¿Verdad histórica u obstrucción de la justicia?

En los últimos años hemos sido testigos de la debilidad de nuestro sistema de justicia penal y de la frecuente costumbre de las autoridades de cubrir esa debilidad construyendo relatos improbables, sembrando evidencia, recurriendo a la tortura y violando, en general, el debido proceso.

De hecho, hasta no hace mucho tiempo, el concepto mismo de debido proceso era ajeno al vocabulario judicial que, limitado por la orientación inquisitorial de la que todavía no se libra, fue concebido como un recurso para dar forma jurídica a un conjunto de acciones dirigidas a la fabricación de culpables, más que a la impartición de justicia.

[contextly_sidebar id=”FyzEhX1Cv8DizT2LSf0xusMrKd1xBT1x”]Fabricar culpables ha sido, así, un recurso útil para evitar la investigación cuando ha sido mas fácil inculpar a un inocente, una medida muy eficiente para instrumentar venganzas e, incluso, como parece acontecer en el caso de la investigación que la Procuraduría General de la República dijo haber llevado a cabo en torno a la desaparición de los 42 normalistas de los que aún no se conoce paradero, para generar impunidad. En todos los casos, el común denominador es la ausencia de rendición de cuentas de una autoridad que, ya sea por incapacidad o por consigna, simplemente no se hace cargo de su ineficiencia.

Ayotzinapa representa apenas uno de los múltiples sucesos en los que la autoridad se equivoca, falla o encubre, cuando no se extralimita, a la hora de cumplir con su función; pero a diferencia de esos otros casos que no tienen luz pública, lo sucedido en Guerrero hace un año está en el foco de la atención internacional y es uno de los ejes en torno a los cuales se mueve hoy en día la indignación de la sociedad civil organizada mexicana y extranjera. Al menos eso debería ser una motivación para que la autoridad cumpliera su deber del modo debido.

Como se esperaba, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GI) desmintió la verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam y con ello ha abonado al descrédito de una institución, la PGR, cuya falta de credibilidad simplemente no hay manera de remontar. Frente a ello, la respuesta del gobierno federal en este caso tampoco es una sorpresa. La abogada de la nación, Arely Gómez, y el propio presidente Enrique Peña Nieto han declarado que revisarán el informe presentado este domingo por el GI, que valorarán si lo incorporan a la averiguación previa y que ordenarán nuevos peritajes. Lo nuevo quizá radica en el anuncio que hizo la procuradora general en el sentido de que, como lo hubo sugerido en múltiples ocasiones el GI, se acumularán los procesos penales que hoy se hayan dispersos para que un solo juez federal los resuelva. Nada se dijo, por cierto, sobre la reiterada petición del GI de entrevistarse con el Ejército, aunque se espera que esa solicitud se mantenga vigente mientras los enviados de la CIDH estén trabajando en México.

En todo caso, no es posible pasar por alto que, al agravio por la desaparición de los normalistas habrá que añadir un nuevo agravio, este sí, sin duda, responsabilidad directa de la autoridad federal —concretamente del ex procurador general y de su equipo de trabajo— que ha sido producido por una versión tan apresurada como errática de lo sucedido, que de ninguna manera se justifica. Se trata de una responsabilidad que no se agota en la imprecisión de la investigación, y ni siquiera en sus efectos revictimizantes —ya de suyo en extremo relevantes— porque en este caso, con tantos cabos sueltos, hacer pasar por oficial y con tanta prisa esa pretendida verdad histórica constituye, de facto, un acto de obstrucción a la justicia que en mi opinión, también se debería de investigar.

Ayotzinapa será, a la postre, una prueba de fuego para todas y para todos. Al gobierno federal le pondrá a prueba el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, al mundo y sus instituciones su capacidad para hacer del reclamo un instrumento eficiente de presión contra la permanente violación de derechos humanos en este país, y al resto de nosotros nos colocará en la disyuntiva de olvidar sin mas y pasar sin ver mientras mas personas pierden la vida, desaparecen, son torturadas o ejecutadas, o hacer de la indignación una motivación para reaccionar y actuar para cambiar las cosas de manera radical.

@LGlzPlacencia