UNAM: la perestroika que no llega. Parte I
blogeditor · 23 de diciembre de 2015
“¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?
-Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar– dijo el Gato.
-No me importa mucho el sitio…– dijo Alicia.
-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes– dijo el Gato”.
Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas (1865)
Desde la óptica que se le mire, la UNAM estuvo presente en los discursos de la vieja clase gobernante para ensalzar los logros del periodo desarrollista posrevolucionario, como también para llenar de discurso una visión no oficial situada en las antípodas, si bien conviniendo en el “éxito educativo” de la institución, pero revistiéndola de un supuesto heroísmo y resistencia al autoritarismo que caracterizó la vida pública hasta hace muy poco.
No obstante, cualquier señalamiento puntual o crítica a la institución universitaria es equiparable a poner en duda las apariciones guadalupanas o debatir la condición del conquistador Cortés en la historia patria.
En las pasadas semanas la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que incluyó el financiamiento anual a la educación pública, coincidió con el nombramiento de un nuevo rector en la UNAM. El papel privilegiado de la principal casa de estudios en la recepción de recursos públicos, amerita un examen de su desempeño de cara a la sociedad.
Vientos porfirianos
La designación del máximo cargo en la UNAM por un grupo de 15 académicos que conforman su Junta de Gobierno y no por sufragio universal (académicos, investigadores, alumnos y administrativos) comienza a ser objeto de atención solo hasta la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando la universidad se ve inmersa en un conflicto derivado de una reforma académica que pretendió optimizar los recursos humanos, centrándose en el establecimiento de estándares mínimos de conocimientos para cada carrera mediante exámenes departamentales, acompañada además de incentivos a la productividad, como de la actualización del costo de los trámites escolares; por otra parte, se buscó terminar con los excesos del pase automático limitándolo a resultados cualitativos en el aprovechamiento del alumnado del nivel bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y estableciendo criterios de evaluación precisamente a los docentes adscritos a ese nivel.
Había quedado atrás la época en que marcharon juntos autoridades universitarias, académicos, estudiantes y trabajadores ante la cerrazón de un régimen autoritario, de partido casi único, legado de la Revolución Mexicana.
A la brutalidad gubernamental de 1968, le había seguido la década de los setenta caracterizada por la masificación de la educación media-superior y universitaria; el crecimiento presupuestal de la UNAM, unido a la creación del CCH, así como de otras instituciones educativas como la UAM, el Colegio de Bachilleres, el CONALEP significaron la respuesta del régimen autoritario al déficit democrático.
Para el caso de la UNAM, el establecimiento del CCH vendría asistido de la incorporación al ejercicio docente de miles de pasantes y egresados universitarios (hace unos pocos años se conoció que la mitad de sus profesores no están titulados).
El presidencialismo, en un intento por expiar sus culpas, olvidó exigir a la entrega de los cuantiosos recursos públicos, la inclusión de indicadores de calidad.
Es hasta 1986, cuando el rector Jorge Carpizo (luego del diagnóstico expresado en el documento Fortaleza y Debilidad de la UNAM) pone en marcha medidas administrativas con la finalidad de corregir esos errores acumulados en una universidad desbordada, alejada de criterios de productividad y de rendición de cuentas; de inmediato aparecerán las reacciones de grupos que verán en las reformas una amenaza a sus privilegios.
Al amparo de banderas en defensa de la autonomía, de la educación pública y la libertad de cátedra, surgieron movilizaciones estudiantiles y académicas que echarán abajo los intentos reformistas, además de lograr la convocatoria de un Congreso Universitario en donde no dejará de sonar la demanda por “democratizar la Universidad”, que a decir de algunos dirigentes estudiantiles y académicos, permitiría terminar con la intromisión del “PRI-gobierno” en la institución.
Es durante ese periodo de agitación que se hace pública la tesis que hasta hoy pervive sobre las razones que llevaron a la legislación universitaria, que data de 1945 con su Ley Orgánica, para excluir a la comunidad universitaria de la elección del rector, optando por un procedimiento indirecto.
