La UNAM no perdió el examen: perdió la prueba

Por Andrés Velázquez*

El 17 de julio la UNAM publicó los resultados de su examen de admisión a licenciatura. Siete días después suspendió las inscripciones, y el motivo importa. No las suspendió porque supiera que hubo trampa. Las suspendió porque no podía demostrar quién sí y quién no.

Esa distinción parece un tecnicismo. Es lo más importante del caso, y es la razón por la que hoy miles de jóvenes que no hicieron nada indebido tendrán que volver a presentar un examen para conservar un lugar que ya se habían ganado.

Los números que alguien tuvo que ir a buscar

Antes de discutir el fondo hay que ser preciso sobre de dónde salen las cifras de este caso, porque el origen es parte del problema. El 27 de julio, tres días después de suspender las inscripciones, el rector Leonardo Lomelí instaló una Comisión Técnica de 16 integrantes. La preside Eduardo Bárzana García, doctor en Biotecnología, profesor emérito, exsecretario general de la Universidad y exdirector de la Facultad de Química. La acompañan actuarios, estadísticos, especialistas en evaluación educativa, en derecho, en ética, en inteligencia artificial. También la integra el director general de Cómputo y de Tecnologías de Información de la propia UNAM, es decir, el área que corrió el proceso.

Cuatro días después, esa comisión presentó su primer informe. Y ahí aparecieron los números que hoy conoce el país.

De más de 158,000 personas que presentaron el examen, el 16.3 % superó los 100 aciertos. En los cinco años anteriores, ese porcentaje había sido de 3.5 %. Nueve aspirantes a médico cirujano obtuvieron calificación perfecta. El puntaje mínimo para entrar a Medicina, instalado durante años en 117 aciertos, subió a 120; en Ciencias de la Comunicación pasó de 98 a 109.

Deténgase aquí. No hizo falta ninguna capacidad extraordinaria para encontrar esos datos. Es aritmética descriptiva sobre una base que la Universidad ya tenía, comparada contra su propia serie histórica. Cualquier actuario de la Facultad de Ciencias podía haberla corrido en una tarde. Y podía haberla corrido antes de publicar, no después: la distribución completa de aciertos existe desde el momento en que se califica.

La pregunta no es por qué la comisión encontró la anomalía. Es por qué nadie la corrió antes de publicar resultados. Y la respuesta es incómoda. El proceso no fue diseñado para ser cuestionado. Nadie previó que alguien pediría la cuenta.

Conviene además decir algo que en la discusión pública se ha perdido. Una anomalía estadística no demuestra fraude. Un examen aplicado en casa, sin la presión del aula, con reactivos parcialmente expuestos o con una calibración distinta, puede producir puntajes más altos por vías que no son trampa individual. Lo que la anomalía demuestra es otra cosa, y es peor: que el proceso dejó de poder sostener su propio resultado. La Universidad no puede afirmar que hubo fraude masivo, y tampoco puede negarlo. Ninguna institución quiere quedarse a vivir en ese lugar.

Vigilar y probar

El examen de 2026 fue el primero que la UNAM aplicó completamente en línea para el sistema escolarizado. No fue un salto a ciegas: en noviembre de 2025 la Universidad ya había aplicado en línea el examen de ingreso para el sistema abierto y a distancia, y declaró entonces que el proceso había concluido con total éxito, sin problemas técnicos en la plataforma.

Ese antecedente importa, porque explica la confianza. La prueba piloto funcionó. Nadie la impugnó. Y el hecho de que nadie la impugnara se leyó como evidencia de que el diseño era sólido, cuando en realidad solo era evidencia de que nadie lo había puesto a prueba.

La plataforma contratada ofrecía reconocimiento facial continuo, grabación de video y audio, bloqueo del navegador durante la prueba, verificación de identidad y detección de comportamientos inusuales asistida por inteligencia artificial. No es un sistema pobre. En el papel es más de lo que tienen la mayoría de las instituciones mexicanas que hoy están digitalizando procesos que importan más que un examen.

Y aun así, cuando llegó el momento de sostener el resultado, la Universidad solo pudo cancelar alrededor del 2 % de los exámenes.

Aquí está el punto que quiero dejar claro, porque se presta a un malentendido. No estoy diciendo que la UNAM debió comprar evidencia en lugar de supervisión. Necesitaba las dos. La supervisión sirve mientras el proceso ocurre; permite intervenir en el momento. La evidencia sirve después; permite defender el resultado cuando alguien lo impugna. Un proceso serio requiere ambas y ninguna sustituye a la otra.

Lo que ocurrió es más sutil y por eso es más común: se compró supervisión y se supuso que la evidencia venía incluida. Que si el sistema estaba mirando, entonces también estaba probando. Son capacidades distintas. Hay millones de horas de video grabado en este caso, y ese material sirvió para detectar el 2 % de casos flagrantes. No sirvió, ni podía servir, para reconstruir quién de los 158,000 obtuvo su resultado limpiamente.

Le llamo certeza digital a esa segunda capacidad. No es un producto ni una tecnología. Es una pregunta que se responde antes de digitalizar, no después: si mañana alguien pone en duda este resultado, ¿con qué lo defiendo?

