Urge transparencia educativa

México destina una quinta parte de su presupuesto federal a la educación. Es el segundo país del mundo en priorizarla así en su gasto público y supera la media de la OCDE en el gasto educativo como proporción del Producto Interno Bruto. Adicional a ello, las familias hacen un esfuerzo para pagar útiles, uniformes y materiales escolares, imprevistos (festivales, cuotas, apoyos a mantenimiento) y otros gastos asociados que acorde a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) superan en 2.5 veces lo que gastan las entidades federativas en educación.

Lamentablemente este esfuerzo tiene un gran hoyo: la corrupción. En un documento publicado por la UNESCO “Corrupt schools, corrupt universities: What can be done?”, Jacques Hallak y Muriel Poisson ofrecen un marco de referencia para entender la corrupción en el ámbito educativo. Estos autores la definen como el “uso sistemático de los recursos públicos para el beneficio privado, cuyos impactos son significativos en la disponibilidad y calidad de los bienes y servicios educativos y, en consecuencia, en el acceso, calidad y equidad en la educación”.

Ello incluye una distinción entre la corrupción política, legislativa, administrativa y burocrática. La corrupción política, señalan los autores, ocurre cuando se requiere la afiliación o lealtad a un partido político o a un sindicato para obtener un puesto o una promoción en la administración pública o en el magisterio. La corrupción legislativa ocurre cuando los políticos venden sus votos a grupos de presión. La corrupción administrativa aparece cuando servidores públicos aceptan sobornos para permitir o asignar un contrato o evadir pagos legalmente establecidos. La corrupción burocrática ocurre cuando se paga para acelerar procedimientos cotidianos, para distorsionar expedientes, alentar investigaciones. En todos los casos se involucra una transacción entre actores públicos y privados en donde los bienes colectivos se convierten ilegítimamente en beneficios privados caracterizados por la secrecía.

Sin embargo, la corrupción en el sistema educativo mexicano ha dejado de ser un secreto y ha derivado en un escandaloso tiradero de dinero. Cada año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace un recuento de los recursos que se ejercieron de forma incorrecta sin que haya profundas consecuencias. Por ejemplo, entre 2006 y 2011 la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) por 67 mil 715 millones de pesos. De esta cantidad sólo se ha devuelto al erario público el 15%.

Los recursos desviados serían suficientes para cubrir casi todo el financiamiento adicional que sugiere la UNAM  en educación básica para este sexenio* y permitiría mejorar sustancialmente las condiciones de infraestructura de las escuelas públicas que se encuentran en estado deplorable.

La letanía de las irregularidades es recurrente en los informes de Auditoría:

“Pagos indebidos a trabajadores comisionados al sindicato. Pagos indebidos por prestaciones no reconocidas (bonos, estímulos, compensaciones, entre otros). Pago de compensaciones discrecionales a empleados sin mediar lineamientos y evaluaciones para su entrega. Pago a trabajadores con plazas no localizadas en los catálogos de puestos. Pagos a personal después de la fecha de su baja o durante licencias sin goce de sueldo. Pagos a trabajadores con dos o más plazas sin disponer de la compatibilidad de empleos. Pagos con cargo a centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes). Pago a trabajadores adscritos a centros de trabajo no incluidos en el catálogo de la entidad federativa. Personal no localizado en las visitas físicas realizadas a centros de trabajo. Recursos del fondo cuyo destino se desconoce. Pago de gastos y otros conceptos correspondientes a ejercicios anteriores. Apoyos económicos otorgados indebidamente a las secciones sindicales. Pago de gastos de operación que no corresponden con los objetivos de fondo. Falta de documentación comprobatoria y justificativa de los recursos del fondo y de sus rendimientos financieros” (página 162 del último Informe de la ASF).

Desde 1992 los gobiernos de los estados han tenido que hacerse cargo de los servicios administrativos de la educación gracias al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). Se transfirieron los inmuebles escolares y de oficinas; el mobiliario; la relación laboral de todo el personal docente, directivo y administrativo que se desempeñaba en todas las oficinas y las escuelas transferidas; así como los recursos financieros operados hasta entonces por la Federación para la prestación de estos servicios (ASF, 2013 y Arnaut, 2010). Sin embargo, esta transformación administrativa no vino acompañada de eficaces mecanismos de rendición de cuentas ni de contrapesos, particularmente, en el ámbito local que se defendieron como pudieron y de forma muy desigual ante un FAEB en el que el 98% de sus recursos se destinan al pago de sueldos y salarios.

El acuerdo político corporativo entre el sindicato y el gobierno permitió una gran opacidad de la que ambos grupos se beneficiaron para hacer un uso patrimonial de los recursos. La debilidad institucional de los Congresos estatales impidió crear contrapesos de fiscalización. Con muy honrosas y contadas excepciones, los medios de comunicación contribuyeron con un silencio cómplice sea por eficaces mecanismos de cooptación, intereses económicos y políticos alineados con las élites o franco desinterés o volumen para atender esta agenda. A la sociedad se le dejó en un papel de espectador sin capacidad de incidencia real ni en las escuelas ni en la vigilancia de la política educativa. A este estado de cosas se sumó la personalización de los males educativos en Elba Esther Gordillo, lo que impidió profundizar en el entendimiento de los resortes del sistema educativo en general y del pacto sindicato-gobierno en particular.

A pesar de manejar millonarios recursos, hasta hace muy poco tiempo la fiscalización del FAEB no fue sistematizada. La labor coordinadora de la Auditoría Superior de la Federación ha sido fundamental. Así podemos conocer no solo la magnitud del desfalco sino su distribución entre los estados con casos extremos como los de Morelos donde el 15.2% del gasto en el FAEB tuvo irregularidades entre 2009 y 2011; Edomex con el 16.4%; Veracruz con 17% y Baja California Sur con el 29.4%. Tan sólo estas cuatro entidades concentraron poco más de la mitad de las irregularidades en el periodo referido.

Sin duda una etapa más de la reforma política en la educación (llamada “Reforma Educativa”) debe avanzar hacia mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, equidad y control social. Regresando a Hallak y Poisson, la transparencia implica hasta dónde los involucrados en la comunidad escolar (consejos de participación, maestros, directores, padres de familia, alumnos y la comunidad local) pueden comprender las bases en las que los recursos educativos (materiales, financieros, monetarios, humanos, tiempo, técnicos y tecnológicos) se distribuyen y se usan. La transparencia en materia educativa puede evaluarse en la base de la visibilidad, predictibilidad y fácil comprensión de los flujos de los recursos en el sistema educativo. Ello incluye tanto el gasto en las escuelas como la asignación de plazas docentes, su evaluación, su promoción, la compra de equipo y materiales, la administración, entre otros.

La rendición de cuentas implica ir más allá de una clara –y necesaria- definición de las reglas y acceso a la información. Se requiere, dicen los autores, que esas reglas tengan consecuencias. Es notable que en el tema del pago ilegal a comisionados del sindicato, la ASF solo haya promovido sanciones resarcitorias en 5% de los casos. Pero no sólo es tarea de la Auditoría. La correcta aplicación de la ley incluye sobre todo al Ejecutivo tanto federal como a los locales; pero también, en particular, a las autoridades educativas desde los directores, supervisores y funcionarios públicos en las secretarías de educación en cuyo nivel se enfatiza el cumplimiento de normas y estándares profesionales que garanticen la calidad educativa. Así, la rendición de cuentas va más allá al incluir los resultados del uso de los recursos públicos que deben verse reflejados en lo más importante y centro de toda política educativa: el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes que participan en el sistema.

Hoy más que nunca el mejoramiento del sistema educativo incluye a una sociedad que ha quedado de lado de estas discusiones. La vigilancia y el control social debe venir desde lo local. Más vale aprehender estas discusiones y herramientas, para usarlas con el firme propósito de que la educación sea, ahora sí, verdaderamente pública: un asunto de todas y todos.

 

Seguimos la conversación.

* Nota para los clavados: La UNAM sugiere que entre 2012 y 2022 se destinen a educación básica 143 mil 154 millones de pesos adicionales (a precios de 2012), las irregularidades detectadas por la ASF equivalen a 78 mil 462 millones de pesos (a precios de 2012) que equivaldrían financiar 5.5 años de la proyección sugerida por la UNAM.