En efecto, es a fines de los ochenta, cuando se escucha en voz del mismo rector, del Secretario General (que por aquellos años era nada menos que José Narro Robles) y demás autoridades dentro y fuera de la UNAM, que la fórmula elegida para la designación del rector -por cierto, la misma para elegir a todos sus directores de facultades y centros- era la mejor solución para evitar descuidar y contaminar las actividades universitarias.
Al más viejo estilo del priismo autoritario -que heredó a su vez el postulado porfirista de que era imposible conciliar desarrollo económico con derechos y libertades- se aseveró desde entonces que los procesos democráticos de elección eran incompatibles con el desarrollo académico, tratándose de la designación de las principales autoridades universitarias.
También se afirmaba que optar por la designación colegiada (a cargo de la Junta de Gobierno), había evitado que ante la efervescencia electoralista se presentara la “tentación” del gobierno federal para intervenir e influir en el resultado y en la vida educativa.
En palabras del jurista y ex miembro de dicho órgano universitario, Sergio García Ramírez, tal esquema había permitido “la autonomía de decisión de la Junta de Gobierno con respecto al control del gobierno y los actores internos”, reflejándose en “cohesión interna de la institución”.
Si en verdad el sacrificar el sufragio universal fue proporcional al bien jurídico que se buscó tutelar (la educación universitaria de calidad), blindándola de factores extrauniversitarios, cabría preguntarse ¿por qué se dieron importantes movimientos políticos y sociales, a lo largo de décadas, pasando por el 68, los conflictos sindicales de los setenta, la huelga del CEU y del STUNAM en los años ochenta?, ¿cómo explicar la abierta intromisión de ex priistas y militantes de los partidos de la izquierda autoritaria, coaligados con seudo estudiantes y burócratas, para atraer el voto en 1988 a favor deloque sería más tarde el PRD, repitiéndose esto en 1991, 1994, 1997 y 2000?, ¿cómo entender las redes de apoyo en la UNAM al movimiento zapatista en los noventa y los paros de labores en 2014 por los trágicos sucesos en Guerrero?, ¿cómo explicar la impunidad de aquellos que mantuvieron paralizada la universidad por más de 9 meses entre 1999-2000?
Lo que estamos tratando de decir es que resulta falaz creer que con la designación del rector y no su elección, se haya impedido que la UNAM se vea interrumpida en sus labores educativas por los sobresaltos sociales que tienen cause en la capital del país.
La UNAM es espejo de la sociedad mexicana, convergen en ella virtudes sociales como también los aspectos más funestos de nuestras conductas diarias. A su vez, a ella han acudido diversas fuerzas políticas y sociales, en diferentes momentos, o bien para reclutar a sus dirigentes políticos, gremiales y/o tecnócratas, o para obtener dividendos electorales.
A todo esto ha contribuido una interpretación errónea de la autonomía, al creer que esta entraña excepcionalidad y, peor aún, impunidad para propios y extraños.
Es cierto que la renuncia al sufragio universal para elegir al rector y los directores ha inhibido el potencial explosivo de grupos prestos a movilizarse contra todo y contra todos, pero esto ha traído como consecuencia la renuncia a proyectos de cambio que inevitablemente asistirían a una campaña electoral universitaria.
No debe olvidarse que el sufragio universal envuelve de legitimidad a las autoridades ganadoras, cuya victoria se convierte en un capital político para avanzar en las propuestas elegidas y vencer las resistencias de los grupos de presión.
Caso contrario, la designación de tan importantes cargos en manos de un pequeño grupo, los maniata en su origen a un permanente déficit de legitimidad y a componendas de todo tipo con aquellos que los nombraron.
Respecto al segundo argumento que ha servido de justificación para el método de designación, en el sentido de que este ha evitado la intromisión del poder político, en particular del gobierno federal en los asuntos universitarios cabría hacer las siguientes precisiones.
Si de verdad se buscara la plena autonomía, se esperaría de aquellos que ocupasen el máximo cargo universitario, entre otros requisitos, tuvieran la total dedicación a las actividades universitarias antes y después de su desempeño, alejado de los círculos políticos y partidistas.
