementos de seguridad pública suficientes para no escuchar los reclamos de justicia. Atrincherado y sin dar cara a la sociedad, así cerró el gobierno que militarizó al país y que ha ido eliminando contrapesos para que su movimiento se perpetúe en el poder.

Este sexenio inició con la promesa de conocer la verdad y obtener justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Había esperanza de cambio. Hoy la palabra transformación en México queda como un concepto vaciado y en él se inserta la palabra traición. La traición no solo es para los 43 estudiantes y sus familias, también para las miles de personas desaparecidas.

Las víctimas en el olvido, así describimos el cierre de este sexenio, y por lo anterior fue el nombre de nuestro último informe, el estudio más completo de todo el sexenio donde explicamos cómo el gobierno de la autodenominada cuarta transformación logró debilitar a los Sistemas Anticorrupción y, por lo tanto, las graves violaciones a derechos humanos y de lesa humanidad se han profundizando en México. Con corrupción no hay justicia.

Hasta septiembre de este año, el 84.84 % de los Sistemas Anticorrupción de México no cuentan con por lo menos una designación. Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum inicia solamente con el 15.16 % de designaciones completas de las instituciones que previenen, detectan, investigan y sancionan faltas administrativas y hechos de corrupción.

A pesar de que el panorama es complejo, el análisis y resultados de este informe explica hacia dónde transitar con una agenda anticorrupción que ponga en el centro el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, para reducir las violaciones de derechos humanos.

Uno de las conclusiones que ponemos sobre la mesa es cómo el oficialismo ha logrado capturar la narrativa sobre la corrupción con el objetivo de despolitizar a la población civil, lo que implica desactivar su potencial crítico y movilizador al difundir la idea de que la corrupción es un problema resuelto y al desviar la atención hacia una única figura, entidad o partido político como el único responsable de “erradicar” la corrupción.

Sin embargo, es importante crear respuestas, contra narrativas y propuestas de políticas públicas para que la población, sobre todo las aquellas que son constantemente criminalizadas, perseguidas y olvidadas, tengan una vida digna. Es así que creamos un Decálogo Anticorrupción de la siguiente administración que ponga en el centro a los pueblos, las resistencias y las demandas de los movimientos contrahegemónicos.

1. Género y corrupción. Todas, todos y todes, ¡en pie de lucha!

Se necesita hablar y crear políticas públicas sobre la corrupción sexual que afectan a mujeres y niñas que son empobrecidas, como por ejemplo en estaciones migratorias o trabajadoras sexuales. En México podemos afirmar que la Política Nacional Anticorrupción no considera la corrupción sexual en su diseño e implementación.

Recomendamos a todas las instituciones y órganos colegiados encargados de prevenir, detectar, investigar, sancionar y reparar las faltas administrativas y hechos de corrupción que reconozcan en su normativa la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que promueve los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo en interés de toda la humanidad.

2. ¡Los pueblos al frente! Anticorrupción en los megaproyectos

Las instituciones anticorrupción deben ser especialmente sensibles a las necesidades y los derechos de las poblaciones étnicas en México, considerando la diversidad cultural, étnica y territorial del país, así como las desigualdades históricas que enfrentan, la falta de representación política y los obstáculos para poder acceder a la movilidad social efectiva.

El gobierno debe de atender los casos de violencia y corrupción en los megaproyectos con investigaciones judiciales independientes, específicamente en focos rojos de los megaproyectos en curso, como por ejemplo, el Tren “Maya” y el Corredor Interoceánico.

3. Más allá de la mañanera: metodologías e indicadores para medir la corrupción y la eficacia de la agenda anticorrupción, el gran rezago pendiente

La gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades y los derechos humanos al socavar las instituciones y la democracia, la ética y la justicia, al comprometer el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho, es imperante crear estudios rigurosos para saber dónde se encuentra México en la materia.

Hacemos un llamado al gobierno que está por entrar para legitimar la Política Nacional Anticorrupción, manteniendo los repositorios de datos que se han realizado y otros que son importantes generar, para que la sociedad pueda conocer sobre los casos de corrupción y medidas anticorrupción que se han implementado con las metodologías e indicadores para medir los riesgos, las tendencias y la prevalencia de la corrupción, así como para evaluar la eficacia de las políticas y medidas para reducir este problema, protegiendo al mismo tiempo las investigaciones sobre corrupción en curso y respetando la confidencialidad.

4. ¡Justicia social! El caso de las personas privadas de la libertad y su relación con la corrupción

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se refirió durante su campaña a la adopción del “Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario” que, según la Oficina de la ONU, “podría significar un parteaguas en favor de un sector de la población históricamente olvidada”.

Las nuevas autoridades federales y estatales que asumirán su cargo el 1 de octubre de 2024 enfrentan un reto importante: crear una política pública robusta para el sistema penitenciario, con el objetivo de generar seguridad y, sobre todo, garantizar la dignidad humana de todas las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta sus condiciones étnico-raciales, de género, clase y otros sistemas de opresión.

La corrupción es una práctica estructural dentro de los centros penitenciarios, 96.4 % de la población privada de la libertad pagó por un servicio, bien, beneficio o permiso en las cáreceles durante julio 2020 a julio 2021 (ENPOL 2021), lo cual no solo obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos, sino que también crea un entorno propicio para el abuso de sus derechos, que incluyen la tortura y los malos tratos.

