Una reforma integral de verdad y justicia, lo que tendríamos que discutir

Hace unos meses nos enteramos de un proyecto de iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) y 67 leyes más, entre ellas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares (LGD).

Una pensaría que con una ley joven, como la LOFGR, lo que corresponde –y está dispuesto en la ley– es hacer un diagnóstico de su implementación y del funcionamiento de la propia Fiscalía. Pero no. Nos encontramos con un proyecto que proponía regresar a la FGR a ser una institución aún más vertical, vulnerando la autonomía de los agentes ministeriales; sin coordinación –sino subordinación de las otras autoridades–; con atomización de la información, sin transparencia ni supervisión ciudadana. En pocas palabras, una iniciativa que pretendía encapsular aún más a una institución cerrada, obscura y, además, y lo que más nos debería importar como sociedad, ineficiente.

La reforma penal de 2008 puso en una vitrina el trabajo del poder judicial, pero mantuvo oculto el trabajo de las procuradurías. Eso permitió que la inercia con la que se administra la impunidad no sufriera algún cambio significativo y, al día de hoy, de cada 10 delitos denunciados, menos de uno es llevado ante un juez por el ministerio público. Esto nos sitúa como uno de los países con mayor índice de impunidad en las Américas, y debería ser el tema central de discusión en la sociedad: qué sistema de justicia necesitamos y al que tenemos derecho.

Si a esto le agregamos que la reforma propone, además, salirse de sistemas y mecanismos de derechos humanos –como el Sistema Nacional de Búsqueda o el Mecanismo de Defensores y Periodistas– alegando su autonomía constitucional, la cosa empeora.

La autonomía no significa excluirse del Estado y ser un ente aislado sin interrelación con nadie. Ser autónoma implica, desde el punto de vista ministerial, la independencia de la persona que investiga para no recibir presiones externas ni internas –no recibir línea– cumpliendo con los más altos estándares. Fiscales autónomas/os han llevado a juicio a expresidentes por graves violaciones a derechos humanos, a altos mandos de las fuerzas armadas y a líderes de la delincuencia organizada, han construido megacausas con múltiples víctimas e imputados, han analizado redes de macrocriminalidad, y han vinculado a jueces como responsables de desapariciones forzadas. Guatemala, Colombia, Italia y Argentina son claros ejemplos de esto. De esa autonomía deberíamos estar hablando.

La iniciativa propone salirse del Sistema Nacional de Búsqueda alegando la autonomía. Esta afirmación no solo implica una incomprensión de la misma, sino que, además, es falso. La iniciativa propone seguir siendo parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, la FGR pretende quedarse en un sistema al que le ve beneficios y salirse de otros que considera intrusivos. No tiene que ver con la autonomía. Tendríamos que preguntarnos por qué tanta reticencia al SNB.

Hace más de un año se inició la construcción del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), en el cual, por meses, familias de personas desaparecidas, sus representantes, organizaciones nacionales e internacionales, y autoridades, construimos el documento rector de las obligaciones que cada una de las instituciones tenemos en la búsqueda de personas: fiscalías, comisiones de búsqueda, policías, jueces, consulados, etc. Dentro de las discusiones de construcción del PHB, la FGR se manifestó en contra del reconocimiento del derecho de toda persona a ser buscada y solicitó ser excluida del PHB.  Tanto la FGR como la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se abstuvieron de votar el documento.

En su intervención en el Foro organizado por el Senado para discutir la iniciativa de LOFGR, el representante de la FGR destacó que la única función del Sistema Nacional de Búsqueda “es establecer vasos comunicantes entre los diferentes integrantes”. Si eso fuera así, ¿por qué la insistencia de salirse de él? Simple. Porque el Sistema es mucho más que eso: ha sido capaz de iniciar un proceso de construcción de coordinación de las diferentes instituciones con las familias; ha cumplido con el mandato de crear un Protocolo Homologado de Búsqueda con estándares internacionales; ha aprobado la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; ha impulsado la aceptación de competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU; es decir, aún con todo lo que hace falta para seguir construyendo, ha demostrado tener una voz y fuerza colectiva.

Seamos claras: no es un tema relacionado con la autonomía; es un desacuerdo en lo que implica el derecho de toda persona a ser buscada, en la obligación que la FGR tiene en la búsqueda y en la obligación de coordinación haciendo cada quien lo que le corresponde. No es una imposición, es una obligación dentro de un Estado del que la Fiscalía, ni ninguna institución, se puede abstraer. Y no significa someterse a las órdenes de nadie; es cumplir con su obligación constitucional y convencional.

