Jorge Avila · 21 de abril de 2026
Han pasado 13 días desde que la presidenta anunció la supuesta universalización de los servicios de salud en México. El planteamiento, en el papel, es ambicioso: que cualquier persona, sin importar su condición laboral, pueda atenderse indistintamente en el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o PEMEX. Un sistema que deje atrás la fragmentación del sistema de salud y avance hacia un acceso efectivo. El problema no es la idea. Es el punto de partida.
El calendario presentado contempla una implementación gradual. A partir del 1 de enero de 2027 iniciaría una primera etapa de intercambio de servicios de salud: urgencias, continuidad de hospitalización, atención a embarazos de alto riesgo, partos de emergencia, Código Infarto, Código Cerebro, cáncer de mama, tratamientos para padecimientos complejos, vacunación y consultas de primer nivel. En el segundo semestre de ese mismo año vendría el intercambio de servicios especializados. Para 2028, se plantea algo aún más ambicioso: surtimiento universal de recetas, consultas de especialidad y hospitalización referenciada, además de un primer nivel de atención abierto para enfermedades crónicas.
La secuencia suena lógica. Pero la realidad es otra.
A una semana del anuncio, comenzó la credencialización de personas de 85 años. Filas largas, sistemas intermitentes y módulos sin operar fueron reportados por quienes acudieron a registrarse. Pero más allá de los problemas operativos —que podrían considerarse normales en una fase inicial—, hay una señal más preocupante.
El decreto finalmente se publicó el viernes pasado. No cualquier viernes: un viernes por la tarde, cuando la conversación pública se diluye y la atención de la mayoría de la población está en otra cosa. No es un detalle menor. Es, más bien, una forma de comunicar —o de intentar no comunicar— una decisión de alto impacto para el sistema de salud en México.
El contenido del decreto confirma varias de las preocupaciones. Se crea el llamado Servicio Universal de Salud (SUS), no como un sistema nuevo, sino como un mecanismo obligatorio de coordinación entre instituciones existentes. La lógica es clara: intercambio de servicios, uso compartido de infraestructura y compensaciones financieras entre IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, PEMEX y otros prestadores públicos.
Se definen objetivos generales, pero deja los “cómos” para después. Las reglas operativas no están en el propio instrumento: se delegan a comités interinstitucionales que deberán emitir lineamientos en los próximos meses. Es decir, el funcionamiento real del sistema —cómo se referirán los pacientes, bajo qué criterios serán atendidos o cómo se evitarán rechazos— sigue sin estar definido.
A ello se suma un vacío crítico: no hay recursos adicionales. El propio decreto establece que el modelo se financiará con los presupuestos existentes. En los hechos, implica atender a más personas con la misma capacidad instalada y el mismo personal.
Y ese es otro de los puntos ciegos. No hay medidas para fortalecer la infraestructura ni para mejorar las condiciones laborales del personal de salud. Tampoco se establecen mecanismos claros para resolver los pagos entre instituciones ni sanciones ante incumplimientos. El modelo descansa en compensaciones financieras que aún no tienen reglas precisas.
En enero, desde este espacio, se advirtió que un paso de esta magnitud requería condiciones mínimas: claridad en el financiamiento, un piso común de cobertura entre instituciones, reglas explícitas para el intercambio de servicios y una estrategia sostenida de inversión en la oferta pública. Sin estos elementos, la universalización del sistema de salud no es más que una aspiración.
Hoy, el decreto confirma que esas condiciones siguen sin resolverse.
El sistema de salud mexicano viene de años de debilitamiento institucional: caída en el número de consultas, incremento del gasto de bolsillo en salud, fragmentación operativa y desigualdades persistentes entre subsistemas. Pretender articularlo sin corregir esas fallas estructurales es riesgoso.
Universalizar no es permitir que alguien entre a cualquier hospital. Es garantizar que reciba atención oportuna, con calidad, continuidad y sin empobrecerse en el intento. Y eso exige algo más que credenciales.
Por eso resulta preocupante que el proceso haya comenzado al revés: primero la credencialización, luego las reglas —y aun así, incompletas—. Primero la promesa, después —todavía en construcción— el sistema.
México necesita avanzar hacia un modelo de salud integrado. Eso es indiscutible. Pero las transformaciones profundas no se construyen desde el anuncio, sino desde el diseño. Y en política pública, el orden de los factores sí altera el resultado.
Porque en salud, como en casi todo, lo que mal empieza difícilmente termina bien.
@ljcortes6