Vaciar la democracia desde dentro

Hoy una vieja que me cae de huevos que se llama Chelsea Handler, subió un comentario. Sale hablando de cómo la libertad de expresión se está yendo a la chingada en el meritito “primer mundo” [a propósito de todo el argüende de Jimmy Kimmel] y me sentí súper identificada con lo que estamos viviendo por acá en México. Y es que a pesar de que son dos animales muy distintos en apariencia, resulta que hay convergencias que no dejan de volarme la tapa de los sesos.

Ahí te va un análisis en plan más serio, pero también explicado con palitos y bolitas, porque alguien tiene que dejar de hacerle a la mamada con términos elevados.

Hay una erosión espeluznante de la democracia  [a eso se reduce todo al final del día] en ambos casos, PERO con diferencias de tantita textura nomás:

La diferencia esencial entre Estados Unidos y México –para mí– no está en la forma visible de sus elecciones, sino en el tipo de fuerzas que han ido vaciando a la democracia desde dentro. En Estados Unidos, dicha erosión llega por la vía del dinero, la tecnología y una polarización que convierte a la política en identidad total. La democracia sigue clasificada como “libre” y conserva puntajes altos en los índices globales, pero sufre un desgaste acumulado: el peso de los grandes donantes, el crecimiento del “dark money” y el desbordamiento de los súper PAC después de Citizens United han convertido la representación en un mercado de atención y de chequeras, más que de deliberación pública. Contexto: un súper PAC (Super Political Action Committee) surge después de 2010, como consecuencia de un fallo de la Suprema Corte y de decisiones posteriores de tribunales. En pocas palabras, un súper PAC es una chequera sin fondo al servicio de intereses privados, que convierte el dinero en un altavoz electoral casi sin restricciones.

En 2024–2025 se batieron récords de gasto externo y opaco; no hay tanks en la calle, pero sí una privatización de la esfera pública que desplaza a los ciudadanos corrientes. El nombre completo es Citizens United v. Federal Election Commission (2010). Fue un caso en el que la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió que limitar el gasto político de las corporaciones o sindicatos era una violación a la libertad de expresión. En otras palabras: si una empresa quiere gastar millones de dólares para difundir un anuncio político, impedirlo sería como censurar a un ciudadano que quiere hablar.

Ese fallo abrió la compuerta; desde entonces, empresas, sindicatos y multimillonarios pueden aportar sumas gigantescas a súper PAC que apoyan (o atacan) a candidatos. De ahí que las campañas se hayan vuelto cada vez más caras y dependientes de donantes megarricos.

El resultado práctico: la democracia representativa se deforma, porque la voz de un ciudadano común —su voto, su donación de 20 dólares— pesa infinitamente menos que la de un multimillonario o una corporación capaz de financiar ejércitos de anuncios.

Tan es así que los indicadores lo detectan: Estados Unidos aparece como “libre” con 84 / 100 en Freedom House y una “democracia defectuosa” con 7.85 / 10 en el índice de The Economist, cifras que, leídas con cuidado, revelan resiliencia institucional y, a la vez, fragilidad política.

México, en cambio, padece una mezcla más áspera: captura política del Estado, colonización territorial por el crimen organizado y debilitamiento de contrapesos que apenas se estaban consolidando. La reforma judicial que entró en vigor en septiembre de 2024, y que abrió la puerta a elegir por voto popular a miles de jueces y a reducir la Corte, cambió de raíz la lógica de independencia judicial en un lapso brevísimo.

El diagnóstico de centros de estudio y prensa especializada fue casi unánime: se minan los frenos y contrapesos y se expone a la judicatura a presiones partidistas y criminales, justo cuando más falta hace que sea un dique. Las primeras elecciones judiciales en 2025 confirmaron las alarmas: candidaturas con trayectorias controvertidas, casillas complejas y baja participación prevista. Todo esto sucede en un país ya marcado por la violencia electoral y por ser uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El dato duro acompaña la intuición—México figura como “parcialmente libre” con 59 / 100 en Freedom House y Reporteros sin Fronteras reitera año tras año su peligrosidad para la prensa; la temporada electoral de 2024 registró un récord de aspirantes asesinados. ¿Remember?

¿Cómo es posible que estos dos paisajes —la superpotencia y el país con instituciones más jóvenes AKA bananero— se sincronicen? Pues bien fácil: porque el combustible emocional es el mismo. Al final, en ambos casos es acerca de la condición humana en su máxima expresión: la pérdida de certezas materiales y simbólicas, la percepción de que el sistema trabaja para otros, la ansiedad tecnológica y el vértigo informativo que barren fronteras. Las redes sociales no solo aceleran el ruido, sino que reorganizan la conversación pública alrededor de la indignación y la novedad; la ciencia lo ha medido desde hace años y el resultado es incómodo: la mentira viaja más rápido y más lejos que la verdad, especialmente en política. Donde el debate se vuelve cascada de estímulos, el matiz democrático pierde glamour y la promesa autoritaria brilla por su simplicidad.