Añado un detalle que casi nadie ha comentado. Sabemos que se cancelaron exámenes por uso de teléfonos, por presencia de terceros que auxiliaban al aspirante y por suplantación de identidad, porque el presidente de la Comisión Técnica lo afirmó en una conferencia de prensa. No porque exista un expediente público que lo demuestre. Puede que lo haya y no se haya divulgado. Pero mientras eso no ocurra, ni siquiera la corrección puede auditarse. La institución pide que le creamos, que es justo lo que estaba en duda.

La carta que nadie había leído

Hace un tiempo participé en una sesión de consejo posterior a un incidente de ciberseguridad que había dejado varios servidores cifrados y con información robada. Uno de esos servidores contenía la nómina de confianza; ahí vivían los sueldos de la dirección. La información salió de la organización y no había forma de recuperarla.

El equipo técnico llegó con la reconstrucción de cómo habían entrado. Eso estaba resuelto. Lo que descolocó a la sala fue otra cosa. Existía una carta de aceptación de riesgo. Alguien, meses antes, había pedido por escrito que la información de ese servidor no se cifrara. El argumento fue que no era crítica. La carta estaba firmada y archivada donde correspondía; el proceso se había cumplido punto por punto.

Otro servidor, con información de finanzas, también fue alcanzado en el mismo incidente. Ese sí tenía el proceso completo. Ahí no hubo exposición de información. La conversación se puso incómoda cuando alguien le preguntó al director de recursos humanos qué había considerado al firmar esa excepción. Y él respondió que era la primera vez que escuchaba de esa carta. Se hizo un silencio de esos incómodos.

Nadie había mentido. Nadie había roto una regla. La carta era válida, el proceso existía, la firma era legítima según los criterios internos. Simplemente, la decisión de dejar sin protección la información salarial de la dirección se había tomado dos o tres niveles por debajo de quien iba a pagar sus consecuencias, y el dueño natural de esa información se enteró cuando ya estaba circulando fuera.

Después de ese incidente la organización cambió una sola cosa. Toda carta de aceptación de riesgo pasaría por dirección general. No compraron tecnología nueva. Movieron una firma de lugar.

Lo cuento porque es lo que le pasó a la UNAM en otra escala y con otro vestido. La decisión de cuánta certeza necesitaba el examen se tomó como una decisión operativa, técnica, delegable. Y resultó ser la más consecuente de todo el proceso.

La pregunta que falta

Casi todo lo que hoy se digitaliza en México se aprueba con tres preguntas: cuánto cuesta, en cuánto tiempo está listo, y si el proveedor es confiable. Son preguntas razonables y ninguna de las tres detecta este problema. Lo mismo ocurre con la firma electrónica de un contrato o con la autorización de una transferencia: el día que funcionan, nadie pregunta nada; el día que alguien dice “yo no autoricé eso” es cuando la organización descubre si construyó un proceso o solamente una interfaz cómoda encima de un supuesto de buena fe.

La pregunta que falta no es técnica. Es de responsabilidad: cuando este proceso sea impugnado, y todo proceso relevante termina siendo impugnado, ¿quién responde y con qué? Formulada así, deja de ser una consulta al área de sistemas.

Lo que el proveedor no puede firmar

Falta hablar del tercero, que es donde más se equivocan las instituciones mexicanas. Cuando la crisis estalló, la empresa que aplicó el examen envió una carta al presidente de la Comisión Técnica. En ella señaló que la integridad de una prueba de alta demanda no depende únicamente de la infraestructura tecnológica, sino también de la aleatorización de los reactivos y del control sobre la exposición de las preguntas.

Léala dos veces. El proveedor está diciendo, por escrito y en medio del incendio, que la parte que él no controlaba era determinante. Puede que tenga razón, y ahí está el problema.

Cuando una institución contrata a un tercero para operar un proceso crítico, la conversación se organiza casi siempre alrededor de lo que el proveedor promete. Y lo que el proveedor promete es su pedazo. El pedazo que queda del otro lado de la frontera contractual no aparece en ninguna propuesta, en ningún nivel de servicio y en ninguna presentación de venta. Aparece después, en una carta, cuando ya hay que repartir responsabilidades.

La frontera entre lo que el tercero hace y lo que la institución retiene es el punto exacto donde se rompen los procesos digitales. No dentro del proveedor. No dentro de la institución. En la costura entre ambos, que casi nunca tiene dueño.

Y hay una asimetría que ninguna cláusula corrige: el proveedor enfrenta, en el peor escenario, una sanción o la pérdida del contrato. La institución enfrenta la pérdida de su palabra. Se puede contratar la ejecución de un proceso; no se puede contratar la responsabilidad sobre su resultado.

Note además que el adversario no atacó al proveedor. Antes de que se aplicara el examen ya circulaban en redes tutoriales para burlar la plataforma, y videos que ofrecían vender respuestas por entre 600 y 1,500 pesos. No hubo intrusión sofisticada ni actor extranjero. Hubo miles de personas con un incentivo enorme, tiempo de sobra, herramientas nuevas al alcance de cualquiera y un canal público donde coordinarse.

