Urnas, incertidumbre y la amenaza incómoda: ¿qué revelará el 2024?

Al estudiar la democracia mexicana nos encontramos con una narrativa estándar que simplifica todo el proceso en instituciones, candados y contrapesos. Si queremos comprender la próxima contienda es indispensable entender también el modo en que la violencia está inscrita en nuestro trayecto electoral.

El 5 de enero, David Rey González, precandidato en Suchiate, Chiapas, fue emboscado mientras se desplazaba en motocicleta hacia el ejido La Pita. El mismo día, en Colima, Sergio Hueso, aspirante a la alcaldía de Armería, fue interceptado a unas cuadras del Palacio municipal. Aunque diversos medios informaron sobre estos sucesos, es esencial subrayar que no son casos aislados. La violencia electoral contra funcionarios locales no es reciente, y como se ha evidenciado, sigue en aumento.

La democracia en México ha cambiado a través de procesos de alternancia política y construcción de instituciones, pero también ha estado marcada por una escalada constante de violencia político-electoral durante los comicios. Cada proceso electoral parece superar al anterior, tanto en tamaño como en los niveles de violencia que lo acompañan. Dado que este tipo de agresiones amenazan seriamente con perturbar la gobernabilidad de gran parte del país, resulta pertinente revisar la evolución de estos eventos entre 2015 y 2021, para luego concentrarnos en las condiciones estructurales en las que se realizarán los comicios de este año.

El Proceso Federal Electoral 2014-2015 cobró gran importancia al llevarse a cabo  bajo el marco de la reforma político-electoral de 2013. En este contexto, se estrenó el Instituto Nacional Electoral (INE), al cual se le dio la responsabilidad de garantizar la seguridad de las elecciones, y destacaron además por ser las primeras en las que se pudo elegir a candidatos independientes. Se disputaron un total de 2,179 cargos públicos, incluyendo 500 diputaciones federales, nueve gubernaturas, y el resto se distribuyó entre diputaciones locales y alcaldías.

Aunque en lo general se percibieron como pacíficas, estas elecciones presentaron anomalías en comparación con procesos anteriores. El estudio “Evaluación de la elección 2015: contexto, calidad y resultados” publicado por la consultora Integralia, contabilizó 432 casillas que tuvieron que suspender la votación debido a incidentes de robo o violencia. Para contextualizar, en las elecciones presidenciales de 2012, solo 46 suspendieron la votación por causas similares. Los estados más afectados fueron Guerrero y Michoacán, los más violentos en cuanto a tasas de homicidios. Un recuento de El Universal publicado en  mayo informó de 41 agresiones contra los actores políticos, de las cuales 7 resultaron en  homicidios. Si bien este tipo de hechos no eran totalmente inusuales en la historia electoral del país, la frecuencia de estos provocó que el episodio se convirtiera en el de mayor incidencia de violencia registrado hasta ese momento.

El 2018 emergió como un capítulo aún más monumental en la historia electoral de México. Estas elecciones destacaron tanto por el número de cargos, con la elección de 529 puestos federales y 17,670 a nivel local, como por el número de votantes, dado que el padrón electoral alcanzó las 89.1 millones de personas inscritas.  Las dimensiones de la participación ciudadana y la magnitud de los comicios desafiaron las expectativas, consolidando este año como un punto culminante en la evolución democrática del país. En este periodo electoral, Andrés Manuel López Obrador emergió victorioso con su fuerza política recién consolidada, asegurando la presidencia y ganando en 31 de las 32 entidades de la República. A nivel local, en la renovación de los 26 congresos locales, Morena obtuvo la victoria en 19.

Frente a este giro político mayor, las elecciones de 2018 fueron testigo de una violencia política sin precedentes. Según el Indicador de Violencia Política de Etellekt, se documentaron 774 agresiones durante todo el proceso electoral 2017-2018, con un saldo de 152 actores políticos asesinados, abarcando funcionarios electos, dirigentes, militantes, precandidatos y candidatos.  En cuanto a estos últimos, el contraste es más grave: mientras que en procesos anteriores el promedio de asesinatos de aspirantes era de cinco, en 2018 la cifra se disparó a 48, un aumento del 860 %.

