blogeditor · 25 de octubre de 2021
El pasado 28 de abril, en su segunda sesión ordinaria, las Comisiones de Educación y la de Atención Especial a Víctimas aprobaron un dictamen que reforma la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, la cual permitirá aplicar sanciones en las escuelas al personal docente, administrativo y directivo que tolere, consienta, oculte o tergiverse información sobre conductas violentas.
Esta reforma preveé la elaboración de un Programa General de Prevención y Atención de la Violencia y Acoso por parte del Gobierno Federal, así como la creación en cada escuela del país de su propio programa con base en este. Además se destaca el hecho de que se consideran ya los conceptos de “exclusión” y “hostigamiento” como tipos de maltrato psicoemocional.
Esta tarea de aprobar la Ley queda aún pendiente en el Congreso de la Ciudad de México y cobra relevante importancia, debido a que la Secretaría de Educación Pública suspendió la aplicación de protocolos para atender y prevenir el abuso sexual en las escuelas, cancelando y desapareciendo el presupuesto del Programa Nacional de Convivencia Escolar (creado en 2016), incumpliendo con este acto las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le había hecho. Pero vemos que esta disminución de recursos para dicho programa ha sido paulatina cada año: en 2016 recibió 350 millones de pesos; en 2017, 260 millones de pesos; en 2018, 273 millones de pesos; en 2019, 231 millones de pesos; en 2020 recibió 223 millones de pesos, y para 2021 desapareció totalmente, según el Anexo 18 “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes” Ramo 11 “Educación Pública” del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Quienes somos agentes escolares, incluidas las autoridades del Ejecutivo, así como las y los legisladores, aún tenemos muchos pendientes con la niñez de México para garantizarles el acceso a un ambiente escolar inclusivo, seguro y libre de violencia, por ello es importante que impulsemos retomar esta iniciativa de reforma a la Ley, pero además también es necesario que se prevea la manera de materializarla con recursos suficientes.
Desde la sociedad civil exhortamos al Gobierno federal para que actúe en congruencia y reasigne presupuesto para el Programa Nacional de Convivencia Escolar, y que la Secretaría de Educación Pública contemple la generación de protocolos para fomentar una convivencia escolar libre de violencia.
No podemos seguir llenando los planes y programas escolares de buenas intenciones, sin reforzarlos con un presupuesto suficiente y necesario que permita, desde la formación de las y los docentes, implemetarlos ygarantizar a las niñas, niños y jóvenes de México el vivir verdaderamente una vida libre de violencia en sus entornos escolares.
* Azharell Ruiz (@AzhaRuiz) es coordinadora de Asuntos Legales de Mexicanos Primero (@Mexicanos1o).