La inteligencia artificial no rompió el examen. Hizo que copiar dejara de requerir cómplice. Antes, para que alguien resolviera la prueba por usted hacía falta una persona dispuesta, coordinada y presente; hoy basta una segunda pantalla. El fraude dejó de necesitar red y por eso dejó de tener escala. Ningún control diseñado para un puñado de tramposos organizados aguanta a miles de tramposos solitarios.

Quién paga la duda

Un aspirante a Medicina contó a la prensa que obtuvo 115 aciertos y no alcanzó lugar. Con el corte histórico habría entrado. Con el corte inflado de este año, no. Y quienes sí quedaron seleccionados tendrán ahora que presentarse de nuevo, en persona, a defender un lugar que ya habían ganado, porque no existe manera de separarlos de quienes no lo ganaron.

Eso es lo que cuesta la falta de certeza, y conviene nombrarlo con precisión: cuando una institución no puede probar, el costo de la duda se reparte entre los inocentes. Quienes hicieron trampa ya obtuvieron lo que buscaban o ya lo perdieron. Quienes no la hicieron cargan con la sospecha, con el tiempo perdido y con el riesgo de que un mal día les cueste el año.

Ese reparto no es un accidente. Es la consecuencia matemática de un diseño que no previó ser cuestionado.

Vale la pena mirar también el ritmo de la respuesta, porque dice tanto como el diseño. La Universidad acudió a la fiscalía el 3 de julio de 2026, dos semanas antes de publicar resultados. Publicó los resultados el 17. Suspendió inscripciones el 24. Instaló la comisión el 27. Entregó el primer informe el 31. Cinco movimientos en cuatro semanas, cada uno reaccionando al anterior, ninguno anticipando al siguiente. En algún punto tuvo que desmentir un comunicado falso que circulaba a su nombre.

Nada de eso fue negligencia. Fue una institución respondiendo con seriedad a algo para lo que no se había preparado. Que es la definición operativa de una crisis: el momento en que descubre que los tiempos los pone alguien más.

Y ahí aparece el segundo costo, el que casi nunca se presupuesta. Una organización sin certeza no solo pierde la capacidad de probar; pierde la capacidad de decidir a su propio ritmo. Cada movimiento de la Universidad en estas cuatro semanas fue una respuesta a la presión del día anterior. La comisión se integró en tres días con 16  especialistas y entregó su primer informe en cuatro. Es un trabajo notable, hecho contra el reloj, sobre un proceso que había tenido siete meses para diseñarse desde que se publicó la convocatoria en enero.

El intercambio es siempre el mismo: lo que no se piensa con calma antes, se decide con prisa después, frente a padres de familia, protestas en la explanada de Rectoría y preguntas en la conferencia matutina del Palacio Nacional.

Lo que se mueve

México está digitalizando cosas mucho más consecuentes que un examen de admisión. Expedientes clínicos. Identidad. Trámites que definen patrimonio. Registros que determinan quién recibe un apoyo y quién no. Procesos electorales. En cada uno se está tomando, ahora mismo, la misma decisión que tomó la UNAM: cuánta certeza necesita este proceso. Y en la mayoría de los casos se está tomando de la misma manera, como un asunto de implementación, delegado hacia abajo, resuelto con la confianza de que el proveedor sabe lo que hace.

La organización de la que hablé antes no resolvió su problema comprando algo. Lo resolvió cambiando quién firma.

Suena modesto y por eso funciona. Mover una firma de lugar es reconocer que ciertas decisiones parecen técnicas y no lo son; que quien las toma tiene que ser quien vive con sus consecuencias; y que si eso no coincide, la organización va a descubrir el desfase en el peor momento posible, cuando ya no hay nada que decidir y solo queda absorber el daño.

No hace falta un programa para hacer eso. Hace falta que la aprobación de cualquier proceso digital que produzca un resultado disputable llegue a la mesa acompañada de una sola respuesta escrita: con qué se defenderá ese resultado el día que alguien lo impugne. Si la respuesta cabe en un párrafo, hay certeza. Si remite a un anexo técnico que nadie en la sala va a leer, no la hay.

La UNAM está corrigiendo. Instaló una comisión, canceló exámenes, convocó a una prueba presencial. Todo eso es correcto y todo eso es tardío, porque la corrección que importaba no era esta. Era la que debió ocurrir en la sala donde se aprobó el diseño, cuando alguien tenía que haber preguntado qué pasa si esto se impugna.

Nadie preguntó. O preguntó alguien sin autoridad para detener el proceso, que es lo mismo.

La próxima institución mexicana que digitalice algo importante va a tener esa misma sala, esa misma junta y esa misma pregunta pendiente. Y va a haber alguien ahí, dos niveles por debajo de quien pagará las consecuencias, a punto de firmar que el riesgo es aceptable. La pregunta no es si su organización tiene los controles adecuados. Es si sabe quién firmó que no los necesitaba.♦

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Andrés Velázquez es experto en ciberseguridad y certeza digital.