Una mujer presidenta. Primero el INE, luego el TEPJF

A partir de la reforma constitucional conocida como #ParidadenTodo, la paridad ha sido una realidad constitucional desde 2019, pues fue entonces que se incorporó la obligación no solo de postular de manera paritaria los cargos de elección popular, sino de integrar todos los órganos del Estado mexicano bajo este principio. De esta forma la paridad como principio rector de la conformación de la administración pública y demás órganos estatales impactó en la conformación del gabinete presidencial, de los Congresos locales y el de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos, e incluso de las propias dirigencias partidistas.

La paridad ha alcanzado gran relevancia gracias a notables avances en la arena electoral, donde tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como los Organismos Públicos Locales (OPLE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a partir de numerosas decisiones y sentencias, han obligado a atender este principio sin pretexto alguno. Los partidos, sin embargo, han intentado por varios medios desatender la paridad y han impugnado las decisiones de las autoridades electorales desde el inicio.

La última batalla fue la paridad en gubernaturas, la cual se dio en las elecciones de 2021 y después en las de 2022, cuando se obligó a los partidos políticos a postular igual número de candidaturas a las gubernaturas de mujeres y hombres. Con algunas diferencias respecto a lo ordenado en dichas elecciones por las autoridades electorales, la paridad en gubernaturas se incorporó en el plan B de la reforma electoral y la convirtió en mandato legal.

Para el proceso de designación de tres consejerías y la presidencia del INE, que actualmente se lleva a cabo por la Cámara de Diputados, se dio un paso importante en la paridad a partir de lo resuelto por el TEPJF en los juicios ciudadanos SUP-JDC-1479/2022 y SUP-JDC-99/2023 y acumulados, en los que se ordenó que una de las quintetas para designar consejerías fuera exclusiva de mujeres y que la quinteta para designar la presidencia también, con lo que se garantizaría que el Consejo General del INE sea presidido por una mujer y que incorpore una consejera más, dejando una integración de 6 mujeres y 5 hombres.

Aunque la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados ha mostrado su inconformidad con los fallos de la justicia electoral, al considerar que la intervención en el proceso de designación ha sido excesiva, la experiencia nos indica que el mejor camino para garantizar la paridad es a golpe de sentencias.

La consejera presidenta del INE se uniría a otras mujeres que presiden órganos autónomos, como recientemente lo hizo la Ministra Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda, que el INE tenga una mujer presidenta y que haya una mayoría de consejeras será una de las materializaciones más importantes de la paridad de género que ha sido impulsada tan determinantemente desde lo electoral.

La deuda en términos de paridad en órganos electorales vendrá ahora de la Sala Superior del TEPJF, pues de sus 7 integrantes solo 2 son mujeres, y en su historia solo 4 mujeres han integrado el pleno; es importante mencionar que en esta Sala los últimos tres presidentes han sido hombres y la presidenta anterior a ellos tuvo que renunciar a su cargo por presiones internas y externas. Sin embargo, si se sigue la misma lógica en la justicia electoral para la renovación de magistraturas que tendrá lugar en noviembre de este año, pues concluyen su cargo dos magistrados, las designaciones deberán recaer en mujeres e incluso llegado el momento también la presidencia del órgano deberá ser ocupada por una de ellas.

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