Veracruz, entre la inseguridad y la impunidad

La crisis de violencia e inseguridad que vive Veracruz se ha prolongado ya durante 15 años, con algunos altibajos. Desde 2009, cuando la tasa de homicidios se disparó de 5 a 10 por cada 100 mil habitantes, hasta llegar a su punto más alto en 2017, cuando alcanzó 20.56, empezando a partir de ahí un descenso que se detuvo en 2022, con una tasa de 9.89, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta tendencia descendente ha servido al gobernador Cuitláhuac García para tratar de legitimar su mandato. Sin embargo, el panorama es mucho más desolador de lo que la propaganda oficial quiere vender al público. El gobierno morenista no contempla el hecho de que Veracruz ocupa el cuarto lugar en el ranking de los estados con mayor número de desaparecidos, con un 6.8 por ciento, equivalentes a 5 mil 546 en el periodo enero de 2007 a enero de 2023.

Buena parte de los desaparecidos se ubica seguramente en las 647 fosas clandestinas (el mayor número en el país) que se han localizado en Veracruz, de acuerdo con información emitida por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Si consideramos que la mayoría de los desaparecidos fueron asesinados, la tasa de homicidios se incrementaría considerablemente. La evolución de las tasas delictivas de los delitos de alto impacto en los últimos 8 años ha sido la siguiente:

Principales delitos en Veracruz por cada 100 mil habitantes

Fuente: SESNSP (2023).

Más allá de las cifras oficiales, en las cuales es evidente que hay un subregistro, es necesario considerar elementos cualitativos como el incremento en la crueldad de los actos violentos y la captura que los grupos criminales vienen haciendo de los gobiernos municipales y de algunas corporaciones policiales, invadiendo la arena político-electoral. En las elecciones federales y estatales que se celebraron en 2021, Veracruz tuvo el mayor número de candidatos asesinados (9). De diciembre de 2018 hasta noviembre de 2022 se habían efectuado 113 ataques contra políticos, de los cuales 67 fueron asesinatos, 25 ataques armados, 8 secuestros, 6 amenazas, 5 atentados y 2 desapariciones, de acuerdo con el periodista Miguel Ángel León Carmona.

Esta violencia política no sólo se debe a la presencia del crimen organizado, sino que se combina con otras modalidades de vieja raigambre, vinculadas a la persistencia de los cacicazgos. Durante los años ochenta del siglo pasado, y antes, cuando las tasas de homicidio alcanzaron los 24 por cada 100 mil habitantes, el pistolerismo promovido por los cacicazgos sirvió como una forma de control y apuntalamiento del régimen hegemónico priista. La violencia en esos años era marcadamente rural y estaba asociada a las disputas por la tierra, por el control de las rentas en las regiones cañeras, y por los conflictos intrasindicales.

Resabios de esa violencia rural coexisten hoy con otra enclavada en ciudades como Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa y la región Córdoba-Orizaba. El puerto de Coatzacoalcos ocupó en 2019 el lugar 26 entre las ciudades más violentas del mundo. Ese mismo año tuvo lugar la masacre ocurrida en el bar White Horse, donde murieron calcinadas 32 personas a manos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Meses antes había ocurrido otra masacre en el municipio de Minatitlán, donde fueron asesinadas 14 personas, incluyendo un bebé de sólo un año, al que le dieron tiro de gracia. Recientemente, el municipio petrolero de Poza Rica ha estado en el centro de la atención debido a que en una casa de seguridad hallaron 17 cuerpos desmembrados depositados en refrigeradores. En esa ciudad, que durante el periodo que va de 2009 a 2014 fue de las más violentas debido a la sanguinaria presencia del cartel de Los Zetas, se ha vuelto a recrudecer la violencia, disputándose el control el CJNG con los llamados Zetas Nueva Escuela, el grupo Sombra y una banda regional conocida como Los pelones.

Las desapariciones, los asesinatos de políticos, los feminicidios, la extorsión y el cobro de piso, los asesinatos de ciudadanos por parte de los propios policías, la tortura y la utilización de las instituciones judiciales para perseguir a los adversarios políticos del gobierno han pasado a formar parte del paisaje cotidiano de Veracruz.

La falta de capacidades en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y garantizar la seguridad, la extrema corrupción, y un nulo respeto por la legalidad, así como el hecho de que Veracruz forma parte de la ruta que va de la frontera con Guatemala a la frontera con los Estados Unidos, por donde circulan mercancías legales e ilegales, han hecho de este estado un territorio propicio para que la violencia y la inseguridad imperen, generándose formas de gobernanza criminal. Algunos municipios del sur como Acayucan, Sayula de Alemán, Playa Vicente, Rodríguez Clara, o Isla, y otros del norte, como Cazones de Herrera, se encuentran entre los que contienen más tomas clandestinas para la extracción de combustible robado (huachicol).

Ante este sombrío panorama, la coalición que gobierna es impotente e intenta minimizar la gravedad de los hechos, mientras los partidos de oposición guardan silencio y nadie toma la iniciativa para enfrentar los problemas y buscar soluciones.

* Víctor Manuel Andrade Guevara es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales.