Urge modificar la pobreza y no sólo cómo se mide

Los nuevos datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015 revivieron un debate ya superado sobre la medición de la pobreza. Es un paso atrás.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben superar la obsesión por obtener “logros” basados solo en la modificación de algunos indicadores aislados usados en la medición de la pobreza.

Lo importante es que nuestro país logre acuerdos para contar con una estrategia de Estado que permita erradicar la pobreza, promover la movilidad social y cerrar las brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos sociales en las próximas décadas.

La adopción de metas nacionales de la Agenda 2030 de la ONU abre la oportunidad para lograr un acuerdo nacional frente a la pobreza y la desigualdad, con un horizonte de largo plazo, que trasciende periodos de gobierno, permite participación de la sociedad, de los gobiernos locales y el monitoreo de la comunidad internacional.

I. La obsesión por las variables de la medición afecta las políticas.

Pareciera que el objetivo es modificar la medición, sin importar mucho la transformación real de las condiciones de vida de los hogares o el ejercicio efectivo de los derechos sociales.

No hay otra explicación al incidente del INEGI con el MCS en 2015. Y sobretodo a la desmedida campaña publicitaria (“sano, suficiente y variado”) y las acciones directas en campo para repartir “cartillas” o estados de cuenta”. Se busca modificar las respuestas sobre las carencias en la Encuesta 2016 que se inicia en las próximas semanas. Lo que también afecta su comparabilidad.

II. No hay posibilidad de triunfalismo. Los 3.3 millones de hogares con menor ingreso (Decil I) viven con menos de $90 al día, para más de 4 personas ($2,723 al mes).

El 10% de la población concentra la mitad del ingreso y el restante 90% la otra mitad. Poco más de un millón de personas (el 1%) concentra el mismo ingreso que 68 millones de personas (el 60%).

Con cualquier medición, la desigualdad en México es abismal. Impide el ejercicio de derechos para millones de personas. Genera obstáculos a la movilidad social y perpetúa la pobreza.

III. La decisión de INEGI y CONEVAL de no usar los datos del MCS 2015 es la adecuada. Al perder la comparabilidad se pone en riesgo la credibilidad lograda.

La primera tarea urgente del grupo de trabajo INEGI – CONEVAL debe ser vigilar la ENIGH 2016 y su MCS.

La segunda exigencia sería transparentar los ajustes que se pudieran hacer a los datos para hacerlos comparables con las mediciones anteriores.

Este es el momento propicio para debatir cuál debe ser la mejora en la medición de la pobreza después de 2018.

IV. Por una estrategia de Estado frente a la pobreza y la desigualdad

Una nueva política debe centrarse en el cierre de las brechas de desigualdad para el ejercicio de derechos sociales y para generar mejores oportunidades de ingresos.

Cambios de enfoque:

• No bastan los programas sociales, se requieren acciones de inclusión económica. No se debe asignar el “combate a la pobreza” a una dependencia, ni mucho menos a un programa. Es un objetivo “macro” y una política transversal.
• Evitar el clientelismo y el uso político de los programas. Uno de los principales obstáculos para reducir pobreza es el uso electoral de las necesidades de las personas.
• Terminar con la dispersión de programas. Urge acabar con la proliferación de programas de pequeña escala y gran discrecionalidad. Esta dispersión consume recursos y no resuelve problemas.

Tres pilares:

• Economía incluyente: Políticas económicas para la mejora sostenida de los ingresos y la productividad de personas, hogares y zonas en mayor rezago social. Sin política económica incluyente no hay estrategia exitosa frente la pobreza.
• Un sistema integrado de protección social universal. Políticas integradas que garanticen derechos sociales. Un sistema basado en el “paquete” de la seguridad social para toda la población, que no dependa de la condición laboral. Iniciando por el acceso efectivo a la salud.
• Nueva institucionalidad con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Con herramientas de planeación y monitoreo como el “padrón único de beneficiarios” y la participación efectiva de la ciudadanía, en la planeación y en la contraloría social.

Siete Acciones urgentes y prioritarias

1. En el PEF. Establecer la obligación de la entrega de información en datos abiertos en todos los programas con reglas de operación. Así como para transparentar los recursos del “Seguro Popular” y la evaluación de acceso efectivo a la salud.
2. Aumento al Salario Mínimo. Ajustar el salario mínimo por encima de la línea de pobreza e iniciar su recuperación gradual.
3. Prioridad a la infancia y la juventud. Desarrollo infantil temprano (DIT) en los primeros mil días de vida y la permanencia escolar hasta lograr al menos 12 años de educación con calidad, incluyendo el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo, así como opciones para jóvenes en rezago educativo.
4. Políticas de inclusión productiva y laboral para jóvenes y mujeres, con opciones de empleabilidad, capacitación, intermediación laboral, y servicios de cuidado.
5. Impulso a la economía social y a las formas de cooperativas de pequeños productores.
6. Fortalecimiento de CONEVAL y mejorar la gobernanza del INEGI. Aprobar la Ley reglamentaria del CONEVAL garantizando la capacidad, imparcialidad y experiencia de las y los consejeros, para evitar cuotas y cuates, así como personas improvisadas.

Al INEGI se le debe exigir un protocolo para la aplicación de mejoras, así como un espacio de participación más amplia de expertos externos, que vigilen y acompañen sus decisiones.

1. Nueva medición de la pobreza. Nuevas metodologías centradas en la reducción de brechas de desigualdad

Conclusión y próximos pasos

Pedimos a la oficina de la Presidencia de la República responsable de la Agenda 2030 de la ONU que convoque para establecer metas nacionales viables y exigentes que permitan erradicar la pobreza en una generación.

Hemos invitado a los doce nuevos gobernadores electos el 5 de junio, a adoptar las medidas de cambio aquí presentadas. Les pedimos hagan compromisos específicos y medibles con la participación de las organizaciones civiles de su entidad. Los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad frente a la pobreza y la desigualdad por la que debemos exigirles mayor rendición de cuentas.

 

 

Núcleo Coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Adalberto Saviñón (Centro Lindavista); Edna Jaime (México Evalúa); Enrique Cárdenas (Centro de Estudios Espinosa Yglesias); Alejandro González (GESOC Gestión Social y Cooperación); José Manuel Domínguez (Centro de Comunicación Cristiana de Bienes); Jorge Villalobos y David Ordaz (CEMEFI); Lucila Servitje, Manuel Gómez, Salvador Domínguez y Benjamín Bravo (IMDOSOC); Pilar Mariscal (Fundación León XIII); Pilar Parás (Fundación Merced); Ricardo Raphael (Centro de Investigación y Docencia Económica – CIDE); Sara San Martín y Luisa Guzmán (Centro de Estudios Ecuménicos) y Griselda Espino Ledesma (Fundación Sertull).

El texto completo se puede consultar aquí.