Urge meter el acelerador a los juicios orales

Estamos cerca de que se cumplan tres años de la entrada en vigor de la reforma constitucional que establece la obligatoriedad de los juicios orales en todo el país y únicamente siete estados ya operan bajo este esquema, es decir menos del 25 por ciento en términos absolutos y un porcentaje muchísimo menor en términos relativos, si tomamos en cuenta que los estados con mayor densidad de población aún no aplican este modelo.

Al día de hoy, sólo Chihuahua, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Durango, Zacatecas y Baja California han implementado los seis requisitos indispensables para operar cabalmente este imprescindible instrumento contra la opacidad y la manipulación de la justicia. Estos requisitos son: infraestructura y equipamiento, tecnologías de la información, reformas adicionales a su normatividad, capacitación, difusión y mejora continua.

Pero si preocupa que sólo en siete entidades se aplique ya el modelo en su totalidad, resulta aún más inquietante que todavía otros siete estados se mantengan en la “fase inicial” del proceso; 14 sigan en etapa de “planeación” y los cuatro restantes se mantengan en el paso “previo”.

De acuerdo con distintos diagnósticos, la desigualdad en el proceso de instauración obedece a resistencias políticas y culturales. Además influye la falta de recursos, pues en el Presupuesto de Egresos para este año se aprobó un presupuesto de apenas 443 millones de pesos para subsidiar a los estados en este proceso, a razón de 13.8 millones por entidad.

De parte de los congresos locales faltan las reformas legales secundarias que reglamenten la implementación de la norma Constitucional. A la fecha sólo nueve estados han reformado sus leyes secundarias para adoptar el nuevo modelo de justicia basado en la oralidad.

No hay que dejar de ver la resistencia al interior de los poderes judiciales a nivel estatal que no han querido modificar el estatus quo en el que han venido operando desde hace años. Es urgente que el gobierno federal asuma un liderazgo más activo en esta materia a través del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec). Necesitamos conocer los cronogramas de implementación de la norma Constitucional y poder constatar que el avance va en concordancia con lo planeado.

Sin un liderazgo más activo por parte del Ejecutivo federal es muy posible que algunos estados sigan encontrando excusas para no implementar este importante modelo. Desde la sociedad civil nos mantendremos atentos a los avances y estaremos listos para rebatir las resistencias porque aunque parece que aún falta mucho para el 2016, cuando se supone que el sistema de juicios orales deberá funcionar en su totalidad, lo cierto es que urge meter el acelerador en este gran pendiente de la procuración de justicia en el país.