Salud en México: universalizar sin reglas ni sistema

Han pasado 13 días desde que la presidenta anunció la supuesta universalización de los servicios de salud en México. El planteamiento, en el papel, es ambicioso: que cualquier persona, sin importar su condición laboral, pueda atenderse indistintamente en el IMSS, el ISSSTE o el IMSS-Bienestar. Un sistema que deje atrás la fragmentación histórica y avance hacia un acceso efectivo. El problema no es la idea. Es el punto de partida.

El calendario presentado contempla una implementación gradual. A partir del 1 de enero de 2027 iniciaría una primera etapa de intercambio de servicios: urgencias, continuidad de hospitalización, atención a embarazos de alto riesgo, partos de emergencia, Código Infarto, Código Cerebro, cáncer de mama, tratamientos para padecimientos complejos, vacunación y consultas de primer nivel. En el segundo semestre de ese mismo año vendría el intercambio de servicios especializados. Para 2028, se plantea algo aún más ambicioso: surtimiento universal de recetas, consultas de especialidad y hospitalización referenciada, además de un primer nivel de atención abierto para enfermedades crónicas.

La secuencia suena lógica. Pero la realidad es otra.

A una semana del anuncio, comenzó la credencialización de personas de 85 años. Filas largas, sistemas intermitentes y módulos sin operar fueron reportados por quienes acudieron a registrarse. Pero más allá de los problemas operativos —que podrían considerarse normales en una fase inicial—, hay una ausencia más preocupante: el decreto que daría sustento legal a esta política aún no se ha publicado.

Es decir, se está implementando una estrategia nacional sin reglas claras, sin marco jurídico definido y sin que se conozcan con precisión sus alcances.

En enero, desde este espacio, se advirtió que un paso de esta magnitud requería condiciones mínimas: claridad en el financiamiento, un piso común de cobertura entre instituciones, reglas explícitas para el intercambio de servicios, mecanismos efectivos de referencia y contrarreferencia, y una estrategia sostenida de inversión en la oferta pública. Sin estos elementos, la universalización no es más que una aspiración.

Hoy, ninguna de esas condiciones está resuelta públicamente.

El sistema de salud mexicano viene de años de debilitamiento institucional: caída en el número de consultas, incremento del gasto de bolsillo, fragmentación operativa y desigualdades persistentes entre subsistemas. Pretender articularlo sin corregir esas fallas estructurales es riesgoso.

Universalizar no es permitir que alguien entre a cualquier hospital. Es garantizar que reciba atención oportuna, con calidad, continuidad y sin empobrecerse en el intento. Y eso exige algo más que credenciales.

Por eso resulta preocupante que el proceso haya comenzado al revés: primero la credencialización, después —quizá— las reglas. Primero la promesa, luego el sistema.

México necesita avanzar hacia un modelo de salud más integrado. Eso es indiscutible. Pero las transformaciones profundas no se construyen desde el anuncio, sino desde el diseño. Y en política pública, el orden de los factores sí altera el resultado.

Ojalá el decreto pendiente aclare el rumbo, establezca responsabilidades y defina los mecanismos que hoy no existen. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir una historia conocida: grandes anuncios que el sistema no está en condiciones de cumplir.

Porque en salud, como en casi todo, lo que mal empieza difícilmente termina bien.

@ljcortes6