Las Fiscalías también buscan además de investigar, y por eso son parte del PHB donde se contemplan sus obligaciones en la búsqueda que ellas –y ninguna otra institución– pueden hacer, como por ejemplo, solicitar geolocalizaciones, órdenes de cateo, realizar exhumaciones e identificar cuerpos; deben también compartir información que tienen en sus expedientes o carpetas que sean relevantes para la búsqueda. No es, entonces, que otras instituciones no asumamos obligaciones de búsqueda o que “el único trabajo de las comisiones de búsqueda sea dar órdenes o establecer mandatos al ministerio público”; es que las instituciones tenemos diversas atribuciones en la búsqueda y que debemos compartir no solo responsabilidades sino también información –cosa que, al parecer, preocupa mucho a las fiscalías so pretexto del sigilo cuando probablemente se trate más bien de temer que se sepa lo que hay (o no) en los expedientes. Mientras las atribuciones legales no se modifiquen –y que, en efecto, es deseable cambiar– cada institución debe asumir las obligaciones de búsqueda que le corresponden.

A todo esto hay que agregar que el Senado no ha garantizado el derecho de los familiares de las personas desaparecidas a una participación activa en relación con temas de desaparición; un derecho que va mucho más allá de encuestas electrónicas y foros generales donde no están incluidas todas las familias, y que es más complejo, incluso, que un parlamento abierto para toda la sociedad: implica un deber reforzado de participación reconocido en estándares nacionales e internacionales.

Lo cierto es que estamos enfrascadas en la discusión sobre la inclusión o no de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda y en la falta de participación de las familias. Si bien es un tema primordial, no debemos perder de vista la discusión más amplia: cómo garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, y responder a la deuda histórica del Estado mexicano con las miles de víctimas de violaciones a derechos humanos en general, y a las víctimas de desaparición en particular.

Tenemos, al 1º de marzo de 2021, 83,856 personas reportadas como desaparecidas oficialmente –sin saber aún la cifra negra–, solo 35 sentencias por desaparición forzada, decenas de miles de cuerpos sin identificar, no contamos con una base genética unificada, no hay claridad sobre los resultados genéticos de los familiares en la mayoría de los casos, ni se conoce de una política nacional al respecto. Es decir, tenemos una crisis en desaparición, una crisis forense y una crisis de justicia, que nos tendría que llamar a una discusión mucho más profunda.

¿Qué deberíamos estar discutiendo, entonces?

1. Deberíamos estar discutiendo y exigiendo una reforma integral (constitucional y legal) para tener un sistema de justicia que responda a la crisis de derechos humanos y que, además, aborde el complejo sistema de competencias de las instituciones.
2. Deberíamos discutir, dentro de esa misma reforma integral, cómo responder a la crisis de desaparición y a la crisis forense.
3. Cómo garantizar el derecho de toda persona a ser buscada.
4. Cómo hacer que funcione efectivamente el Sistema Nacional de Búsqueda, el Protocolo Homologado de Búsqueda, el Mecanismo de Apoyo del Exterior y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
5. Deberíamos estar discutiendo cómo fortalecer a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda, tanto desde el punto de vista jurídico como presupuestario. Cómo “darle dientes” a las comisiones para poder realizar algunas actuaciones de búsqueda ahora exclusivas de fiscalías, como sucede en Colombia.
6. Deberíamos tener una discusión seria para crear un sistema o mecanismo forense separado de las fiscalías y tribunales de justicia para que los institutos y servicios médicos forenses no dependan de ellos (ni de otra institución), tal como sucede en Chile, Portugal o Colombia.
7. Deberíamos discutir cómo mejorar el mecanismo de beneficios por colaboración eficaz, es decir, cómo, a cambio de información comprobable y comprobada sobre la suerte o paradero de una persona desaparecida, se puedan ofrecer beneficios (que no amnistía) a las personas detenidas, y qué instituciones pudieran ofrecer dichos beneficios.

Hay reformas necesarias en verdad y justicia. La propuesta por el Senado no es una de esas. Se ha abierto, sin embargo, una ventana de oportunidad para discutir lo que de manera urgente requiere nuestro país: una reforma integral de verdad y justicia que implique responder a la deuda histórica con las víctimas. O aprovechamos esta oportunidad, o seguiremos respondiendo con analgésicos a una grave enfermedad, mientras la impunidad nos devora sin que los culpables de los crímenes sean juzgados ni los responsables de que el sistema se perpetúe sean cuestionados, mientras las desapariciones continúan y los cuerpos siguen llegando a instituciones esperando que, algún día, alguien les nombre. Aprovechemos la oportunidad y discutamos, de una vez por todas, lo que en realidad deberíamos estar discutiendo.

* Karla I. Quintana Osuna (@kiquinta) es Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. La autora agradece a Alejandro Jiménez Padilla la lectura y comentarios a este artículo.