A partir de ahí, cada país deriva según su fisura personalísima. En Estados Unidos, el punto de quiebre visible fue el 6 de enero de 2021: la presión para revertir una elección certificada mostró que la arquitectura constitucional puede resistir y quebrarse a la vez, como un cristal templado que no se astilla del todo, pero queda tocado. Desde entonces, la conversación pública permanece atrapada entre litigios, comisiones y campañas que convierten el Estado de derecho en botín narrativo. La democracia se sostiene, sí, pero con legitimidad erosionada y con una economía política de la atención que premia a los extremos.

En México, la sincronía adopta otro rostro. La elección popular de jueces, la reducción de la Corte y los mensajes de descrédito sistemático a los órganos autónomos y a los periodistas se producen mientras los cárteles disputan el territorio, cooptan gobiernos locales y amedrentan a candidatos. Esto explica el sabor distinto de la crisis: no es, como en Estados Unidos, una democracia madura capturada por el dinero; es una democracia en construcción, perforada por la violencia y reconfigurada por reformas que concentran poder donde deberían expandirse garantías. Los analistas advierten, además, que el nuevo diseño judicial puede desalentar la inversión y agravar –aún más– la incertidumbre, porque elimina el último resorte confiable para resolver disputas con el Estado.

¿En qué hemos fallado —nosotros, el mundo democrático en general— para que tantos países se inclinen hacia MAGA, la ultraderecha o el neofascismo? Hemos confundido la mecánica con el sentido. Dimos por hecho que bastaba con votar cada cierto tiempo, mientras crecían la desigualdad, la precarización y el aislamiento cultural. Abandonamos la gramática de la ciudadanía —esa pedagogía lenta de los derechos y las obligaciones— y la sustituimos por el algoritmo, que convierte la plaza pública en feria de estímulos. La democracia liberal hablaba de procedimientos, legalidad, contrapesos; sus adversarios aprendieron a hablar de pertenencia, duelo y orgullo. Cuando la vida se vuelve incierta, la comunidad afectiva supera al contrato racional, mi gente. Y donde hay miedo, la promesa de orden rápido —fronteras duras, mano dura, identidad dura— suena irresistible #SíoNo.

No es un fenómeno exclusivamente americano. Europa ofrece un espejo: los partidos de derecha radical acumulan votos, logran avances significativos y arrastran a la derecha tradicional hacia sus marcos en migración, seguridad y cultura, incluso cuando no gobiernan. Las elecciones europeas de 2024 consolidaron ese corrimiento del tablero y en 2025 hemos visto a la AfD triplicar apoyos en un estado alemán clave. La lección es clara: aunque no siempre tomen el poder, sí consiguen que sus ideas manden.

Si a esto le añadimos la economía política del dinero e-n-l-a-p-o-l-í-t-i-c-a, el cuadro cierra el círculo. En Estados Unidos, después de Citizens United, el gasto externo y el dinero opaco han alcanzado cifras sin precedentes #cofcof, al punto de moldear campañas y agendas con un grado de dependencia que reduce la voz del votante corriente a un ruidillo insulso de fondo. En ese ecosistema, la indignación es un activo financiero: maximiza clics, recauda fondos y fideliza audiencias.

Hannah Arendt recordó que el totalitarismo anula la realidad antes que las libertades: destruye el suelo común desde el que podemos estar en desacuerdo. No estamos ahí —sería una caricatura—, pero el síntoma se parece un chingo: la desconfianza radical y el antagonismo permanente sustituyen al conflicto democrático, que necesita reglas, árbitros y un idioma COMPARTIDO. En #LosAllares ese idioma se fisura por la colonización del debate por la lana y la tribalización identitaria. En #LosAcares, por el asedio al Estado de derecho desde dos frentes simultáneos: el político y el criminal. De un lado, la captura corporativa; del otro, la captura territorial.

¿Por qué crece entonces la derecha dura? Pues porque ofrece un relato corto que cabe en la pantalla: volver a ser grandes, recuperar el país, expulsar a los culpables visibles. Also, porque promete rapidez donde la democracia ofrece pro-ce-so en un mundo de gratificación instantánea. Porque convierte el enojo en programa. Y porque nosotros —medios, élites, académicos, oposiciones— hemos fallado en producir una narrativa democrática con músculo afectivo y resultados concretos en materia de seguridad, justicia y movilidad social. La gente no pide utopías, pide futuro. Cuando el futuro se nubla, el autoritarismo trae paraguas de a varo para tempestades bíblicas.

La sincronía, así entendida entonces, no es un misterio geopolítico, es una consecuencia humana. Los Allares y Los Acares se encuentran en el mismo río turbulento, pero en orillas distintas. La salida no es idéntica para ambos. Tampoco es rápida. Requiere reconstruir legitimidad material —seguridad, justicia, prosperidad, oportunidades REALES— y legitimidad simbólica —un lenguaje COMÚN —. Lo demás es pura espumita, así que o rearmamos el pacto civil en el que caben las diferencias, o seguiremos exportando nuestras fracturas de un país al otro, de una elección a la siguiente.

País primer mundo / país bananero unidos por una ideología de cinco centavos y a prueba de pendejos.

El río —lo profundo—, es lo que de verdad nos arrastra: la captura del Estado por el dinero o por el crimen. El debilitamiento de las instituciones que garantizan justicia y contrapesos. La falta de un relato democrático que conecte con las emociones de la ciudadanía.

Si nos quedamos mirando solo la espuma, perdemos de vista la corriente que de verdad nos arrastra hacia donde no queremos ir.