Vaya 'olvido' el de Durazo

La renuncia de Alfonso Durazo a la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSyPC) abre una enorme cantidad de interrogantes, especialmente cuando la evaluación que el ahora exfuncionario hizo de su propio trabajo, no viene acompañada de relaciones de causalidad que expliquen exactamente qué hizo para para que estemos y nos sintamos más seguros. 

Durazo presentó una larga lista de acciones realizadas, principalmente asociadas a la creación y el despliegue de la Guardia Nacional, incluso adujo que gracias a este despliegue se logró que ya no haya territorio alguno en todo el país dominado por la delincuencia organizada; pero no acompañó explicación alguna de cómo se habría logrado eso ni sostuvo su dicho en evidencia alguna.

Otro ejemplo es igualmente elocuente. El extitular de la secretaría califica como un logro haber frenado la curva de crecimiento de homicidios violentos en el país, pero, otra vez, no explica cómo, según él, sus decisiones y acciones tienen algo que ver con el comportamiento de ese delito. Y no es que no haya métodos al respecto, sino que a él no la pareció relevante vincular sus afirmaciones a ellos.

No es excepcional en México que el discurso político en torno a la seguridad carezca de soporte metodológico que, a su vez, enseñe una política pública auténticamente soportada en la evidencia. El salto que Durazo hace al decir que más efectivos de la Guardia Nacional equivale al sometimiento de la delincuencia organizada es exactamente el mismo que hacen los gobiernos por la gran mayoría  del país, diciendo que cuando tienen más recursos para la seguridad, y en particular más policía, entonces hay más seguridad. 

La discusión no es si Durazo hizo o no hizo lo que debía hacer (de hecho, hay ejemplos de acciones que podrían ser muy importantes, dadas a conocer por colaboradores de su equipo. Me refiero en concreto a David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información).

La discusión es cómo comprobamos, primero, que el exsecretario hizo lo que dice que hizo, y segundo, que lo que dice que hizo en efecto contribuye a que estemos y nos sintamos más seguros. 

Pues justamente para eso, para tener medios de comprobación que no pasen por la auto evaluación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó lo siguiente en la sentencia del llamado caso Atenco (noviembre de 2018):  “[…] el Estado deberá establecer al nivel federal un observatorio independiente que permita dar seguimiento a la implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal [ahora Guardia Nacional] y la policía del estado de México, dentro del cual se permita la participación de miembros de la sociedad civil. Asimismo, dicho observatorio deberá generar información que permita realizar mejoras institucionales en la materia…”. 

El plazo para cumplir con la sentencia vence este diciembre, justo a dos años de haberse notificado y Stephanie Brewer, titular del área internacional del Centro Pro Juárez, organización que colitigó el caso, me ha informado apenas que “el Estado no ha mostrado voluntad para cumplir. Casi dos años después de la sentencia y tras reiteradas solicitudes nuestras, las autoridades ni han abierto una mesa de trabajo sobre esa medida, ni han vuelto a convocar el espacio interinstitucional de cumplimiento después de su sesión inicial en abril 2019, sesión en la que recalcamos la importancia de crear el Observatorio y donde estuvo presente una representación de la SSyPC. A finales del año pasado, enviamos propuestas para la creación del Observatorio a la Segob (quien funge como enlace para impulsar el cumplimiento de la sentencia por las diferentes instituciones implicadas), pero tampoco así el Estado reaccionó. Esta es la única medida donde se comporta así el Estado. Hay reuniones y rutas de trabajo en curso respecto a otras medidas”.

Un antecedente a esta decisión de la Corte es la sesión con la y los jueces donde pudimos explicar por qué la supervisión externa puede ayudar a la mejora estructural de las instituciones policiales a través de la rendición de cuentas en clave sistémica. 

Desde luego Durazo tiene derecho a decir lo que quiera para evaluar su propio trabajo. Cada una de sus afirmaciones puede ser discutida  y todas las personas tienen el derecho a concluir lo que deseen. Pero no tiene derecho a tirar a la basura exactamente la parte de la sentencia de la Corte que ordena la evaluación independiente que justamente permitiría verificar la calidad del trabajo de la Guardia Nacional.

La única parte de la sentencia Atenco que no avanza. Vaya “olvido” el de Durazo.

@ErnestoLPV