Venezuela y Ucrania, conflictos entre el petróleo, la paz y la guerra

En los últimos días hemos visto nuevos desarrollos en dos conflictos que en apariencia son procesos distintos. Por un lado, surgió la posibilidad de un nuevo plan de paz para Ucrania impulsado por Estados Unidos, el cual consta de una ambiciosa agenda de paz de 28 puntos que buscaría poner fin al conflicto. Por el otro, vemos un aumento en las tensiones en el sur del Caribe en donde cabe la posibilidad de una escalada militar en las tensiones entre Washington y Caracas. Estos acontecimientos, más que episodios aislados, reflejan la interconexión latente de los distintos conflictos en el escenario internacional.

La posibilidad de una escalada militar en Venezuela, en paralelo a los intentos de negociar un plan de paz para Ucrania, evidencia que los conflictos contemporáneos rara vez pueden analizarse como crisis locales aisladas. Un conflicto en el Caribe no solo alteraría el equilibrio geopolítico internacional, sobre todo por los vínculos entre Caracas con Moscú, Beijing y Teherán, por lo que una operación de cambio de régimen seguramente traería alguna respuesta por parte de sus socios estratégicos. Un ataque a Venezuela también tendría otros efectos, pues es muy probable que encarecería el precio internacional de los hidrocarburos como el petróleo y el gas natural, incrementando los ingresos de Rusia y disminuyendo el impacto de las sanciones económicas que buscan limitar la capacidad de Moscú de sostener la guerra en Ucrania. Así, un ataque militar destinado a presionar o derrocar al régimen de Maduro en Caracas terminaría debilitando, paradójicamente, la posición de Ucrania en el campo de batalla y en la mesa de negociación.

La continuidad del esfuerzo militar ruso en Ucrania depende de manera estructural de los ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos, que constituyen la principal fuente de financiación del presupuesto federal y del gasto asociado a la guerra. Por ello Ucrania ha enfocado sus esfuerzos bélicos en atacar la infraestructura petrolera rusa. A pesar de las sanciones occidentales, Rusia ha logrado mantener flujo de efectivo gracias a la venta de petróleo y gas a mercados asiáticos, aplicando descuentos agresivos y utilizando redes logísticas alternativas para sortear restricciones. Se estima que entre el 40 % al 50 % de la economía rusa depende de estas exportaciones, por lo que cualquier cambio abrupto en los mercados internacionales del petróleo puede estimular la economía rusa o llevarla a una recesión.

La estrategia de Estados Unidos frente a Rusia se ha centrado en reducir la capacidad de Moscú para convertir su producción de hidrocarburos en ingresos disponibles para la guerra, no necesariamente eliminando su acceso a los mercados, sino encareciendo y dificultando el proceso de exportación. Washington, junto con sus aliados, ha impulsado una nueva ronda de sanciones financieras al petróleo ruso. El objetivo no es detener por completo la salida de petróleo (algo impensable sin provocar una crisis energética mundial) sino forzar a Rusia a venderlo con descuentos significativos y a depender de intermediarios costosos y menos confiables. Al limitar los márgenes de ganancia, Estados Unidos busca erosionar la capacidad del Kremlin de sostener su gasto militar prolongado. De esta forma, un incremento global del precio del petróleo provocado, por ejemplo, por una crisis en Venezuela que afecte la oferta internacional no solo compensaría las pérdidas derivadas de las sanciones, sino que fortalecería los recursos financieros de Moscú para prolongar la guerra.

En este contexto surge un nuevo plan de paz para Ucrania impulsado desde la Casa Blanca. El proyecto, negociado previamente en secreto con el Kremlin, consta de 28 puntos que hizo sonar las alarmas en Kiev y el resto de las capitales europeas, pues fue visto como muy favorable para Moscú. El plan no solo reintegraba a Moscú a la economía global y exige concesiones profundas por parte de Kiev que socavaban la soberanía ucraniana. Según el borrador, Ucrania tendría que reconocer de facto la autoridad rusa sobre los territorios conquistados en las zonas de Crimea, Donetsk y Luhansk, así como congelar otras líneas de frente y limitar su ejército a apenas 600,000 efectivos, además, incorporar en su constitución el compromiso de no ingresar a la OTAN, incluso si el acuerdo contempla garantías de seguridad externas.

Por su parte, las potencias europeas han rechazado partes sustanciales del acuerdo. Los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros países, manifestaron que reducir el potencial militar de Ucrania y aceptar cambios territoriales sin condiciones debilitaría la seguridad europea. Con el fin de no quedar al margen de la negociación, estos Estados presentaron una contrapropuesta durante la cumbre en Ginebra entre Estados Unidos, Ucrania y sus socios europeos, tras la cual solo se acordó continuar trabajando en un nuevo borrador que no comprometa la posición estratégica de Kiev, especialmente en temas de cesiones territoriales que claramente es una línea roja para Ucrania. Sin embargo, lo que el plan de los 28 puntos propuesto por Estados Unidos revela es que Washington considera inevitable reconocer parte de las conquistas rusas como condición para poner fin a la guerra. Al aceptar esta lógica, Estados Unidos termina conviniendo con la postura de Moscú en la mesa de negociación.

