Una oportunidad única para la protección del medio marino

Los fondos oceánicos que están fuera de una jurisdicción nacional —conocidos como la Zona— son gestionados por regímenes de gobernanza internacional y patrimonio común; es decir, ningún Estado puede reclamar soberanía sobre ellos.

La Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) fue creada bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para garantizar la protección del medio marino. Hasta el 16 de diciembre, sus órganos de toma de decisión se reunirán en Jamaica, lo cual representa una oportunidad única para trazar una ruta de reglamentación para la explotación de los fondos marinos y sus recursos.

A mediados de 2021, el Estado de Nauru (Oceanía) expresó a la ISA su intención de presentar para su aprobación un plan de trabajo para explotar los fondos marinos en la Zona de Clarion-Clipperton, un área rica en yacimientos minerales ubicada entre México y Hawaii. Con base al derecho internacional, la ISA podría establecer directrices para este tipo de explotación hacia 2023.

La justificación para minar la Zona es que se requiere minerales para alimentar las baterías de tecnologías de energía limpia.

Sin embargo, dado que cerca del 80% del carbono marino se almacena en el océano profundo, por debajo de los 1.000 metros, la maquinaria empleada para dragar los miles de kilómetros de fondo oceánico podría dañar irreversiblemente el hábitat de la biodiversidad marina y de pesquerías valiosas como el atún y otras especies.

Además, la contaminación acústica y visual ocasionada por las actividades mineras podría causar impactos adversos a especies protegidas como las ballenas. Las comunidades costeras dependen en gran medida de los recursos pesqueros para su subsistencia y su cultura está estrechamente ligada al océano.

Más allá de las repercusiones ambientales, no existe todavía una propuesta clara sobre el beneficio compartido de la minería en la Zona. Preocupa que los países con capacidad técnica y financiera inviertan junto con sus empresas para realizar actividades mineras submarinas, relegando nuevamente a los Estados latinoamericanos y africanos, y aumentando la brecha de disparidad económica y de bienestar social.

El posicionamiento de la ISA de considerar como opción única la adopción de directrices y reglamentos para la explotación de los fondos marinos en 2023, sin tener certeza absoluta de los posibles efectos de esta actividad en el lecho marino, es muy cuestionable. Chile ha resaltado la necesidad de aplicar el Principio Precautorio y de abrir al escrutinio público las discusiones al interior de la ISA. Países como Jamaica y México también se han pronunciado por una economía oceánica sostenible.

Con todo el conocimiento acumulado que poseemos, es importante aprovechar la oportunidad de establecer las “reglas del juego” de una actividad extractiva naciente como la minería submarina. Pocas veces en la historia tenemos espacios de incidencia política y diálogo para afrontar problemas comunes. Por ello un grupo de organizaciones de la sociedad civil crearon el Grupo de Trabajo de Latinoamérica de la Deep Sea Conservation Coalition para presentar una visión de la gobernanza de los fondos marinos desde la región.

La ISA debe honrar su mandato de protección del medio marino. Está en la posición única de establecer procesos y procedimientos ambiciosos para la gestión de la actividad minera submarina. La aplicación del Principio Precautorio es fundamental para la protección de la biodiversidad marina, como ha sido reconocido por la comunidad internacional dentro de la resolución 069 del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.

La verdadera tarea de la comunidad internacional no es discutir cómo se debe abrir la Zona a la minería oceánica, sino más bien decidir si se debe hacer.

* Sandra Moguel es abogada e integrante del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (@Aidaespanol).