Urgencia en el Congreso de la Ciudad de México

El pasado 1° de marzo el diputado Temístocles Villanueva presentó un paquete de reformas en el Congreso de la Ciudad de México, cuyo objetivo es reforzar y mejorar la prevención y eliminación de la discriminación en la Ciudad de México.

El COPRED ha acompañado al diputado y su equipo para que dichas reformas logren ser vigentes y en la Ciudad podamos todas las autoridades eliminar las prácticas discriminatorias que todavía aquejan a nuestra sociedad.

El paquete consiste en las siguientes reformas:

• Reforma al artículo 206 del Código Penal de la CDMX referente al delito de discriminación.
• Reforma a la Ley de Cultura Cívica para que la discriminación cometida en el espacio público sea sancionada ante juez cívico por vía administrativa.
• Reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles para que se sancione por vía administrativa la discriminación cometida en dichos establecimientos.
• Reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX para establecer la facultad de sanción de los entes del Gobierno a las personas funcionarias que incurran en discriminación.
• Reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX para que el principio de igualdad y no discriminación sea un principio transversal en el desempeño de la función pública y sea considerado una falta administrativa no grave la comisión de hechos discriminatorios.
• Reforma a la Ley de Protección y Fomento al Empleo del D.F. para que la STyFE promueva la educación en materia de no discriminación en el campo laboral.
• Reforma a la Ley de Educación de la CDMX para que se promueva y facilite la capacitación del personal docente en materia de igualdad y no discriminación, así como para establecer la obligación para personal docente de no discriminar y en su caso, sancionar tales actos.

Como puede verse, se trata de una propuesta integral que responde a necesidades observadas en los últimos años en la CDMX. Veamos.

El delito de discriminación existe desde el 2002 y sus resultados judiciales son realmente escasos. De acuerdo con el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, “la penalización del delito de discriminación ha sido nula, de noviembre de 2011 a mayo de 2021, solo 88 personas han sido consignadas y apenas cuatro han recibido sentencia, tres de ellas condenatorias”. 1

Para medir el volumen de denuncia, de acuerdo con el registro de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de 2018 a 2022, se han iniciado 2,962 carpetas de investigación. Es decir, si en un periodo de 3 años y meses se llega casi a las 3mil carpetas y en un periodo de casi 10 años solamente se han logrado 88 consignaciones, quiere decir que tenemos un problema.

La realidad es que el delito de discriminación carece de técnica jurídico-penal lo que hace su acreditación muy complicada. Producto de ello, fue la firma de un convenio de colaboración en 2015 entre la entonces Procuraduría General de Justicia y la anterior titular del COPRED para que este organismo fungiera como perito apoyando las labores del Ministerio Público. De esta forma, el COPRED y la ahora Fiscalía colaboran de manera muy estrecha en materia de no discriminación para lograr la acreditación del tipo penal, sin embargo, la judicialización de las carpetas ha sido difícil debido a que se tiene un delito redactado en términos de una norma de derechos humanos, lo cual es difícil de demostrar de acuerdo con los principios fundamentales que rigen la materia penal.

Por ello, la urgencia de que se reforme el tipo penal de discriminación para que se deje de percibir como un tema de impunidad. La realidad es que no lo es. Es decir, la urgencia no radica en la imperiosa necesidad de privar de la libertad a quien discrimine, sino en que no se transmita esa idea de que si se denuncia “no pasa nada”, pues pareciera que aunque se denuncien las conductas discriminatorias, estas no serán sancionadas.

La reforma al artículo 206 del Código Penal propuesta por el diputado Villanueva mejora la técnica penal y tipifica las conductas de mayor gravedad dejando para los procedimientos administrativos conductas de menor gravedad que requieran otro tipo de intervención. La propuesta considera, de manera correcta y basada en ideas garantistas, que el ámbito penal debe ser la última respuesta del Estado. Además, propone también cambiar el tipo de sanción pasando de 1-3 años de prisión, a multa y trabajo a favor de la comunidad, lo cual tiene mucho más sentido si se comprende que la discriminación tiene que ver con un sistema arraigado culturalmente y que la cárcel difícilmente cambiará los prejuicios aprendidos.