Al otro lado del Atlántico, el sur del Caribe experimenta una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, ocasionada por un amplio despliegue militar estadounidense. Bajo la operación “Southern Spear”, el Comando Sur (SOUTHCOM) ha llevado a cabo más de veinte ataques contra pequeñas embarcaciones que Washington califica como “narco-terroristas” vinculadas a Venezuela, acciones cuya legalidad ha sido puesta en entredicho por juristas y organismos internacionales. La escalada de tensiones no se detuvo allí, pues la Marina estadounidense ha desplegado frente a las costas venezolanas al portaaviones USS Gerald Ford, uno de los buques de guerra más grandes del mundo. Paralelamente Washington designó al llamado “Cartel de los Soles” y al presidente Nicolas Maduro como terroristas, creando así el fundamento jurídico para una eventual intervención armada.

Caracas, por su parte, sostiene que estas maniobras militares son un pretexto para desestabilizar al gobierno de Maduro y realizar un cambio de régimen en Venezuela. En respuesta, ha advertido que interpreta el despliegue estadounidense como una amenaza, acusando a Washington de buscar una intervención encubierta para derrocarlo bajo el discurso de la lucha contra el narcotráfico. La idea de derrocar a Maduro mediante una intervención armada es popular en ciertos círculos tanto dentro como fuera de Venezuela. Sin embargo, un gobierno de transición a un régimen post-Maduro emanado de una intervención militar estadounidense carecería de la legitimidad necesaria para estabilizar al país. Por lo que, si se busca un cambio de régimen, una salida negociada parecería ser la opción más viable, solo que esta no sucedería sin la presión de la cúpula político-militar venezolana.

Es muy probable que veamos algún tipo de agresión contra Venezuela. Lo que aún está por definirse es el alcance de dicha operación, sobre todo si se limitará al uso de drones o bombardeos puntuales, o si incluirá algún tipo de invasión terrestre. Lo más probable sería ver una ofensiva selectiva con drones, en conjunto con operaciones encubiertas, las cuales ya han sido autorizadas, y quizá una intervención terrestre limitada al estilo de la invasión de Panamá para derrocar a Noriega en 1989. Es difícil imaginar una intervención militar a gran escala, en primer lugar, por lo difícil que sería para Estados Unidos controlar territorio venezolano de forma sostenida. El terreno favorece la guerra de guerrillas, un tipo de conflicto para el cual un ejército moderno como el estadounidense no está especialmente preparado, aunado a la cantidad de actores armados que existen en el territorio. En el caso de que se presente una intervención militar a gran escala, esta tendría consecuencias humanitarias sumamente graves, pues el vacío de poder que seguiría a la caída abrupta del régimen podría generar un escenario de colapso estatal que abre la puerta a un escenario peor para la población venezolana.

Cabe mencionar que Estados Unidos no responde a un interés en el petróleo venezolano per se, pues su propio mercado está saturado por su producción interna, sino que responden a un tema de política interna estadounidense. Si bien la Casa Blanca considera que los precios del petróleo bajarían “si algo pasa en Venezuela”, la realidad es que es muy probable que suceda lo contrario, y no solo los precios del petróleo, sino también los del gas, esto debido a los posibles efectos en la infraestructura gasera de Trinidad y Tobago. Especialmente debido a los posibles efectos en la explotación de reservas transnacionales de gas subacuáticas explotadas por empresas como Shell, NGC y BP. La explotación de estas reservas depende en gran medida de la cooperación entre Puerto España y Caracas. Sin embargo, esta cooperación se ha detenido debido al apoyo del gobierno trinitense a las operaciones militares estadounidenses en la zona, al punto de realizar ejercicios militares conjuntos en medio de las tensiones con Caracas. Hecho que el gobierno venezolano consideró como una “agresión” por parte de Trinidad y Tobago.

El desarrollo de los conflictos en Europa del Este y en el Caribe demuestran lo paradójica y contradictoria que puede ser la política internacional, y al mismo tiempo, demuestra que no puede entenderse de forma aislada. Las guerras, los precios del petróleo, las sanciones económicas y las negociaciones de paz forman parte de un mismo entramado estratégico. El plan de paz de 28 puntos para Ucrania refleja la apuesta de Washington por estabilizar el conflicto aceptando parte de las conquistas rusas, una lógica que fortalece la posición de Moscú precisamente en el momento en que su economía bélica depende de un petróleo caro. A la vez, la posible escalada militar contra Venezuela abre un escenario capaz de elevar los precios del crudo, aliviando la presión económica sobre Rusia y prolongando su capacidad de mantener su maquinaria de guerra. Esta situación, en última instancia, obliga a reconocer que ya ningún conflicto es exclusivamente local.