El problema comienza cuando dicho postulado se confronta con la realidad, pues si la designación del rector por 15 personas y no por una comunidad que ya rebasa los 400 mil, garantiza la independencia de la UNAM respecto al poder político, ¿cómo explicar que a partir de los años setenta todos los rectores –salvo José Sarukhán- han ocupado cargos importantes en el gobierno federal antes y/o después de su encargo?
El médico Guillermo Soberón Acevedo al término de su rectorado (1973-1981), fue Coordinador de los Servicios de Salud de la Presidencia de la República y Secretario de Salud del gobierno federal.
Otro médico, Octavio Rivero Serrano, al finalizar su periodo (1981-1985) fue Embajador en Italia; previamente a su rectorado había sido subdirector del Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
El jurista Jorge Carpizo antes de su único rectorado (1985-1989) había sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego fue el primer Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Procurador General de la República, Secretario de Gobernación y Embajador en Francia.
Para el caso del ex rector el biólogo José Sarukhán (1989-1997), aunque no ocupó cargos políticos, utilizó su posición como rector y ex rector para influir en la incorporación de su hijo en las altas esferas del poder tanto en los gobiernos del PRI como después en los del PAN, ocupando en este el cargo de Embajador en Estados Unidos.
Mientras que el químico Francisco Barnés de Castro (1997-1999), antes de su exiguo periodo como rector, fue Subsecretario de Energía y miembro de la Comisión Reguladora de Energía. Debe recordarse que a iniciativa de Barnés, el Consejo Universitario aprobó en 1999 la reforma al Reglamento General de Pagos, que derivó en el mayor paro de labores registrado en la vida autónoma de la UNAM, mismo que lo obligó a renunciar.
El médico Juan Ramón de la Fuente, anterior a sus dos periodos de rectorado (1999-2007) se desempeñó como Secretario de Salud con el último gobierno del régimen autoritario; para 2006 se le mencionó como posible secretario de Estado con la eventual llegada al gobierno federal de la izquierda partidista.
Finalmente, el ahora ex rector (2007-2015) y también médico José Narro Robles es el que mayor carrera burocrática ha tenido: Director General de Servicios Médicos en el Departamento del DF, Secretario General del IMSS, Presidente del Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Social, Director General y Subsecretario en la Secretaría de Salud, Subsecretario en la Secretaría de Gobernación; y si no fuera suficiente, Presidente de la Fundación Cambio XXI del PRI en la década de los noventa.
Si bien los anteriores rectores habían tenido una carrera burocrática en la UNAM, el último rector los sobrepasó a todos al ocupar entre otros cargos, el de Secretario General en rectorado y medio (1985- 1991), Coordinador General de la Reforma Universitaria (2000-2003) y Director de la Facultad de Medicina (2003-2007).
Narro Robles debe ser visto como uno de los damnificados por la llegada de la alternancia a la presidencia del país, pues dada su trayectoria política, de haber continuado el PRI en el gobierno federal, aquel hubiera ocupado sin problema la Secretaría de Salud. El triunfo panista en el 2000 lo devolvió a la UNAM.
Frente a todo esto, hay quien asevera –no sin razón- que el hecho de que los rectores antes y después hayan sido funcionarios federales no es indicativo de conflicto de intereses con la función universitaria.
En efecto, es tan endeble suponer que la participación profesional de universitarios en altas responsabilidades del ámbito gubernamental federal es consecuencia de compromisos para subordinar las actividades universitarias a los intereses políticos. Como también resulta frágil creer que prescindir del sufragio universal de la comunidad universitaria ha protegido a la institución de la influencia del gobierno federal en turno y evitar utilizar a la UNAM, desde sus principales cargos, como trampolín para carreras políticas personales o a partir de estas, aspirar a la rectoría o a la dirección de alguna facultad o centro.
Para despecho de aquellos que asumen la UNAM como una universidad de izquierda, en voz de ex integrantes de la Junta de Gobierno se ha sabido que durante todas las designaciones de los rectores, el órgano colegiado “auscultaba la opinión del Poder Ejecutivo Federal”, se pedía la anuencia de los gobiernos priistas y fueron solo los gobiernos “de derecha” los que declinaron seguir ejerciendo esa facultad metaconstitucional.