En este sentido, se considera que, si bien el punitivismo no es la fórmula para eliminar la discriminación, sí es necesario que desde la administración pública se adopten estrategias más amplias y comprehensivas para combatir las prácticas discriminatorias en los espacios públicos y en los establecimientos mercantiles.

El COPRED es el organismo encargado de prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad, y esto lo hace a través de varias competencias, destacando la de dar atención a las denuncias por hechos discriminatorios a través de un procedimiento administrativo con enfoque restaurativo. Esto quiere decir que el COPRED no sanciona, sino que procura la conciliación entre las partes y en caso de no alcanzarse, se emite una opinión jurídica cuyo efecto legal es el de constituirse en una prueba pública para apoyar otras estrategias legales.

A pesar de que desde el 23 de marzo de 2017 es obligatorio para todos los establecimientos mercantiles fijar una placa de no discriminación, la realidad es que la placa por sí misma no representa cambios en el servicio o en el empleo en esos establecimientos. El 80% de las quejas que se reciben en el Consejo son por hechos discriminatorios en ámbito privado y cerca de la mitad de estos suceden en establecimientos mercantiles.

Por ello, la reforma propone un compromiso por parte de las personas titulares de los establecimientos para la prevención y eliminación de la discriminación. Así, se propone la sanción a través de multa por hechos discriminatorios en dichos espacios, lo cual pretende fomentar que los establecimientos se hagan corresponsables de la discriminación que suceda en estos, no solamente cuando sea cometida por sus propios empleados, sino por sus clientes. La reforma, además, distingue entre tipos de establecimientos para fijar el monto de la multa.

En este mismo orden de ideas, se propone la introducción de la sanción vía justicia cívica por discriminación en el espacio público. Así como un pleito en la calle puede resolverse por esta vía, se propone que las acciones discriminatorias que afecten a una persona, grupo de personas o comunidad puedan sancionarse a través de multas o arrestos administrativos. Esto tendría como efecto atender los hechos discriminatorios que suceden en las calles o inclusive en espacios de vivienda, centros comerciales y otros donde la autoridad de seguridad ciudadana puede intervenir.

Esta reforma tendría un efecto inmediato de inhibición de hechos discriminatorios en espacios públicos, toda vez que podría intervenir de manera directa la policía de la Ciudad y poner a disposición de la justicia cívica a quien/es discriminen.

La reforma también contempla, por supuesto, a las personas servidoras públicas de la Ciudad. Aunque es un mandato constitucional directo e inmediatamente vinculante para toda autoridad el reconocimiento, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, es necesario que quede plasmada la prohibición de discriminar en la normativa que regula el actuar en el servicio público. Así, se proponen modificaciones en este sentido, tanto a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, como a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad para establecer, por un lado, la obligación de sancionar a quienes incurran en dichas conductas y; por otro, obligar a la observación del principio de igualdad y no discriminación en su desempeño.

Una de las grandes ausencias en nuestro país y capital es la activa promoción de la educación igualitaria y sin discriminación, por ello, la reforma propone modificar la Ley de Educación de la Ciudad de México para incluir que la Secretaría local deberá promover la capacitación del personal docente en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación. En la medida en que los y las maestras, no solo eduquen a niños y niñas en el respeto y celebración de la diversidad, sino que se conduzcan en las aulas bajo esos principios, estaremos en condiciones de lograr un cambio cultural.

Los niños y niñas no nacen siendo discriminadores, no son racistas ni sexistas, LGBTfóbicos o capacitistas de origen, sino que lo aprenden. Cambiar las dinámicas en la educación, en el aula en los planes y programas de estudio, y en las perspectivas del profesorado, son tareas ineludibles para generar comunidades respetuosas de la diferencia, justas y pacíficas.