En este contexto, resalta que la violencia electoral, particularmente los asesinatos de políticos, incidió de manera desproporcionada en los cargos locales. De las 774 agresiones, el 75 % tuvo lugar en el ámbito municipal, y sólo el 18 % y 7 % se dirigieron hacia funcionarios del nivel estatal y federal, respectivamente.  De los 48 políticos asesinados, 26 aspiraban a una presidencia municipal, 8 a una regiduría y 10 a una diputación local. El 27 de mayo de 2018, durante una conferencia de prensa relacionada con la protección de candidatos, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que, según la mayoría de los casos revisados por las fiscalías estatales, la violencia durante las elecciones se limitaba a disputas entre grupos criminales, asuntos de índole personal y familiar, o la propia competencia política local. En contraste, la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que “lo que ha ocurrido en México en este proceso electoral, sin embargo, no tiene comparación.  El hecho de que tantos actores políticos, candidatos, precandidatos hayan sido asesinados no tiene comparación en la región en adición a las personas que fueron intimidadas a los fines de renunciar a las candidaturas”.

La categorización de las elecciones de 2018 como las más violentas resultó ser de corta duración. Una vez más, el proceso electoral 2020-2021 se clasificó como el más grande en la historia del país, en virtud de que contó con un padrón electoral de 94.7 millones de personas, esto es, 6 millones más que en 2018. En esta ocasión, también hubo una mayor cantidad de cargos en disputa: 500 federales, 15 gubernaturas y 21,383 locales, todo en el contexto de las problemáticas planteadas por la pandemia de COVID-19.

Al finalizar este proceso electoral, Etellekt Consultores registró un total de 1,066 agresiones contra actores políticos. De estos, 102 resultaron en homicidios dolosos, afectando a 36 aspirantes y candidatos a cargos de elección. La distribución de la violencia fue amplia, abarcando los 32 estados de la República y afectando a 570 ayuntamientos, lo que representa casi una cuarta parte de los municipios del país. Por otro lado, Integralia documentó 239 agresiones, con 179 homicidios, y una cifra igual de 36 candidatos asesinados. De este grupo, el 64% aspiraba a ocupar presidencias municipales. En esta ocasión, la mayoría de los casos se concentraron en Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato.

Además, el Seminario sobre Violencia y Paz llevó a cabo una investigación centrada en 32 casos de asesinatos contra candidatos y candidatas durante este proceso para analizar con mayor detalle las dinámicas y causas detrás de estos sucesos. La investigación reveló que el 97% de las víctimas competían por puestos de elección local. Entre las causas identificadas, 13 de los homicidios estuvieron vinculados a la competencia política, 14 al crimen organizado y 5 a motivos personales. Asimismo, se evidenció que la violencia electoral no está delimitada a la jornada, sino que inicia mucho antes, mostrando las persistentes rivalidades que se materializan a nivel local.

Hay además dos puntos importantes. De acuerdo con el análisis, la visibilidad importa, ya que el 65% de los asesinatos se perpetraron en espacios públicos durante los momentos más vulnerables del proceso electoral, como los actos de precampaña y de campaña electoral.  Además, se reveló que sólo cuatro de las 32 víctimas recibieron amenazas previas. El tema no es menor, ya que los actuales mecanismos de protección se activan bajo el criterio de que los candidatos y precandidatos se enfrenten a amenazas y soliciten la intervención de las autoridades electorales.

Por otro lado, en la presentación de las recomendaciones en El Colegio de México, Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, destacó que las condiciones estructurales de protección y prevención enfrentan un desafío de corresponsabilidad, pues el problema de la inseguridad en contextos electorales involucra a las áreas de seguridad estatal y federal, así como al INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), entre otros, cada uno con un ámbito de competencia particular.

Así llegamos al proceso electoral 2023-2024. De nueva cuenta, se erige como un capítulo aún más grande en la historia electoral de México, con 20,263 cargos en disputa, de los cuales 19,634 son locales y un padrón electoral todavía más amplio de 99.7 millones de ciudadanos. Se combinan también la elección de la Presidencia de la República y renovación de los cargos federales y locales. Todo esto, en un contexto sensible donde persiste un escenario de alto riesgo para la seguridad de las nuevas autoridades electas y futuros candidatos a cargos de elección popular. Con tanto en juego, ¿cuánta de esta violencia presenciaremos en estas elecciones?

@SViolenciayPaz