Valorar el debate y la investigación científica en el desarrollo de políticas de seguridad

Por: Aurélien Guilabert, Centro de Excelencia UNODC – Inegi (@aurel_gt)

El narcotráfico es asunto cotidiano para los mexicanos. No pasa un día sin que algún medio de comunicación se refiera al asunto. Por lo mismo una plétora “narco-literatura” abunda en las librerías sobre el crimen organizado, uno de los flagelos principales en la región. En su Estudio Global sobre Homicidio 2011, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calificó a Centroamérica y el Caribe como una de las regiones  más violentas del mundo, afirmando que está “cerca de un punto de crisis”.Resalta que en 2010 el 31% de los homicidios del planeta tuvieron lugar en las Américas.

Sin embargo, la investigación científica y la cooperación académica siguen al margen del análisis en esta materia. Es decir que generalmente, los gobiernos privilegian una respuesta estratégica frontal, mediante mecanismos de seguridad o de defensa nacional en reacción a los fenómenos del narcotráfico, de la delincuencia y del crimen, descuidando la importancia de la investigación académica y científica. En este sentido, es necesario enfocarse en el lanzamiento de una estrategia ante todo regional  e integral frente a un fenómeno diverso y complejo. Los tomadores de decisión deben implementar soluciones dirigidas a la raíz del problema a través de un diálogo bien informado. Es esencial, por ejemplo, diferenciar el crimen común del crimen organizado, tanto como es fundamental distinguir los varios tipos de delincuencia, al no caer en el análisis simplista que asocia todos los fenómenos a la delincuencia organizada. Así, parece peligroso e improductivo para la proyección de una rehabilitación futura el hecho de juntar en las mismas celdas delincuentes culpables de robos o otros “delitos pequeños” y delincuentes culpables de delitos mayores.

Esta estrategia debiera basarse en el fortalecimiento de una red de coordinación interinstitucional eficiente entre los diferentes organismos de gobierno encargados de la lucha contra el crimen y la delincuencia. Más allá de la colaboración nacional, las policías, los ministerios públicos, y los jueces ganarán al mejorar los mecanismos de cooperación estratégicos transnacionales especialmente en lo que concierne al intercambio de buenas prácticas, la armonización de marcos legislativos y de los sistemas penales nacionales, así como la medición del crimen. El desarrollo de políticas públicas hasta ahora no ha tomado en cuenta el gran potencial de la criminología y de la investigación de los fenómenos delincuenciales. La criminología a través de una perspectiva de investigación científica aplicada, no solo permite un análisis del crimen desde su esencia, sino que tiende a proponer nuevos mecanismos de medición especialmente en cuanto al crimen organizado.

Es primordial fomentar tanto la investigación como la cooperación transnacional para implementar nuevos indicadores y esquemas de análisis comunes sobre todo para contrarrestar los fenómenos delictivos transnacionales. No se pueden medir los logros de una estrategia de lucha contra el crimen organizado o la delincuencia únicamente por el número de detenidos, de decomisados o grandes líderes asesinados por las fuerzas policiales y armadas. Los gobiernos requieren implementar sistemas de monitoreo, de rendición de cuentas y de transparencia en el marco del combate a la delincuencia. De hecho, las cifras del crimen organizado se caracterizan por su medición confusa. Por ello se habla de la noción de “cifra negra” o “cifra oscura”, que puede ser capturada a partir de  las encuestas a víctimas.

La perspectiva científica de la criminología contribuye con reconocer a la ciudadanía al tomar en cuenta la situación y la percepción de las víctimas. Un ejemplo son las encuestas de victimización que, al estudiar la percepción ciudadana en materia de seguridad pública, contribuyen a mejorar las políticas de prevención del delito proporcionando información para que el Estado pueda cumplir uno de sus papeles fundamentales: asegurar la protección de los individuos.