Que se escuchen nuestras voces: ahondando en el uso de sustancias psicoactivas de la población LGBTQ

En noviembre de 2023, miembros de la población LGBTQ+ leían las noticias conmocionados: Ociel Baena, la primera persona no binaria en ser magistrada, fue encontrada muerta en su departamento junto con su pareja. La fiscalía y los medios inmediatamente hilaron conclusiones, sin tener pruebas: crearon la contundente narrativa de un homicidio-suicidio; y el discurso se rodeó de adjetivos despectivos cuando se reveló que se había encontrado metanfetamina tanto en la sangre de Ociel, como de su pareja.

El uso de sustancias psicoactivas continúa siendo razón para estigmatizar a las personas, y una carga doble de estigma toma lugar cuando hablamos de población LGBTQ+. Nombrarnos desde nuestra identidad y hábitos nos envuelve en una telaraña de discriminación y revictimización, como sucedió con el caso de Ociel. Sin embargo, el no formar parte de la cis-heteronorma no debería quitarnos dignidad, ni derechos, así como tampoco debería hacerlo el usar drogas.

Existe una relación directa entre la salud mental y el uso de sustancias -particularmente cuando se vuelve problemático para la persona usuaria. Varios estudios reflejan que la homofobia internalizada, la discriminación y el rechazo por parte de la familia de los individuos son algunas de las razones por las que miembros de la comunidad LGBTQ+ se apoyan del uso de sustancias. Por otra parte, el placer, ocio nocturno, encuentros sociales, e incluso en prácticas sexuales también forman parte de las motivaciones para estos consumos. Si bien, existe una amplísima gama de tipos de uso de drogas por parte de la comunidad LGBTQ+, no toda converge en el uso problemático o dependencia.

Es verdad que las sustancias a veces se usan como mecanismo de afrontamiento, pero también como práctica social, como el caso del chemsex, común entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH); sin embargo, poca visibilidad se le ha dado al resto de la comunidad: a las mujeres lesbianas, personas bisexuales, a la población transgénero y no binaria.

Desde Instituto RIA, aplaudimos el hecho de que en años recientes se haya diversificado la información sobre uso de sustancias dirigida a HSH, pero exaltamos la necesidad de seguir atendiendo al resto de los grupos de la comunidad. ¿Qué hay de las personas trans que no tienen información suficiente sobre cómo las
sustancias psicoactivas pueden afectarles de forma distinta? ¿Cómo reciben educación sobre drogas inyectables las personas migrantes que salen de su país de origen buscando un lugar con mejor aceptación a su identidad y preferencia sexual? ¿Qué hay de lxs adolescentes en situación de calle debido a su identidad, que se
enfrentan a sus primeros acercamientos con sustancias psicoactivas?

Los riesgos a los que nos enfrentamos como comunidad no sólo se quedan en nosotras como personas usuarias, sino que implican también al contexto en el que nos desenvolvemos. Las personas LGBTQ+ que ejercen el trabajo sexual se enfrentan a riesgos mayores de violencia cuando conviven en entornos donde hay uso de drogas; las personas racializadas de la comunidad sufren más violencia policial y una mayor criminalización por ser usuarias; las maternidades psicoactivas sáficas y trans pueden enfrentar mayor discriminación o el riesgo de perder custodia
de sus hijxs.

Gran parte del problema es que se sigue justificando la violencia y desigualdad que vivimos por el hecho de ser personas usuarias de sustancias; no se priorizan nuestros derechos ni nuestro bienestar. Tomar en cuenta la interseccionalidad a distintos niveles es fundamental para abordar la reducción de riesgos y daños, así
como la gestión de placeres.

Para cubrir correctamente las necesidades de un grupo tan vasto como lo es la población LGBTQ+, es imperativo visibilizar los determinantes psicosociales y estructurales que nos rodean. Necesitamos investigaciones de calidad centradas en nuestros grupos poblacionales; necesitamos servicios de salud respetuosos, efectivos y accesibles; necesitamos educación para nuestra comunidad y para profesionales que tengan la capacidad de abordar nuestros consumos.

Como comunidad, nos queda continuar nombrándonos y dignificándonos, respondiendo a las personas y medios que nos quieran desacreditar, tal como hicieron en el caso de Ociel. Sigamos exigiendo el respeto a nuestras identidades, a nuestros derechos; incidiendo por el derecho al placer, pero también porque las voces de todos los grupos de nuestra comunidad sean escuchadas. Nadar a contracorriente no es fácil cuando sales de más de una de las normas establecidas por la sociedad, pero por ello somos una comunidad que camina en conjunto.

* Paola Rodríguez es Diseñadora Multidisciplinaria por el INBA y maestra en Prácticas de Desarrollo de Regis University. Le apasiona compartir información sobre políticas de drogas y modelos de reducción de riesgos y daños por uso de sustancias, así como dignificar a las personas usuarias en sus distintas interseccionalidades. Actualmente es encargada de Comunicación y Redes Sociales en Instituto RIA.