A la luz de la experiencia, el método utilizado en la UNAM no ha impedido lo que se pronosticaba pernicioso para el buen desempeño universitario, a saber, agitación y oportunismo.
El método para designar o elegir al rector y directores de sus facultades y centros debe percibirse no como un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar el bien jurídico de una educación universitaria de calidad.
¿Qué método ha funcionado a nivel internacional para convertir a una universidad en una institución de prestigio?
La respuesta, nunca será concluyente, sencillamente porque habrá ejemplos exitosos de universidades públicas donde se eligen a sus autoridades por sufragio de toda su comunidad o de universidades privadas exitosas con métodos discrecionales a la hora de designar a sus directivos.
Es el sistema de controles y autocontroles (incluyendo la forma de elección o designación de sus autoridades o directivos) lo que permite realizar las correcciones oportunas para cumplir con el objetivo primordial de brindar una educación de calidad.
No obstante, las instituciones de educación superior sostenidas con dinero público no pueden omitir mecanismos que otorguen la mayor legitimidad y transparencia en su ejercicio debido a que son entes públicos que manejan recursos provenientes del conjunto de la sociedad.
No así la universidad privada, pues paralelamente al bien ofrecido (la educación), se persigue un negocio, sus accionistas o propietarios son los que deciden la forma de organización interna; ahí la democracia tiene poco que decir pues estamos ante una empresa privada. En todo caso, el referente de su éxito se lo proporciona el tipo de educación que resulta atractiva y beneficiosa a núcleos sociales dispuestos a pagarla.
Las universidades públicas, a diferencia de la utilidad monetaria, procuran la justicia social garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso, lo cual no significa en absoluto que todas las personas podrán matricularse sino que la situación económica no podrá ser obstáculo para que los mejor preparados puedan arribar a la educación superior.
La longeva fórmula para designar al rector en la UNAM ha significado, en los hechos, un empate entre las fuerzas internas del inmovilismo que disfrutan del confort y las fuerzas externas del caos, situación que no se ha traducido en un triunfo de la calidad educativa.
El tipo de excusas a que se recurre desde la alma mater –excepcionalidad y autonomía- sirven para rendir cuentas solo a los grupos de presión que participan en el nombramiento u ofrecen lealtad a cambio de espacios de poder.
Es tiempo ya que se exploren experiencias exitosas de universidades públicas donde convive la calidad de la oferta educativa con la democratización de sus principales órganos de dirección.
Los casos de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, hoy por hoy la mejor universidad iberoamericana de acuerdo a las diferentes valoraciones internacionales, puede ser un primer acercamiento, pues si bien no tiene autonomía respecto al gobierno, la designación de su rector recae en una terna de tres, propuestos y elegidos por sufragio por el Consejo Universitario; adaptado al caso mexicano, sería la designación a rector por la Junta de Gobierno, de una terna de tres elegida por el Consejo Universitario. De igual forma, puede servir de base el modelo de la Universidad de Chile, que mediante el voto de todos sus académicos-profesores con antigüedad mínima de un año se elige al rector(mismo formato para elegir a sus directores de facultades y centros).
La otra opción sería seguir el ejemplo de las pujantes universidades públicas españolas como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la catalanas Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, en todas ellas prevalece el sufragio ponderado de toda la comunidad universitaria para elegir a su rector y directores de facultades y centros, reservando para los profesores doctores de tiempo completo el 51% del porcentaje de la votación, al alumnado le corresponde entre el 25% y el 29%, repartiéndose el porcentaje restante personal académico como investigadores, profesores de medio tiempo, y personal administrativo.
Lo que ya no se puede concebir es el espectáculo dantesco de 15 personas designando el máximo cargo en la UNAM, precedido de la disputa entre cofradías medievales de ingenieros, de “científicos”, de abogados y médicos por ser los vencedores.
* Héctor Fernández Pedroza tiene estudios doctorales y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, y es profesor de la UNAM ([email protected]).