Hacemos hincapié en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 16, ubicado en el Estado de Morelos, y los 16 suicidios en menos de tres años en la única prisión federal de mujeres, debido a que no han recibido atención psicológica ni psiquiátrica de manera oportuna estando bajo custodia del Estado.

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades penitenciarias e instituciones corresponsables para que garanticen y salvaguarden la vida, integridad y la protección de los derechos humanos de las mujeres que habitan el CEFERESO 16.

5. ¡Justicia climática! Fortalecimiento en la prevención y lucha contra la corrupción en situaciones de emergencia y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior

Reconociendo que los riesgos de corrupción pueden aumentar en situaciones de emergencia climática y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior, ya que la urgencia de las necesidades, la gran demanda de ayuda económica y sanitaria, y la rapidez con la que el Estado Mexicano debe responder, crean oportunidades para que se den delitos de corrupción, la cual dificulta aún más los esfuerzos de respuesta y recuperación.

Instamos al Gobierno mexicano a utilizar de manera plena y eficaz la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para desarrollar, mejorar y fortalecer las políticas y estrategias contra la corrupción, a fin de garantizar la preparación para emergencias y hacer frente a la corrupción en situaciones de emergencia y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior.

6. Medidas contra la corrupción de grupos delictivos organizados

México debe reforzar su Política Nacional Anticorrupción para contar con medidas para la cooperación internacional para perseguir delitos de grupos delictivos organizados.

Es imperante que se siga mejorando su comprensión de los riesgos de la corrupción en la que intervienen grupos delictivos organizados, también con miras a desarrollar enfoques comunes, en la medida de lo posible, y compartir sus mejores prácticas, lecciones aprendidas y metodologías entre los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción.

También se exhorta al gobierno a adoptar medidas apropiadas para identificar, evaluar, mitigar y gestionar los riesgos de corrupción en el sector público y mejorar la capacidad de las instituciones públicas, incluidos sus procesos de contratación, para prevenir y hacer frente a la infiltración de grupos delictivos organizados –sobre todo en las Fiscalías– mediante el fortalecimiento de políticas que promuevan la buena gobernanza, el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. En esta recomendación se pone especial énfasis en la desarticulación de redes de macrocriminalidad que perpetúan graves violaciones a derechos humanos, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

7. Sin transparencia no hay recuperación de activos

México debe crear estrategias para que las instituciones financieras adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensificar su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores, y que ese escrutinio intensificado se estructure razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes.

También se deben aplicar las medidas necesarias para obtener información fidedigna sobre los beneficiarios finales de las empresas, las estructuras jurídicas u otros mecanismos jurídicos complejos, como los fideicomisos y las sociedades de cartera, utilizados para cometer delitos de corrupción u ocultar y transferir valores.

8. Protección de personas denunciantes y alertadores de la corrupción, ¡ya!

Se resalta la importante función que tiene la denuncia para mejorar las iniciativas emprendidas por el gobierno para prevenir y reducir la corrupción con mayor eficiencia y eficacia. En ese sentido, el Estado debe de garantizar la protección eficaz frente a posibles actos de represalia o intimidación a las personas afectadas por la corrupción, así como a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados, y a sus familiares y demás personas cercanas, tomando en cuenta sus necesidades y el contexto en el que se desarrolle.

9. Los muros como necropolítica: migración y corrupción

Al ser un país con una política migratoria que obedece a una lógica de contención, sin un enfoque en la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y de refugio que cruzan el territorio mexicano, México cuenta con grandes desafíos en corrupción y violaciones a derechos humanos.

Con base en las solicitudes de información que realizó el Observatorio en materia de Derechos Humanos, podemos confirmar que ningún Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, como las instituciones y los órganos colegiados que lo conforman, entregaron documentos que acrediten que están trabajando con las autoridades migratorias para reducir las faltas administrativas y hechos de corrupción en esta población vulnerada en sus derechos.

10. Sin independencia no hay justicia

Vemos con preocupación reformas y propuestas que ponen en riesgo nuestra democracia. Por un lado, la reforma judicial recientemente aprobada, la cual no pone en el centro las desigualdades históricas que obstaculizan el acceso a la justicia pero que dan un control político al Poder Ejecutivo Federal, y que -por si fuera poco- no atiende el problema de corrupción e impunidad que existe en las Fiscalías.

De igual forma, nos preocupa la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que es fundamental para el ejercicio de dos derechos: el acceso a la información y la protección de datos personales.

Además de ello, la propuesta de la nueva presidenta electa de México que busca crear una Agencia Federal Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, pone en relieve su independencia para prevenir, investigar y sancionar casos de corrupción. La eficacia de su administración en este campo dependerá de su capacidad para implementar y fortalecer mecanismos transparentes y efectivos de rendición de cuentas de cara a la sociedad, de romper la espiral de impunidad, así como de su disposición para enfrentar casos de corrupción dentro de su propio partido y administración.

 

* El informe “Las Víctimas en el Olvido. El debilitamiento de los Sistemas Anticorrupción de México (2018 – 2022). Análisis y resultados para entender hacia dónde vamos”, lo puedes encontrar aquí.