Por último, se propone modificar la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal para que la Secretaría local promueva la sensibilización, capacitación y cursos en materia de igualdad y no discriminación en el campo laboral. Esto es también fundamental.

Más de la mitad de las denuncias que recibe el COPRED son por discriminación en el ámbito laboral. De acuerdo con nuestro último informe de atención, los motivos principales son condición de salud (asociado principalmente a Covid-19 y VIH), el género y el despido por embarazo. En este sentido, resulta imperioso cambiar la mentalidad en el ámbito laboral privado de que la discriminación es una conducta prohibida solamente para las relaciones entre autoridad y particular. El principio de igualdad y no discriminación es un valor fundamental y objetivo que permea las relaciones entre particulares, de manera que no, las personas empleadoras no pueden discriminar a nadie.

Una cuestión que escuchamos regularmente en el COPRED es que, al ser las empresas espacios privados, se puede decidir si se contrata o no a una persona atendiendo a su edad, su condición de salud o embarazo, su género, su orientación sexual, su discapacidad, su tono de piel. Las personas empleadoras pueden, por supuesto, atender a las competencias y perfiles requeridos para el desempeño de la labor/trabajo o profesión, pero no pueden decidir con base en esas categorías, pues eso es discriminatorio.

Desde el COPRED hemos emprendido una estrategia de vinculación con las empresas de la CDMX: el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario (GATI) que pretende ser el espacio de asesoría y orientación de la inclusión de medidas, políticas y propuestas orientadas a prevenir y eliminar la discriminación en el empleo. Cualquier empresa de la Ciudad puede unirse. Por ello, la reforma a la Ley para la promoción de estos espacios de educación en materia de no discriminación resulta un importante complemento a los esfuerzos que venimos desarrollando en la Ciudad de México con el sector empresarial.

En suma, el paquete de reformas a estas 7 leyes resulta ser una propuesta que encaja en la visión de una Ciudad Garantista, tal y como lo establece nuestra Constitución local, una ciudad en donde todas las personas tengan cabida y en ningún espacio se tolere la discriminación.

Las iniciativas tienen como fundamento el trabajo que desde el Consejo se ha venido realizando en la Ciudad desde hace 10 años y pretenden atender problemáticas detectadas.

El combate a la discriminación es, por supuesto, la finalidad del COPRED, es la razón de su creación y es su competencia básica como organismo descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la no discriminación y la garantía de la universalidad de los derechos es una tarea transversal, tanto de todas las autoridades, como de toda la sociedad. Generar comunidades libres de discriminación, donde se celebre la diversidad y no se tolere la exclusión pasa, necesariamente, por la corresponsabilidad y la transversalidad de competencias. Las reformas, si bien en ciertos casos plantean sanciones, lo hacen considerando que hay conductas que continúan siendo reiteradas y penetrantes y que requieren medidas de último recurso.

Resulta imperioso que dichas modificaciones logren ser dictaminadas, discutidas y votadas en el Congreso de la Ciudad de México, pues harán posible una mejor coordinación interinstitucional y generarán en el mediano plazo, reducciones en las prácticas discriminatorias en la Ciudad de México. De acuerdo con la última Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México (EDIS 2021) la percepción de la sociedad es que existe mucha discriminación, y aunque en los últimos 7 años la prevalencia de la discriminación ha disminuido en 7 puntos, todavía hace falta avanzar para eliminar esta práctica basada en prejuicios y estereotipos que lastima, excluye, obstaculiza y limita en el acceso a derechos y oportunidades.

Se hace un respetuoso llamado a los y las diputadas de la II Legislatura de la Ciudad para que este periodo ordinario se logre que las reformas aludidas vean la luz y sigamos celebrando esta, como una Ciudad de Derechos.

* Geraldina González de la Vega (@Geraldina_GV) es presidenta del @COPRED_CDMX.

 

1 Información rescatada de acá.